“Ruta del dinero K”: el fiscal pidió que Lázaro Báez regrese a la cárcel

El fiscal federal Abel Córdoba pidió hoy que el empresario Lázaro Báez regrese a prisión para terminar de cumplir la condena que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la semana pasada de 10 años de prisión por lavado de dinero en la causa por la “Ruta del dinero K”.

“Habiendo quedado firme la condena dictada contra Lázaro Antonio Báez; Jorge Oscar Chueco y Daniel Rodolfo Pérez Gadín, culminado el trámite del cómputo practicado en relación a los nombrados, solicito se ordenen sus capturas y consecuente alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Federal”, planteó Córdoba en su dictamen al que accedió Infobae y que presentó ante el Tribunal Oral Federal 4.

Lo mismo para el abogado Chueco y el contador Pérez Gadín, también condenados en la causa de lavado. Los tres ya estuvieron presos en la causa pero según el cómputo de la pena que se hizo tras el fallo de la Corte Suprema le resta pena por cumplir.

En el caso de Báez, el empresario estuvo preso en la cárcel federal de Ezeiza del 5 de abril de 2016 hasta el día 12 de diciembre de 2019 cuando fue excarcelado porque se cumplieron los tres años de prisión preventiva sin condena. Así, el computo que hizo el juez del Tribunal Oral Federal 4 Néstor Costabel es que Báez estuvo preso tres años, seis meses y ocho días y que por la condena de 10 años de prisión le resta cumplir seis años, seis meses y 22 días.

Pero la defensa de Báez, a cargo del abogado Juan Villanueva, objetó que al empresario se le tomen tres años y medio de detención. Villanueva sostuvo en una presentación ante el Tribunal Oral que cuando Báez fue liberado en la causa de la “Ruta del dinero K” quedó detenido bajo prisión domiciliaria en otra causa de lavado -por la compra del campo “El Entrevero” en Uruguay por la que fue condenado a cuatro años y medio de prisión que no está firme- que forma parte del mismo expediente. Báez recibió la domiciliaria por razones de salud y está en esa condición hasta hoy, en la casa de la localidad de El Calafate. Así, Báez lleva nueve años y dos meses de prisión.

“Requerimos se practique un nuevo cómputo que reconozca la situación procesal completa de Lázaro Antonio Báez, considerando el tiempo de detención que viene padeciendo desde el 5 de abril de 2016 hasta el día de hoy, como bien conoce este Tribunal”, sostuvo la defensa que planteó que el pedido de detención de la Fiscalía es cuando el cómputo de la pena quede firme, lo que fue objetado y adelantó que en caso de no aceptar su planteo lo apelará.

Por su parte, la situación de Chueco y Pérez Gadín es similar a la de Báez: ya estuvieron detenidos en prisión y en domiciliaria. Pero les resta cumplir parte de la pena que quedó firme con el fallo de la Corte Suprema.

Quien no volverá a ser detenido es Martín Báez, uno de los hijos de Báez, que fue condenado en el juicio oral y que estuvo preso. “Habiendo quedado firme la condena dictada contra Martín Antonio Báez, y siendo que oportunamente se le concedió la excarcelación en los términos del art. 317 inc. 5, solicito se convierta la misma en libertad condicional (art. 13 y ccdtes del CP)”, planteó el fiscal.

Con todos los planteos ahora deberá resolver el juez Costabel. Previo a eso puede pedirle opinión a las defensas de los acusados.

La causa tuve detenciones ayer cuando se presentaron en los tribunales de Comodoro Py seis condenados que nunca estuvieron presos y que tienen penas mayores a tres años de prisión que son de cumplimiento efectivo.

Se trata de Fabián Rossi, ex apoderado de la financiera S.G.I y que tomó notoriedad en la causa porque entonces era el marido de Iliana Calabró; César Fernández, ex empleado de la financiera S.G.I,Juan Alberto De Rasis, ex empleado del banco suizo a través del que se hicieron las operaciones de lavado, el empresario Carlos Molinari y Eduardo Castro.

Todos ellos quedaron detenidos en la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal hasta tanto la justicia resuelva sus pedidos de prisión domiciliaria que solicitaron por cuestiones de salud o de edad. Ese trámite puede demorar entre una y dos semanas.

El sexto detenido fue Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones, pero su defensa informó que desde el viernes está internado por una “descompensación”. El viernes fue el día que se ordenó su detención. La defensa llevó a la justicia documentación que será analizada y el juez Costabel le ordenó a la Policía Federal una “consigna policial permanente” hasta que tenga el alta médica para que luego sea detenido.