Un informe elaborado por la Asociación FORES y la Universidad Torcuato Di Tella reveló que la confianza de la sociedad argentina en el Poder Judicial experimentó un incremento durante el primer semestre de 2025. El estudio, que midió la evolución de la opinión pública respecto de la administración de Justicia en el país, señaló una mejora en la predisposición ciudadana a recurrir a los tribunales ante situaciones de conflicto.
El Índice de Confianza en la Justicia (ICJ) mostró un aumento de 0.1 puntos con respecto al segundo semestre de 2024 y de 0.9 puntos en comparación con el primer semestre del mismo año. Según el informe, este progreso se explicó por un resultado más favorable del subíndice conductual, que registró un incremento de dos puntos y cerró el semestre en 71.9.
Este último rubro midió el comportamiento que los encuestados manifestaron que tendrían frente a diversos conflictos jurídicos, como los de materia patrimonial, familiar, laboral o ante la posibilidad de ser víctima de un delito.
En contraste, el subíndice perceptual, el cual evaluó la opinión de los encuestados sobre atributos esperados de la Justicia, como imparcialidad, eficiencia, honestidad y su rol de contralor de los poderes político y económico, se mantuvo en valores similares a los registrados en 2024, tras promediar las tres mediciones de ese año. Fue de 28.3, de acuerdo al último estudio.
El resultado final del ICJ, como medida de confianza, fue de 50.1, cifra que se obtuvo al promediar estos dos subíndices. La escala, al igual que la de sus componentes, varía entre 0 y 100 puntos.
Cómo ve cada sector a la Justicia
La conclusión principal de esta medición subrayó que, a pesar de algunas percepciones volátiles, mayormente los ciudadanos demostraron respeto por la institucionalidad y predisposición para recurrir a la Justicia, reconociendo que esta constituía el espacio de resolución de conflictos en un Estado democrático y republicano.
En noviembre de 2024, el 43% de las personas consultadas respondió que no iría a la Justicia debido a su mal funcionamiento. No obstante, en mayo de 2025 se observó una mejora, ya que dicho porcentaje disminuyó al 40%.
Asimismo, en noviembre de 2024, un 43% de los encuestados manifestó que prefería resolver los problemas judiciables por otros medios o por cuenta propia. En mayo de 2025, este porcentaje también se redujo, al bajar hasta el 39%.
El informe precisó que quienes no recurrirían a la justicia ante casos justiciables argumentaron el mal funcionamiento o la lentitud del sistema, o bien su preferencia por resolver el problema de otra forma.
Respecto a la predisposición a recurrir a la Justicia en diversas situaciones, se observaron las siguientes tendencias:
- Edad: La gente joven y de mediana edad mostró una mayor inclinación a recurrir a la Justicia.
- Nivel educativo: Quienes contaban con estudios secundarios y terciarios informaron una mayor intención de recurrir a la Justicia en comparación con aquellos que tenían estudios primarios.
- Ubicación geográfica: Se observó una mayor predisposición a recurrir a la Justicia en el público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), una disminución en el conurbano bonaerense y una reducción aún mayor en el interior del país.
- Género: Las mujeres, en general, se mostraron más propensas a recurrir a la Justicia que los varones, con la excepción del tema penal, donde los resultados se invirtieron.
Percepciones y demandas
La percepción sobre la eficiencia en la Justicia evidenció una mejora leve pero sostenida a lo largo del tiempo.
Al sumar las variables “muy confiable” y “bastante confiable”, los resultados fueron los siguientes: 9 puntos en octubre de 2023, 10 puntos en mayo de 2024, 14 puntos en noviembre de 2024 y 14 puntos en mayo de 2025. Ese último mes, además, se duplicó la variable “muy confiable”.
Un aspecto contrastante que el informe resaltó fue que quienes efectivamente participaron en un procedimiento judicial mostraron una mayor predisposición a recurrir a la justicia ante conflictos puntuales. Sin embargo, estas personas también evidenciaron percepciones más negativas de la justicia en materia de equidad, capacidad, eficiencia, honradez y control de los poderes político y económico.
Los encuestados, además, identificaron cambios urgentes para mejorar la confianza en la justicia. Los ciudadanos consideraron que las modificaciones más necesarias son:
- Reducir las demoras en los juicios.
- Disminuir la interferencia de los poderes políticos y económicos.
- Mejorar la formación y capacitación de los jueces.
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