En el marco del cumplimiento de una pena a perpetua, la jueza de Cámara Adriana Palliotti rechazó este jueves un nuevo pedido del exrepresor Raúl Antonio Guglielminetti para acceder a prisión domiciliaria. De ese modo, el exagente civil de inteligencia del Ejército Argentino, conocido como “Mayor Guastavino” o “Guastavino” a secas, seguirá cumpliendo sin morigeración su condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
La solicitud para acceder al beneficio fue planteada por la defensa de Guglielminetti en virtud de su edad (83) y sus presuntos malestares físicos dentro de la Unidad 31 de Ezeiza. No era la primera vez que intentaba este recurso, ya que en abril de 2020 la Cámara Federal de Casación Plena, en plena pandemia, había declarado inadmisible otro pedido de similares características.
El exrepresor recibió una serie de condenas por su participación en crímenes de lesa humanidad perpetrados en pleno gobierno militar, como los 25 casos de privación ilegal de la libertad agravada y los 21 hechos de imposición agravada de tormentos cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “Automotores Orletti”.
En efecto, “Automotores Orletti” operó entre el 11 de mayo y el 3 de noviembre de 1976 en la calle Venancio Flores 3519, en el barrio porteño de Floresta. Utilizado por los grupos de tareas como base de operaciones para, entre otras cosas, llevar adelante la Operación Cóndor. El lugar era identificado internamente como OT18 y apodado “El Jardín”, y estaba bajo las órdenes del entonces jefe del Primer Cuerpo del Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason.
Tras el fin de la dictadura, el predio retomó su actividad como taller mecánico durante la década del 90, hasta que en 2006 fue declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La medida buscó garantizar su preservación como espacio para la memoria histórica, en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado.
Guglielminetti también resultó culpable de encabezar detenciones y torturas dentro del circuito represivo “ABO” y en el centro clandestino conocido como La Escuelita, en el Batallón de Ingenieros 188. En ese marco, se acreditó que, durante el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el exespía y agente de tareas detuvo al maestro Orlando Balbo, quien sobrevivió a los tormentos pero quedó sordo. Aquel entonces estaba destinado en la delegación Neuquén de la Policía Federal en representación del Servicio de Inteligencia del Ejército. Además, se lo vinculó con Aníbal Gordon, quien fuera el jefe del grupo parapolicial denominado Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).
En 1985, tras la vuelta de la democracia, fue localizado cerca de Marbella, en España, y detenido por la policía local gracias a información proporcionada por espías argentinos. Extraditado al país, inicialmente enfrentó cargos por delitos comunes como tenencia de armas y cumplió cinco años de cárcel. Sin embargo, evitó ser juzgado por crímenes de lesa humanidad hasta la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2006.
En ese año comenzaron los procesamientos que llevarían posteriormente a las distintas condenas por su autoría en asesinatos agravados -por alevosía y concurso premeditado de dos o más personas-, privaciones ilegítimas de la libertad, vejaciones y otros ilícitos como el de enriquecimiento ilícito durante su período como miembro del Batallón de Inteligencia 601. La última sentencia vinculada a la época de la dictadura militar estuvo en manos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 porteño, que en 2022 le otorgó 10 años de cárcel por su responsabilidad en las retenciones ilegales de nueve víctimas en el marco de una persecución al grupo empresarial “Chavanne-Grassi”.
Así las cosas, tras analizar el requerimiento de la defensa para continuar la ejecución de la pena unificada desde su domicilio, la jueza Adriana Palliotti, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 porteño, resolvió “No hacer lugar al arresto domiciliario solicitado en favor de Raúl Antonio Guglieminetti”. Además, encomendó al Servicio Penitenciario Federal que le realice al condenado “los estudios médicos y controles necesarios -en su caso-, respecto de los padecimientos invocados por su defensa”.
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