
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador coordinó un amplio operativo en el centro de San Salvador para lograr la captura de Samuel Alejandro G., señalado por extorsión agravada y divulgación ilícita de datos personales en perjuicio de al menos ocho personas. El caso, que involucra la utilización de material íntimo con fines de chantaje, representa uno de los más recientes esfuerzos de la Fiscalía para combatir los delitos informáticos y de violencia digital en el país.
Según informó el ente fiscal, Samuel Alejandro G. habría recolectado de manera intencional fotografías y videos privados de varias mujeres, y luego empleó ese material para amenazar y exigir dinero bajo la promesa de no hacer pública la información. Parte de la estrategia consistió en remitir a familiares de las víctimas el contenido sin autorización, intensificando el daño emocional causado.
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De acuerdo con la investigación fiscal, el acusado también creó perfiles falsos en redes sociales como Facebook y WhatsApp, empleando imágenes alteradas de parientes cercanos a las víctimas. El objetivo era suplantar identidades y vincular a estas personas con delitos de extorsión y agrupaciones ilícitas.

“El sujeto exigía dinero a cambio de no divulgar el contenido íntimo que había obtenido”, aseguró la FGR en su reporte oficial.
Autoridades incautan dispositivos y documentos clave
Durante el procedimiento, desarrollado en el lugar de trabajo del imputado en San Salvador Centro, las autoridades ejecutaron una orden de detención y confiscaron dos teléfonos celulares, dos chips, dos tarjetas SIM, una memoria USB y dos comprobantes de retiro de dinero.
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Posteriormente, en una segunda intervención en la residencia del sospechoso, ubicada en el distrito de Soyapango, se incautaron cinco celulares, una tablet, dos cajas vacías de teléfonos, diez tarjetas SIM de tres compañías distintas y un CPU.
La Fiscalía General de la República detalló que lo incautado será sometido a los respectivos análisis periciales", con el objetivo de fortalecer la acusación y determinar la posible existencia de más víctimas o cómplices.
“Lo incautado será sometido a los respectivos análisis periciales como parte del proceso de investigación que dirige la Fiscalía. De igual manera, las autoridades piden a otras posibles víctimas a que se acerquen a una oficina fiscal para interponer la denuncia respectiva”, recalcó la FGR.
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Las autoridades han reiterado el llamado a quienes hayan sido afectados por prácticas similares a acercarse a las oficinas de la Fiscalía para presentar las denuncias correspondientes.

La Fiscalía General de la República recordó que “este tipo de delitos generan un grave daño psicológico y social a las víctimas, y requieren de la colaboración ciudadana para su combate efectivo”. El material tecnológico incautado será analizado por equipos especializados en informática forense, buscando identificar patrones de actuación, posibles redes asociadas y el destino de la información filtrada.
La actuación coordinada de la Fiscalía General de la República y cuerpos policiales forma parte de un plan integral para fortalecer la persecución de delitos de violencia digital y protección de la privacidad. La investigación sigue abierta, y las autoridades no descartan nuevas capturas ni más implicados en el caso.
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