El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, pedirá mañana que la Corte Suprema de Justicia de la Nación condene a la ex presidenta Cristina Kirchner a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita en el caso de vialidad en la provincia de Santa Cruz. Lo hará al apelar el fallo de Casación que el año pasado confirmó la condena de la ex mandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación al estado.
Con su apelación, Villar busca que el caso llegue al máximo tribunal para que agrave la condena de Cristina Kirchner. La Fiscalía también pedirá que se aplique la asociación ilícita para al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional José Periotti y al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.
También la Fiscalía apelará las absoluciones de otros acusados, entre ellas la de De Vido. Sin embargo, hay expectativa de que no todas las apelaciones sean recurridas y así algunos de los imputados ya queden desvinculados definitivamente del caso.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que Villar presentará mañana su apelación. Todas las partes del caso tienen plazo para hacerlo hasta el viernes. Se espera también que lo haga Alberto Beraldi, abogado de Cristina Kirchner. La defensa reclamará que el caso llegue al máximo tribunal pero en su caso para que la ex mandataria sea absuelta, tal como planteó en el juicio oral.
La apelación será al fallo de la Sala IV de Casación que en noviembre pasado confirmó el veredicto de diciembre de 2022 del Tribunal Oral Federal (TOF) 2. Además de Cristina Kirchner fueron condenados Báez (6 años de prisión), López (6 años), Periotti (6 años), los ex funcionarios del área de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), José Raúl Santibañez (4 años), Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses). Y fueron absueltos De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, el ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y Carlos Kirchner, ex funcionario de Planificación Federal y primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner. También fue ratificado el embargo de 84 mil millones de pesos.
Por mayoría, tanto el TOF como la Cámara de Casación desestimaron el delito de asociación ilícita que había pedido el fiscal federal Diego Luciani en el juicio y Villar cuando se revisó la sentencia. Por eso, la apelación a la Corte Suprema será en la misma línea. En el TOF como en Casación dos jueces entendieron que en el caso no debía condenarse por asociación ilícita y otro que sí.
En las dos instancias lo que la justicia determinó es que desde 2003 a 2015, durante los tres gobiernos kirchneristas, hubo irregularidades en la asignación de la obra pública vial para las empresas de Báez en Santa Cruz. “Que desde 2003 a 2015 funcionarios públicos nacionales y provinciales, entre los que se encontraba la dos veces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, llevaron a cabo una maniobra fraudulenta que perjudicó de manera trascendente a las cuentas del Estado nacional, pues se desvió el dinero público en favor del empresario Lázaro Antonio Báez a partir de la asignación de obra pública vial a sus empresas”, sostuvieron los jueces de Casación en su resolución.
Cuando todas las partes apelen habrá 10 días para que la Fiscalía responda las apelaciones de las defensas y viceversa. Luego los jueces de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña quedarán en condiciones de resolver.
Los magistrados puedan aceptar las apelaciones y enviar la causa a la Corte Suprema o rechazar los planteos. O aceptar algunos y rechazar otros. En el caso de que Casación los revoque las partes podrán de todas forma ir a la Corte Suprema a través de lo que se conoce como recurso de queja.
La definición de la Corte Suprema será clave porque es la última instancia y si confirma las condenas se deberán aplicar. Pero nadie espera que sea este año. El caso lleva un trámite en el que primero tiene que opinar el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, pero también porque es un año electoral en el que Cristina Kirchner podría ser candidata.
El otro aspecto central es que hoy la Corte tiene solo tres jueces -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- mientras el Senado debate los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los candidatos que propuso el presidente de la Nación Javier Milei, para completar el máximo tribunal.
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