Tres bolsonaristas acusados de querer derrocar a Lula seguirán presos y avanza su juicio de extradición

Tres bolsonaristas condenados por la Justicia de Brasil por la asonada de enero del 2023 contra Lula Da Silva y detenidos en la Argentina en noviembre último esperan una señal del presidente Javier Milei. Esta semana, la Cámara Federal ordenó que sigan presos. Y el fiscal Carlos Rívolo rechazó ante el juez federal Daniel Rafecas el pedido de suspender el juicio de extradición, mientras se resuelva si hacen lugar a la solicitud de ser considerados refugiados políticos, según revelaron a Infobae fuentes judiciales.

El primer detenido fue Joelton Gusmão de Oliveira, un ciudadano brasileño de 47 años sentenciado a 16 años y medio de cárcel. El segundo detenido fue Rodrigo De Freitas Moro Ramalho, quien tiene una condena de catorce años de prisión. Fueron sentenciados en febrero pasado por delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño agravado, deterioro de los bienes catalogados y asociación delictiva armada. Sus nombres fueron dados a conocer públicamente por los propios allegados a los detenidos, a través de redes sociales, en donde se los considera “patriotras” y víctimas de una persecución. Los dos estaban viviendo en La Plata.

El tercer detenido -identificado como J.B.C.- también recibió una pena de tres años y medio. De acuerdo a la información de la causa, los registros migratorios muestran que ingresó a la Argentina, desde la República Oriental del Uruguay, en el mayo de 2024. Al momento de su arresto dijo que vivía en Merlo, provincia de Buenos Aires, pero en la audiencia ante el tribunal dijo que se residía en CABA.

A los tres se les había otorgado una morigeración de la detención en Brasil, con tobilleras electrónicas, y tenían prohibido ausentarse de su lugar de residencia. “Sin perjuicio de lo que en lo sucesivo se averigüe respecto de los reclamos administrativos efectuados por esta persona y sobre el modo en que habría logrado egresar del país que dictó la condena, entiende la Sala que la conjunción de todo lo dicho impone homologar la resolución en crisis; pues por el momento no concurren restricciones alternativas capaces de neutralizar los riesgos que se invocaron, de conformidad con lo que establecen los artículos 319 del Código Procesal Penal de la Nación, 210 y 221, inciso ‘c’, del Código Procesal Penal Federal”, sostuvo la resolución que firmaron el jueves los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, tras escuchar en una audiencia los pedidos de excarcelación.

En paralelo al pedido de excarcelación, la defensa de los tres detenidos reclamó formalmente que se suspendiera el juicio de extradición: sostienen que todo debe suspenderse hasta que la CONARE resuelva “de manera definitiva” la solicitud de refugio que tramitaron en el país. “La CONARE como autoridad competente apun no ha resuelto si corresponde o no otorgar el refugio lo que impide que el juzgador avance en el análisis de pedido de extradición. El juzgado está excediéndose en sus competencias legales y contradiciendo la legislación aplicable”, aseguró en una presentación la defensa, según los documentos a los que accedió Infobae. “Nos encontramos en una inferencia indebida del Poder Judicial en competencias administrativas”.

Como representante del país extranjero, el fiscal Carlos Rívolo rechazó el reclamo. “Aún no le fue otorgada la calidad de refugiado político en nuestro país”, contestó. Puntualmente se le pidieron informes a la CONARE para saber en qué situación se encontraba y los datos dieron cuenta sólo del inicio de la solicitud para ser considerados refugiados.

“Al día de hoy, el requerido todavía no reúne la condición de refugiado por cuanto el organismo no se ha expedido sobre el fondo de su pedido ni ha resuelto hacer ese reconocimiento”, subrayó Rívolo en las últimas horas. “Resulta opinión de esta fiscalía que su estado actual es de solicitante y no impide la sustanciación del presente sumario. Es en este sentido que tampoco se encuentra alcanzado por la excepción prevista en el artículo 7 de la ley 26156″, dice le dictamen firmado el jueves al que accedió Infobae.

Ese artículo establece que ningún refugiado, incluido en estos términos al solicitante de asilo, podrá ser expulsado, devuelto o extraditado al país que lo requiera, cuando haya razones fundadas para creer que pueda estar en peligro su vida. Para la fiscalía, ese artículo impide la expulsión pero no avanzar con el juicio de extradición en sí. Por lo tanto, dictaminó para avanzar en la sustanciación de ese proceso.

Desde el año pasado, pero en mayor medida tras la asunción de Javier Milei en la Presidencia, los bolsonaristas ingresaron a la Argentina de manera legal y también algunos de manera irregular para no ser detectados por las autoridades migratorias brasileñas. La Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) otorgó refugios provisorios a estas posibles “víctimas” de persecución política, quienes fueron renovando cada tres meses de manera consecutiva y reservada -para evitar revelar identidades que los exponga a eventuales represalias- sus documentos para permanecer en el país.

No existe un plazo legal preestablecido en el que la CONARE deba decidir sobre una solicitud. No obstante, la resolución debe ser en un plazo razonable. El tiempo que demora en resolver dependerá de la complejidad de cada caso (los casos más evidentes se canalizan a través de un procedimiento acelerado), y de la información y documentación que el solicitante ofrezca.

Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del ex presidente de Brasil, viene cuestionado públicamente las detenciones: afirma que la orden de arresto provino de “un juez vinculado a la izquierda radical argentina” y aseguró que la medida es “ilegal”. Expresó su confianza en que el gobierno del presidente Javier Milei y el canciller Gerardo Werthein “respetarán los derechos” de los detenidos.

Por lo pronto, el tramite ahora avanza hacia el juicio de extradición (uno por cada uno de los arrestados). Se trata de una audiencia a la que convocará el juez Rafecas, en donde Rívolo representará al Estado de Brasil y la defensa de los detenidos. Como en cualquier proceso de estas características, no se analizan las pruebas que llevaron a condenarlo en el país que lo requiere sino las formalidades del procedimiento. El juez puede ordenar o no la extradición. De ser apelada, interviene la Corte Suprema de Justicia. De todas maneras, la decisión final se encuentra en cabeza del Poder Ejecutivo. Aún si la justicia avalara que el implicado fuera entregado a las autoridades del otro país, el presidente tiene la potestad para impedirlo.

A la luz de este proceso, en los tribunales argentinos recordaban ante Infobae el caso del guerrillero Galvarino Apablaza, acusado en Chile de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán ocurrido en 1991 y el secuestro de Cristian Edwards. Su condición de refugiado político fue decidida durante el Gobierno de Cristina Kirchner y revocada en la administración de Mauricio Macri. Su caso fue judicializado. Durante el mandato de Alberto Fernández, el presidente chileno Gabriel Boric, solicitó extraditar a Apablaza.

Su defensa insistió en que se lo siga considerando refugiado. Eso aún está en trámite. En mayo último, una comisión del Gobierno del país vecino estuvo en Buenos Aires para insistir -con el desembarco de Milei- que se avanzará con ese pedido. Se llevaron la promesa de que, apenas la justicia tenga su pronunciamiento, el Estado argentino ordenará la extradición.