El diputado nacional Emiliano Estrada (Unión por la Patria) podría pasar a ser investigado en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 por el escándalo de las fake news, en el que dos de sus colaboradores ya fueron condenados. A partir de una nueva denuncia en su contra que se radicó en esa sede, el fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello pidieron a la Justicia federal de Salta que se inhiba de la causa en curso contra el legislador.
El objeto de la investigación es determinar si Estrada, electo por la provincia de Salta y ex ministro de Economía durante la gestión de Juan Manuel Urtubey, montó una usina de noticias falsas para desprestigiar a rivales políticos, empresarios y periodistas.
Según consta en la causa que tramitó en Salta, quienes ejecutaron las tareas fueron los empleados del Congreso Nacional Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand. Ambos admitieron su culpabilidad para acceder a un juicio abreviado en la justicia de esa provincia. Acordaron una pena de un año y cuatro meses de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios del delito de intimidación pública, y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Los ex empleados legislativos reconocieron que seguían instrucciones directas del diputado. Según argumentaron para defenderse, tomaban las campañas difamatorias como “responsabilidades laborales” y no se habían percatado de que eran maniobras ilícitas.
Principalmente en TikTok, usaban cuentas llamadas “La Casta Salteña”, “Casta Salta” y “La Casta de Sáenz”, entre otras, para viralizar los ataques digitales. Aunque el contenido tenía objetivos varios, la mayoría de los videos eran contra el gobernador salteño Gustavo Sáenz, a quien vinculaban con la corrupción y el narcotráfico.
Un tercer integrante del equipo de Estrada fue investigado por la fiscal de Ciberdelitos, Sofía Cornejo Solá, pero lo sobreseyeron antes de la elevación a juicio.
Esta parte de la causa transcurrió en jurisdicción provincial porque los videos pretendían “alterar el orden público” puntualmente en Salta. En este expediente el diputado también está imputado por intimidación pública, pero no hubo avances contra él gracias a que se amparó en sus fueros parlamentarios.
El problema de competencias que se acaba de generar en la Justicia Federal, en cambio, es por el delito de peculado, ya que se habrían utilizado recursos humanos del Estado para objetivos políticos personales.
Sucede que un abogado se presentó en Comodoro Py para denunciar a Estrada por los hechos que ya se estaban investigando en Salta. La presentación recayó por sorteo en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 7, a cargo de Casanello, y en la Fiscalía N° 9 de Marijuan, a quien el juez le delegó la investigación.
Así, se abrió un nuevo expediente en la Ciudad de Buenos Aires por “malversación de caudales públicos, intimidación pública, incumplimiento de autoridad y violación de deberes de funcionario público”. Fuentes judiciales consultadas por Infobae precisaron que aunque se hará una revisión integral del caso, la Justicia porteña pretende enfocarse en lo referido a las sospechas de peculado.
Los argumentos
Según argumentaron Casanello y Marijuan al pedir la inhibición de la Justicia de Salta, la presunta financiación de la usina de fake news se habría llevado adelante con fondos del Congreso Nacional. Además, la producción de esos videos y su publicación en redes sociales habrían ocurrido en el despacho del legislador. Estos dos factores hacen que el caso le corresponda a la jurisdicción porteña, según entendieron los magistrados.
Quien debe responder al pedido de inhibición es el Juzgado Federal N° 2 de Salta, a cargo de Mariela Giménez. El fiscal de la causa salteña, Carlos Amad, ya avisó que está en contra de que la investigación pase a Comodoro Py.
“Adelanto mi oposición a que la señora Juez se inhiba de entender en la causa, debiendo rechazarse la pretensión, extremo que fundaré adecuadamente en la audiencia a fijarse”, manifestó Amad en un escrito que elevó al juzgado, donde además pidió que no se pierda de vista “el estado en el que se encuentra el presente caso”.
En el mismo también pidió avanzar con la imputación formal del diputado Estrada, a quien citó el viernes 6 de junio. En declaraciones que hizo a la prensa, el fiscal advirtió: “Pediré su desafuero para lograr que esté a derecho”, si no se presenta en su despacho ese día a las 9.
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