
La Corte Suprema decidió hoy trasladar el recurso del fiscal de Casación, Mario Villar, al procurador general interino, Eduardo Casal. Lo hizo a través de la secretaría penal. Si bien la opinión del Procurador no es vinculante, es decir, que la Corte puede sostener otro criterio, significa el primer paso del tribunal en este expediente de alto impacto político e institucional, ya que en esta causa se podría confirmar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados, por irregularidades en el manejo de obras públicas.
Casal, como jefe de los fiscales y fiscal ante la Corte, deberá decidir si apoya el recurso de Villar, que reclamó que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita y no solo por fraude. Se estima que ese pedido será respaldado por el Procurador, con lo cual la Corte estaría en condiciones de seguir avanzando en esta causa. Sin embargo, la proximidad del cierre de listas y las elecciones legislativas de octubre podrían imprimir otro ritmo a estos pasos.
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Entre los 17 recursos de queja que debe resolver la Corte en esta causa con sus actuales jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, también se encuentra el planteo presentado por la defensa de Cristina Kirchner, quien busca revertir la doble condena en su contra, impuesta por un Tribunal Oral 2 y confirmada por la sala IV de la Cámara de Casación. Este recurso, presentado por su abogado Carlos Alberto Beraldi, constituye el último intento de la expresidenta para evitar que la sentencia quede firme y se active la pena de prisión, así como la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Si la Corte Suprema decide rechazar el recurso de queja, la condena quedará firme. En ese escenario la ex presidenta, quien tiene más de 70 años, podría solicitar cumplir la pena en prisión domiciliaria, una opción contemplada por la legislación. Sin embargo, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos se activaría de inmediato.
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Por eso, la resolución de este caso impacta de manera directa en el calendario electoral, ya que la posibilidad de que Kirchner se postule como candidata a diputada provincial o nacional dependerá de los tiempos judiciales. Es porque la sentencia incluye explícitamente la prohibición de ocupar cargos públicos, lo que añade un componente político a la decisión que debe tomar la Corte.
El pedido del fiscal

El 31 de marzo pasado, el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Villar, le pidió a la Corte ampliar la condena contra la ex presidenta a 12 años de prisión porque entendió que también estaba probado que existió una asociación ilícita, además de administración fraudulenta.
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En su escrito de 10 páginas, Vilar mantuvo la postura de la Fiscalía desde el juicio oral. Allí, Diego Luciani y Sergio Mola habían pedido que la ex presidenta sea condenada a 12 años de prisión por ambos delitos, asociación ilícita y administración fraudulenta. Pero, por mayoría, el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py la condenó a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos sólo por administración fraudulenta.
La Fiscalía apeló a Casación y en esa instancia Villar mantuvo el pedido de 12 años. Pero Casación, también por mayoría, ratificó el fallo. Así, Villar apeló a la Corte con un recurso extraordinario que fue rechazado, por lo que acudió directamente al máximo tribunal con un recurso de queja.
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Villar también apeló las absoluciones que se dictaron en el juicio oral y que ratificó Casación del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, y del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro.
Además, objetó que Casación haya rechazado su primera apelación para ir al máximo tribunal: “con tratamiento aparente de los agravios planteados por esta parte, fundamentos dogmáticos y un análisis fragmentado de las pruebas, el Tribunal Oral Criminal Federal y la Cámara Federal de Casación Penal excluyeron, de manera definitiva, la imputación del delito de asociación ilícita para alguno de los imputados y administración infiel para otros”.
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Villar y la defensa de Cristina Kirchner no fueron las únicas partes que presentaron sus recursos de queja ante la Corte Suprema. También lo hicieron las defensas del ex secretario de Obras Públicas José López, del empresario Lázaro Báez, del ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Raúl Pavessi, Juan Carlos Villafañe y Mauricio Collareda.
Múltiples planteos
La Corte Suprema, ya resolvió 24 recursos de queja presentados por los distintos imputados a lo largo del proceso en la causa Vialidad. Los primeros fueron resueltos en septiembre de 2017, y fueron firmados por los cinco Ministros de la Corte de ese entonces: Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Rosatti, Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco.
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Los últimos recursos de queja resueltos por la Corte en esta causa, fueron de junio de 2022, donde firmaron los cuatro jueces de ese momento, Maqueda, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti.
Actualmente, la Corte tiene pendiente de resolver 17 recursos de queja, dentro de los cuales se encuentran aquellos que cuestionan las condenas definitivas.
También tiene planteado un recurso de recusación presentado contra el ex juez Manuel García Mansilla, que ya se transformó en un planteo abstracto a partir de la renuncia del magistrado.
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Más allá de estos trámites, el tiempo que se tomará la Corte para emitir su fallo es incierto. Según las fuentes judiciales, el tribunal podría resolver el caso en cuestión de semanas, meses o incluso años. Este aspecto de los tiempos forma parte del alto componente político de la causa, ya que a partir del momento en que se tome la decisión podría alterarse el tablero político del país.
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