Qué recursos tiene Cristina Kirchner en el plano internacional y cómo afectarían a su condena

Los abogados de Cristina Kirchner trabajan con un objetivo claro: lograr la revisión de la causa Vialidad antes de 2027, a partir de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de organismos internacionales.

Gregorio Dalbón, uno de los letrados que la representa, radicó una primera denuncia horas antes de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena a prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. Lo hizo ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional, en La Haya, Países Bajos, donde acusó una “persecución política, mediática y judicial” del Estado argentino contra la ex mandataria.

Lo que sigue es la CIDH. Los abogados de la ex vicepresidenta tienen seis meses para elevar una petición a la Comisión, que primero evaluará si toma o no su caso. Eso ocurrirá en la sede de Washington, Estados Unidos, tal como anticipó Infobae.

Si interviene, la CIDH no estudiará los hechos de la causa Vialidad en sí, sino las presuntas lesiones a los derechos humanos de CFK. La petición tendrá como ejes: lawfare (persecución política a través del Poder Judicial), incumplimiento del principio de juez natural, parcialidad en los tribunales, inversión de la carga probatoria, vínculos espurios entre la Justicia y los medios de comunicación, y vulneraciones en el debido proceso.

Si la Comisión Interamericana encuentra que hubo violaciones a las garantías establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos -que para la Argentina tiene jerarquía constitucional- enviará recomendaciones y buscará una “solución amistosa”. Si eso no prospera, entonces el caso pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde un tribunal podría condenar al Estado argentino.

Ninguno de estos dos organismos puede dar vuelta la causa Vialidad por cuenta propia, aunque es la opción más contundente para lograr una revisión a cargo de un tribunal nacional.

Bajo la convicción de que el objetivo de la condena a CFK es su proscripción, Gregorio Dalbón aseguró a este medio que “la CIDH difícilmente pueda llegar a expedirse antes de esta elección, pero posiblemente para el 2027 sí”.

En contraste con esa mirada se pronunció el abogado constitucionalista Diego Armesto: “No hay que generar falsas expectativas en los seguidores de Cristina Fernández. No podemos jugar con la gente y hacerle creer que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana en dos minutos, en un chasquido, van a resolver todos los planteos”, indicó ante la consulta de Infobae.

Como ejemplo, Armesto citó al caso Petro Urrego vs. Colombia, en el que el actual presidente de ese país llevó hasta la CIDH su destitución como alcalde de Bogotá y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Entre el castigo y la resolución de la causa pasaron cuatro años y medio.

Los argumentos

La defensa de CFK se respaldará en el artículo 366 del Código Procesal Penal Federal (CPPF) y en el artículo 75 de la Constitución Nacional.

En el primero, el inciso “f” contempla la revisión de una condena firme cuando “se dicte en el caso concreto una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o una decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual”.

Y el citado artículo de la carta magna, en su inciso 22, define que “los tratados -con otros países u organismo internacionales- tienen jerarquía superior a las leyes” y “jerarquía constitucional”.

Ahora bien, ¿qué alcance tendría un fallo favorable para CFK en un tribunal internacional?

Juan Pablo Vigliero, abogado penalista y profesor de Garantías Constitucionales en la UBA, explicó: “Lo que la Corte Interamericana diga es vinculante para la Argentina. Si se ordena la revisión de un fallo hay que hacerlo, lo que no impide que mantengan el criterio. No puede revocarlo porque no es una cuarta instancia, pero sí llamar a revisarlo”.

“Nosotros al ser parte del sistema interamericano y al firmar tratados tenemos la obligación de cumplirlos, porque si no somos sancionados”, completó Diego Armesto. Y agregó: “Igual de válida es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que recomienda la inhabilitación perpetua en casos como el de Cristina”.

La medida cautelar, un recurso de emergencia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanas puede intervenir con una medida cautelar ante una situación “grave y urgente” para evitar que una persona sufra “un daño irreparable”. Así lo prevé el artículo 25 de su reglamento.

De la misma forma que ocurre con las condenas, la cautelar es una recomendación que el Estado está comprometido a adoptar, aunque en este caso “no constituye un prejuzgamiento sobre la violación de los derechos protegidos en la Convención Americana”.

Este instrumento está entre las posibilidades que tiene Cristina Kirchner para intentar dar vuelta la inhabilitación perpetua que le impide presentarse en las elecciones. La incógnita es qué tan factible es acceder a este mecanismo en una situación como la que atraviesa la ex presidenta.

“En Argentina, te guste o no, tenés funcionando a los tres poderes del Estado. No es tan fácil pasar por encima de lo que dijo el juez de primera instancia, una Cámara, una Casación, un Tribunal Oral. Está muy revisado el tema como para decir ‘se equivocaron todos’. En los informes de la Corte Interamericana, por ejemplo, sobre Venezuela o Perú, hay un montón de irregularidades. Ahí entendés por qué están las cautelares. Acá no sería tan sencillo. No lo veo razonable”, opinó Vigliero.