Queda vacante un cargo clave para las infancias y presentaron un amparo para que el Congreso lo cubra

A fines de febrero vence el mandato de la titular de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo hoy de Marisa Graham, y el Congreso de la Nación no puso en marcha el proceso de concurso público que establece la ley para elegir a su reemplazante. Ante la inminente acefalía, el “Colectivo Infancia en Deuda” presentó un amparo para que la justicia le ordene al Poder Legislativo iniciar el trámite de selección.

“Frente a esta situación, en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes establecidos en la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, el Poder Judicial tiene la potestad de decidir el destino de esta institución”, señala el amparo al que accedió Infobae y que quedó radicado en el juzgado en lo contencioso administrativo federal 1, a cargo de Enrique Alonso Regueira.

La acción fue presentada por el “Colectivo Infancia en Deuda”, integrado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género Asociación Civil (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la Fundación Sur Argentina, y por Poder Ciudadano y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El reclamo tiene varios ejes: uno es para que se declare el incumplimiento del Congreso de la Nación y que se le ordene iniciar el proceso de selección en la Defensoría; y que mientras se da ese trámite, la justicia designe de manera temporánea a una persona a cargo de su dirección.

A fines de 2005, el Congreso sancionó la ley 26.061 de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. “Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte”, sostiene en su primer artículo.

La norma creó la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y estableció un concurso público a cargo de una comisión bicameral del Congreso para su designación. El plazo para eso es de 90 días. Sin embargo, el nombramiento demoró 14 años. Recién en marzo 2020 Graham asumió el cargo junto con dos defensores adjuntos. El mandato es de cinco años y vence el próximo 28 de febrero.

Para designar a un reemplazante la ley establece que el concurso público debe convocarse 180 días antes de que termine el mandato vigente. Pero eso no ocurrió porque la comisión bicameral que debe hacerlo no está conformada.

Se trata de la Comisión Bicameral Permanente Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que no funcionó en todo el 2024 porque no se integró de manera completa. De sus 10 integrantes sólo fueron designados los cinco diputados, pero nunca el Senado nombró a sus representantes.

El Congreso volverá a funcionar en sus sesiones ordinarias el próximo 1 de marzo -cuando ya no haya titular de la Defensoría- y en las extraordinarias que convocó el gobierno de Javier Milei no está dentro de los temas la vacante que se producirá. No será la única defensoría acéfala: desde hace 16 años también está sin titular la Defensoría del Pueblo de la Nación.

“Afirmamos que no hay norma alguna que regule de manera expresa la situación de acefalía de la Defensoría frente al vencimiento del mandato y, ante el riesgo cierto de que ello ocurra, es el Poder Judicial quien tiene la responsabilidad de velar por la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, plantearon las ONGs en el amparo.

La Defensoría es un organismo autónomo que tiene como tarea esencial velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de reclamos judiciales o administrativos. Según datos del propio organismo, desde su puesta en funcionamiento en 2020 realizó 2.559 requerimientos que derivaron en 310 casos. El año pasado inició 463 actuaciones administrativas. Una de ellas es un amparo colectivo por el acceso a becas escolares que puede impactar en más de 1.2 millones de adolescentes en situación de pobreza.