La causa judicial conocida como “La Rosadita”, que involucra a Lázaro Báez y a otras personas en un presunto esquema de lavado de activos, ya tiene dos conjueces que comenzarán a estudiar el expediente. Se trata de Mariano Lozano, de la Cámara de General Roca, y de Ramón González, de la Cámara Federal de Corrientes. Resultaron designados como suplentes Jorge Di Lorenzo, de la Cámara Federal de La Plata, y Guillermo Antelo, de la Cámara Civil y Comercial Federal.
El sorteo de los conjueces, que se realizó esta mañana, obedece a que en la Corte Suprema no existen tres criterios iguales para poder resolver el caso. Según fuentes del tribunal, el juez Carlos Rosenkrantz habría expresado su voluntad de revisar la condena, lo que podría derivar en la revocación de alguna de las mismas, en tanto los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti no estarían de acuerdo con esa postura.
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Ante este escenario, se convocó a los conjueces, que que podrán pronunciarse a favor de confirmar alguna o todas las condenas o, por el contrario, sumarse a la idea de revocarlas.
La Corte ya se ha contactado con los jueces de cámara sorteados como titulares para anticiparles que les llegará un oficio notificándolos del sorteo, para que hagan saber al Tribunal si aceptan la designación.
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Quiénes son los conjueces
Ramón Luis González, como integrante de la Cámara Federal de Corrientes, está interviniendo actualmente en el caso Loan. En el mes de abril de 2025 esa Cámara confirmó el procesamiento de varios imputados, incluido el comisario Walter Maciel.
En julio de 2024 la Cámara que integra confirmó el procesamiento de un cabo de Prefectura Naval por dirigir amenazas de muerte en un contexto de violencia de género contra una marinera de la misma fuerza de seguridad. La decisión de la cámara fue por unanimidad.
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En marzo de 2022, Ramón Luis González fue seleccionado como conjuez de la Corte Suprema para intervenir en la causa del supuesto espionaje ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri. Se trata de luna investigación que nació en Lomas de Zamora, en donde Cristina Kirchner se presentó como víctima. Además, González es autor del libro “Derecho Penal, parte general”.
Mariano Roberto Lozano, integra la Cámara Federal de General Roca, que en abril de 2025 rechazó el recurso presentado por la defensa de un abogado sospechado de cobrar coima en AFIP, confirmando así el procesamiento. En marzo de 2022, esa misma Cámara ratificó el fallo de la jueza Silvina Domínguez quien dictó falta de mérito para once integrantes de una autodenominada comunidad mapuche, en una causa por usurpación y destrucción de un edificio de Parques Nacionales en Villa Mascardi.
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En mayo de 2022, la Cámara que integra Lozano desestimó un recurso presentado por el Ejército Argentino a través del Ministerio de Defensa y dejó firme una sentencia que obliga a ceder 180 hectáreas ubicadas a pocos kilómetros de Bariloche a una comunidad Mapuche.
Además, en octubre de 2023, la Cámara de General Roca confirmó el sobreseimiento del juez Gustavo Villanueva. Se trataba de una causa surgida en 2017, cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, por un bloqueo a la comunidad mapuche Campo Maripe, sin orden judicial, en el yacimiento Loma Campana de YPF en Vaca Muerta.
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Las apelaciones
En la causa conocida como “La Rosadita” o “La ruta del Dinero K”, lo que debe resolver la Corte Suprema son los recursos de los imputados presentados contra las condenas por lavado de activos.
Esas condenas son las siguientes: Lázaro Báez (10 años de prisión); Martín Báez, (6 años y 6 meses de prisión); Jorge Fariña (3 años y 6 meses de prisión); Daniel Pérez Gadín (6 años de prisión); Jorge Chueco (6 años de prisión); Julio Mendoza (5 años de prisión); Fabian Rossi (4 años y 6 meses de prisión); Cesar Fernández (4 años y 6 meses de prisión); Juan De Rasis (4 años y 6 meses de prisión); Leandro Báez (3 años de prisión condicional); Eduardo Castro (4 años y 6 meses de prisión); Walter Zanzot (2 años y 6 meses de prisión); Federico Elaskar (3 años de prisión condicional); Martin Eraso (3 años de prisión condicional); Claudio Bustos (3 años de prisión condicional); Carlos Molinari (3 años y 6 meses de prisión).
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La sentencia con las condenas fue apelada ante la Corte mediante recursos que ingresaron durante el mes de junio de 2023. Durante este año, los tres jueces de la Corte revisaron el caso, que se considera delito precedente en la causa Vialidad. Ahora, con la designación de los conjueces, se podrá avanzar en la resolución del caso.
La investigación
En esta causa se investigó una presunta maniobra delictiva de lavado de activos. Según la misma, la empresa Austral Construcciones, mediante una financiera, logró la expatriación de más de 54 millones de dólares destinados a diversas empresas, para luego reingresarlos mediante la compra de bonos argentinos.
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Respecto del origen de dicho monto, la mayoría del Tribunal Oral que intervino en esta causa consideró que esos fondos provenían de la evasión fiscal e impositiva, a través del uso de facturas truchas. La minoría del Tribunal, en cambio, entendió que el dinero provenía del direccionamiento de contratos de obra pública en favor de Lázaro Báez, investigado en la causa Vialidad. En esta ultima causa está condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner
La Corte podría dejar firme estas condenas desestimando los planteos de apelación a través de la aplicación del art. 280, lo que significa que los podría rechazar sin entrar a analizar esos planteos o, por el contrario, podría entrar a analizar el fondo de esos planteos.
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