La Corte Suprema de Justicia confirmó este martes la extradición a Italia de Leonardo Bertulazzi, ciudadano italiano de 73 años y ex integrante de las disueltas Brigadas Rojas, organización armada de extrema izquierda responsable de numerosos actos de violencia en Italia durante los años ’70 y ’80.
La decisión avala el fallo emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, y deja en manos del Poder Ejecutivo —en cabeza del presidente Javier Milei— la última palabra sobre la entrega del detenido.
Italia reclama a Bertulazzi para que cumpla una condena unificada de 27 años de prisión por delitos cometidos durante los llamados “Años de Plomo”, un período de profunda inestabilidad política en ese país, marcado por atentados, secuestros y asesinatos de tinte ideológico. El caso más emblemático de ese tiempo fue el secuestro y asesinato del ex primer ministro Aldo Moro en 1978, a manos del mismo grupo, aunque Bertulazzi no participó directamente en ese crimen por encontrarse ya detenido.
Los requisitos formales
El fallo de la Corte -que lleva la firma de sus tres jueces- considera que el pedido de extradición cumple con los requisitos formales exigidos por la legislación argentina e internacional. La condena que debe cumplir el ex militante deriva de dos fallos dictados en ausencia: uno del Tribunal de Apelación de Milán, que lo sentenció en 1985 a 19 años de reclusión por delitos cometidos hasta 1980, y otro de la Corte de Apelación de Génova, que le impuso 15 años por hechos ocurridos hasta 1977.
Bertulazzi fue detenido por primera vez en la Argentina en 2002, a pedido de la justicia italiana. Ese mismo año solicitó ser reconocido como refugiado, condición que le fue concedida en 2004 por el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE). En 2005, sin embargo, la Corte Suprema ya había revocado un fallo anterior que denegaba la extradición por considerar que se había omitido el juicio correspondiente.
Durante los años siguientes, Italia insistió en múltiples ocasiones con el pedido de extradición. Finalmente, en 2024, tras una nueva solicitud formal, se confirmó que Bertulazzi había perdido su estatus de refugiado, lo que destrabó el trámite. En consecuencia, la jueza Servini concedió la extradición, y ahora, con la decisión del máximo tribunal, el proceso quedó firme.
De concretarse la aprobación del Ejecutivo, Bertulazzi deberá regresar a Italia para cumplir su condena pendiente, más de cuatro décadas después de haber sido declarado prófugo de la justicia de ese país.
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