Quinta de Pilar vinculada a la AFA: suspendieron la audiencia y el fiscal sostuvo que la causa debe volver al juez Daniel Rafecas

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Mario Villar sostuvo este lunes que la investigación por el origen del dinero con que se compró la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y vinculada a la AFA debe volver a la órbita del juez federal Daniel Rafecas, en la ciudad de Buenos Aires.

“La solución de enviar la causa al Juzgado de Campana no sólo es equivocada sino que sembraría la duda acerca de la transparencia e imparcialidad”, sostuvo Villar en el dictamen al que tuvo acceso Infobae.

Pese a que el fiscal presentó su escrito, Casación suspendió luego la audiencia ante una recusación que presentó la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió para que se aparte del caso AFA la jueza Angela Ledesma, designada para resolver el tema, con lo cual se dilatará una decisión clave para el futuro del caso penal.

Sus colegas Mariano Borinsky y Javier Carbajo tienen que resolver si confirman a Ledesma o se debe sortear otra vez un tercer integrante para zanjar el conflicto de competencia.

Carrió pidió que Ledesma se aparte por vínculos que atribuye a la magistrada con sectores judiciales de Santiago del Estero, provincia de la que es oriundo el tesorero de AFA Pablo Toviggino. “Las conexiones políticas de la Dra. podrían coincidir con los del Sr. Toviggino, aunque ello no implique denuncia alguna o duda respecto de la solvencia de la Dra. Ledesma”, sostuvo la dirigente de la Coalición Cívica, denunciante en la causa.

Lavado de activos

A la hora de postular que el caso vuelva a Rafecas, Villar entendió que las maniobras investigadas “darían cuenta de un trazado de fondos bajo figuras jurídicas y físicas que podrían encubrir su origen como fondos lícitos de la entidad no declarados y/o desviados a fines privados, o nuevas aplicaciones de sumas de origen ilícito”.

El fiscal postuló ante la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que la causa no debe seguir investigándose en el juzgado federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay y debe revocarse una decisión de la Cámara Federal de San Martín que envió el expediente a ese distrito. Villar apoyó así un recurso de queja del fiscal de ese distrito, Carlos Cearras.

La defensa de los dos imputados como supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte reclama que todo siga a cargo de González Charvay.

La casaquinta de los 17 millones

Se trata del futuro del caso por la casaquinta de Pilar que la Justicia valuó en 17 millones de dólares más una flota de autos de lujo que se encontró en un galpón. Además, tiene helipuerto y caballerizas.

Rafecas fue el primer juez que intervino en la investigación, pero luego se declaró incompetente y giró el expediente al fuero penal económico porteño, con lo cual quedó a cargo del juez Marcelo Aguinsky.

Este último magistrado tuvo que enviar el expediente a González Charvay en enero último, a raíz de una decisión del juez de feria de la Cámara Federal de San Martín Alberto Lugones, quien respaldó el planteo de inhibitoria que le había cursado el juez de Campana.

Cuando el caso estuvo en el juzgado de Rafecas se ordenaron los allanamientos a la casaquinta, se dispuso custodia permanente y se encomendó la pericia que arrojó el valor real de la propiedad, que había sido escriturada en 1.8 millones de dólares.

El origen del conflicto: un mail

Villar dictaminó ahora que la cuestión de competencia “debe ser resuelta, en razón del objeto de la causa y la especialización en materia de lavado de activos, en favor de la Justicia en lo Criminal Federal de esta ciudad” y por eso el expediente debería volver al juzgado de Rafecas.

Como segunda posibilidad y de no ser compartida su postura, el fiscal planteó que el caso debe regresar en todo caso al juzgado en lo penal económico de Marcelo Aguinsky, también en CABA. Y como tercera solución que el conflicto de competencia lo resuelva la Cámara en lo Penal Económico de CABA y no la de San Martín.

Sobre el inicio del episodio que derivó en el planteo de inhibitoria cursado por el juez de Campana, el fiscal advirtió que se trató de un correo electrónico enviado al juzgado por parte de la defensa del imputado Pantano, el día en que debía presentarse a declarar ante el juez que por entonces tenía el caso, Aguinsky. Charvay le reclamó la causa y esa declaración quedó sin efecto.

Villar advirtió que en Campana no existía una causa previa a ese correo electrónico. “No es una actuación o prevención policial, no es un requerimiento de instrucción y no es una denuncia. No puede existir una cuestión de competencia entre una causa y una no causa”, cuestionó. La situación, esta “apariencia de causa”, afecta “necesariamente los demás argumentos acerca de la competencia”.

La garantía del juez natural “no sólo impide el juzgamiento por comisiones especiales, sino una alteración direccionada de las reglas de competencia territorial”, acotó y recordó que la sede central de la AFA al momento de los hechos investigados es la de la calle Viamonte, en CABA.

Qué se investiga

A la hora de pasar en limpio de qué se trata la investigación que vincula a dirigentes de AFA como su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero Pablo Toviggino a la quinta de Pilar, el fiscal remarcó que se trata de la supuesta “ existencia de una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre los años 2021 y 2025, que habrían canalizado fuera del circuito bancario argentino fondos lícitos obtenidos por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) mediante un complejo circuito financiero”.

Estos fondos “bajo el pretexto del cepo cambiario y mediante mecanismos irregularmente onerosos (comisiones del 30%) se habrían desviado y ocultado del patrimonio de AFA, valiéndose de empresas constituidas en el exterior (algunas en paraísos fiscales y con cuentas bancarias off shore), con participación o aquiescencia de dirigentes de AFA y/o personas allegadas a la dirigencia”.

Los ingresos de AFA se vincularían con el pago de derechos comerciales, de auspiciantes extranjeros de la Selección Nacional de fútbol, de derechos de transmisión de los partidos, entre otros. Se trata del tramo de la investigación que involucra a TourProdEnter LLC, de Javier Faroni.

Los fondos habrían sido “desviados ilícitamente a sociedades constituidas en EEUU, Reino Unido y República Oriental del Uruguay. Se presume que esas sociedades serían meras fachadas, ligadas a las mismas personas o allegados de la dirigencia de la AFA”, agregó la fiscalía ante Casación.

En ese contexto, la compra de la casaquinta de Pilar por parte de la sociedad Real Central de los Pantano habría sido una maniobra posterior de lavado de activos que abarcó también a unidades funcionales en el barrio privado Ayres Plaza en Pilar y los 54 vehículos encontrados en el galpón del predio de Villa Rosa, caballos árabes y de pura sangre, y otros bienes de valor en el mercado.