En una causa que involucró a uno de los mayores traficantes de pastillas de la ciudad de Rosario, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°3 de esa jurisdicción condenó a Emilio Martín Tisera, conocido como “Emi Trix” en redes sociales, a siete años de cárcel por liderar una organización dedicada al tráfico de drogas sintéticas. A su vez, su pareja, la influencer Julieta Valenzuela, recibió una pena de tres años de prisión condicional por su participación secundaria dentro de la banda narco, que contenía dentro de sus filas a dos policías de la provincia de Santa Fe, también condenados.
El testimonio de un informante anónimo en 2022 derivó en la detección y posterior desbarajuste de la asociación ilegal. “Emi Trix”, de 35 años, con domicilio en un lujoso condominio de la zona del Alto de Rosario, resultó ser la cabeza de una estructura dedicada a producir y vender drogas de diseño en fiestas electrónicas, gimnasios, barrios cerrados y viviendas particulares de clases media y alta a través de la modalidad de delivery. Para las entregas del éxtasis y el cristal, el condenado se aparecía personalmente con su BMW blanco, según precisó este lunes el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Tisera vivía junto a Valenzuela, de alto perfil en Instagram y con miles de seguidores. Ella colaboraba con el desarrollo del negocio. Él gestionaba las ventas y la distribución desde su departamento exclusivo, también viajaba a la Ciudad de Buenos Aires cada dos semanas para conseguir drogas y hacer acopio o adquirir polvo para la producción de pastillas en gran volumen. En efecto, el informante anónimo había denunciado que el ahora condenado tenía una máquina para la fabricación de comprimidos, que cambiaba de lugar de tanto en tanto entre inmuebles que alquilaba en las ciudades de Funes y Roldán.
El TOF 3 de Rosario, conformado por los jueces Mario Gambacorta, Eugenio Martínez y Osvaldo Facciano, encontró culpable a “Emi Trix” por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada. Su novia fue considerada partícipe secundaria del mismo ilícito, por eso quedó sometida al cumplimiento de determinadas reglas de conducta como condición de una condena en suspenso.
En el marco del mismo caso, aunque resueltas por juicio abreviado, el tribunal oral también homologó penas para otros cinco implicados en la red. Entre ellos, Nicolás Balzi, suboficial de la policía de Santa Fe, quien obtuvo una condena de seis años y cuatro meses de prisión e inhabilitación absoluta por aprovechar su posición para facilitar la distribución de drogas. De manera similar, su pareja, Gabriela Celia Techera Menéndez, fue sentenciada a tres años de prisión condicional.
Otro de los condenados, Leandro Miranda, miembro de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, e hijo de Walter Rubén Miranda, ex jefe de la Policía santafesina, recibió una pena de tres años y seis meses. Según la fiscalía, encabezada en el juicio por Federico Reynares Solari, el agente en cuestión actuaba como custodio de Tisera y colaboraba directamente con la comercialización de los estupefacientes. Por último, Benjamín Bernasconi y Pablo Padalina, revendedores de la organización, también fueron condenados a prisión con penas dentro del mismo rango.
En rigor, las investigaciones comenzaron en enero de 2022, cuando una denuncia anónima apuntó contra el suboficial Balzi por vender drogas en gimnasios y eventos electrónicos multitudinarios. Como resultado, la fiscalía federal a cargo de Javier Arzubi Calvo inició una pesquisa que incluyó escuchas telefónicas, seguimientos y tareas de inteligencia llevadas adelante por la Policía Federal Argentina (PFA). Estas diligencias, a los pocos meses, permitieron identificar a Tisera como referente máximo del grupo y a Valenzuela como partícipe de las operaciones.
También se corroboró que la participación de los policías Balzi y Miranda resultó clave para el funcionamiento operativo de la banda. Y es que Balzi, por un lado, utilizaba su acceso y recursos como miembro de la fuerza para facilitar la venta y distribución ilegal. Y Miranda, por otro, ofrecía protección y actuaba como intermediario de Tisera, ya que se encargaba de garantizarle el cobro de las deudas ligadas al comercio del éxtasis.
Durante uno de los allanamientos, ordenados en junio de 2022 y desplegados de manera simultánea, se incautaron más de 2200 pastillas de éxtasis, 130 gramos de cristal y distintos elementos para fraccionar y embalar la droga. A su vez, en el domicilio de Balzi se encontraron 130 pastillas de éxtasis, 59 dosis de LSD, armas de fuego y dinero en efectivo. Todo este material llevó a la detención de los involucrados y luego fue incluido como evidencia central en el juicio.
La causa fue impulsada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) de la Región NEA y la fiscalía federal. En el juicio, el fiscal Reynares Solari destacó el alcance de la red, que había logrado introducirse en varios estratos sociales de la región.
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