La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa del dirigente social Eduardo Belliboni, quien intentó apartar al fiscal Gerardo Pollicita de la causa en la que se lo investiga por el presunto manejo irregular de fondos públicos. Se trata de fondos que recibían el Polo Obrero y El Resplandor, a través del Plan Potenciar Trabajo. La resolución, a la que accedió Infobae, fue firmada de forma unipersonal por el juez Mariano Borinsky.
La defensa de Belliboni había cuestionado que la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal rechazara previamente la recusación contra Pollicita, al considerar que no se habían verificado causales suficientes ara apartarlo de la investigación.
Según consta en el expediente, Belliboni argumentó que existe una relación de enemistad manifiesta entre él y el fiscal Pollicita, lo cual impediría al representante del Ministerio Público actuar con la objetividad requerida.
Como respaldo, señalaron que Pollicita habría “filtrado a la prensa el requerimiento de elevación a juicio antes de su presentación formal”, y que el líder de Polo Obrero lo había denunciado penalmente.
El juez Sebastián Casanello, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, en primera instancia, ya había denegado el planteo por considerar que los hechos denunciados no cumplían los requisitos temporales previstos en el Código Procesal Penal. Esa resolución definió, tal como ratificó ahora Borinsky, que la denuncia a la que hace referencia Belliboni fue presentada después del inicio del proceso en su contra, lo que impide que se utilice como causal de recusación.
Además, la denuncia presentada contra el fiscal ya fue archivada el 26 de marzo de 2025 por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5.
Es así que el juez Borinsky concluyó que el recurso de Casación carece de fundamentos suficientes para justificar su procedencia, ni desde la doctrina de la arbitrariedad ni desde la existencia de una cuestión federal.
La causa judicial
Además de Belliboni, otras 17 personas están imputadas por las supuestas extorsiones y el desvío de fondos. La investigación se inició en diciembre de 2023, poco después de la asunción de Javier Milei como presidente, a partir de denuncias anónimas recibidas por una línea telefónica que habilitó el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Según los reportes, los involucrados habrían obligado a beneficiarios de los planes y miembros de organizaciones sociales a participar en una marcha convocada para el 20 de diciembre de ese año. Si no lo hacían, les retiraban la ayuda estatal.
Hubo allanamientos en sedes del Polo Obrero y otras decenas de domicilios. En esos procedimientos se secuestraron cuadernos con anotaciones como “no come”, computadoras y documentación. Además, declararon cinco testigos protegidos.
Según sostienen en su investigación el fiscal Pollicita y el juez Casanello, el Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor recibieron una suma de $361.087.500 pesos a través del Programa Potenciar Trabajo.
Esos fondos estaban previstos en convenios firmados con el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Según la acusación, parte de ese dinero se usó de manera fraudulenta y se desvió con facturas apócrifas, simulación de gastos, desvío de cheques y rendiciones falsas de operaciones inexistentes.
En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal afirmó que las maniobras respondieron a una “compleja matriz delictiva” que explotó la vulnerabilidad “de un amplio sector social” para “ejercer ilegítimamente poder” sobre aquel con fines económicos y políticos. En ese contexto, Belliboni fue señalado como jefe de la organización.
Los presuntos cómplices de Belliboni que ocuparon cargos relevantes en la organización e irán a juicio oral son Lucía Gianna Puppo, María Dotti, Erica Lubenfeld, Mariano Centanni, Iván Ortíz, Ezequiel Coego, Elizabeth del Carmen Palma, Gustavo Vásquez y Cynthia Delgado Vilches.
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