
Dos ex asesores del diputado nacional Emiliano Estrada, que integra el bloque de Unión por la Patria, fueron condenados en Salta por el delito de intimidación pública. En un juicio abreviado, admitieron haber usado las redes sociales para viralizar fake news contra políticos, empresarios y periodistas. El legislador está imputado como autor intelectual de las difamaciones presuntamente destinadas a alterar el orden público, pero por ahora la Justicia no avanzó contra él porque tiene fueros parlamentarios.
Los empleados del Congreso Nacional Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand escucharon este miércoles la sentencia del Juzgado de Garantías N°7, a cargo de Pablo Zerdan. El juez les impuso penas de un año y cuatro meses de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios, y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
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Un tercer integrante del equipo del diputado Estrada fue investigado por la fiscal de Ciberdelitos, Sofía Cornejo Solá, pero lo sobreseyeron antes de la elevación a juicio.
En la misma resolución de hoy, el juez de Garantías también ordenó separar la acusación contra Estrada y formalizarla como una causa paralela. Esto se debe a que, amparado en sus fueros, el legislador de La Cámpora nunca se presentó a declarar ante el Ministerio Público Fiscal. Esta segunda parte del caso quedó a cargo de la jueza Claudia Puertas, titular del Juzgado de Garantías N° 8.
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“Hay pruebas contundentes contra Estrada, y en algún momento los fueros se le van a terminar. El expediente va a seguir ahí”, le dijo a Infobae una fuente judicial al tanto de la investigación.
De hecho, para acordar el juicio abreviado, los ex empleados legislativos reconocieron que seguían instrucciones directas del diputado. Según argumentaron para defenderse, tomaban las campañas difamatorias como “responsabilidades laborales” y no se habían percatado de que eran maniobras ilícitas.
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Durante la investigación, además, se secuestraron celulares y computadoras de los que se recuperaron chats que contienen una gran cantidad de material probatorio que complica a Estrada.
Principalmente en TikTok, usaban cuentas llamadas “La Casta Salteña”, “Casta Salta” y “La Casta de Sáenz”, entre otras, para impulsar las campañas de desprestigio. Aunque el contenido publicado tenía objetivos varios, la mayoría de los ataques eran contra el gobernador salteño Gustavo Sáenz, a quien vinculaban con la corrupción y el narcotráfico.
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La fiscal Cornejo Solá le solicitó a esa red social los correos electrónicos vinculados a las cuentas investigadas, y luego Google compartió informes sobre estas direcciones de Gmail. Recién entonces surgieron los nombres de los implicados.
Así lo aclaró la magistrada durante el proceso judicial, ante la respuesta pública que dio el diputado Estrada sobre las acusaciones en su contra: le adjudicó la causa a una persecución política.
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“La investigación no es contra una persona. La investigación empieza contra desconocidos. Después, que las pruebas me hayan llevado a él es algo que ya no dependió de mí, sino de los informes de empresas como TikTok, Google, empresas de telefonía celular y la declaración de dos personas. El direccionamiento no es tal. Esto no es político, esto es jurídico”, sostuvo la fiscal en una conferencia de prensa que brindó al ordenar las imputaciones.

“Lo que se investiga en estas situaciones es un delito en donde no hay víctimas físicas, no hay personas físicas. Acá hay víctimas en el orden público, en el orden constitucional, por la desestabilización de los poderes del Estado”, continuó Cornejo Solá.
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Además, con el avance de la causa el Ministerio Público Fiscal entendió que la usina de fake news se habría financiado con fondos públicos de la Cámara de Diputados, y por eso pidió enviar el caso a la Justicia Federal. Eso ocurrió, pero por una cuestión de competencias finalmente todo volvió a los tribunales provinciales.
El escándalo también llegó al plano político. En febrero, diputados de distintos bloques repudiaron el accionar que se le adjudica a Estrada. El único espacio que no lo señaló fue Unión por la Patria, aunque sus compañeros de bancada tampoco se pronunciaron en su defensa.
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