La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue sobreseída en una causa penal en la que había sido denunciada por presuntos delitos contra comunidades indígenas para que cesen con reclamos por la titularidad de sus tierras. La jueza federal María Eugenia Capuchetti resolvió archivar la denuncia por inexistencia de delito.
La causa fue presentada por representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en junio de 2019 cuando Bullrich era ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri. Allí se acusaba de haber “orquestado un plan criminal dirigido al ejercicio de la violencia, coacción, amenazas, lesiones, muerte, daños a la propiedad, así como maniobras de espionaje ilegal, sobre distintas comunidades indígenas pertenecientes al pueblo mapuche a fin de que cesaran los reclamos y protestas en torno a la titularidad de las tierras que estos ocupaban para favorecer a negocios inmobiliarios de terceros, empresarios y entidades afines”.
“La investigación se enfocó en una supuesta estrategia de persecución y estigmatización implementada por las autoridades de seguridad desde el 2015 que habría tenido como fin desarticular los reclamos históricos del pueblo mapuche por la recuperación de sus tierras ancestrales, facilitando así la expansión de intereses empresariales. Sin embargo, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Fiscal en su requerimiento de instrucción y tras una exhaustiva labor probatoria, la evidencia recopilada no cumple con los requisitos mínimos para la configuración de un hecho punible”, sostuvo la magistrada en su resolución a la que accedió Infobae.
Explicó que “las acciones del Ministerio se limitaron a intervenir en casos específicos, como denuncias de delitos, que habían sido previamente presentadas ante la justicia provincial. En todos los casos analizados, las actuaciones de las fuerzas policiales federales, dependientes de la citada cartera ministerial, actuaron en coordinación con las fiscalías y juzgados correspondientes”.
La jueza también reseñó que “la acción que se pretende poner en juicio desde el derecho penal, no fue una maniobra coordinada de forma aislada y exclusiva desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, tal como parece plantearse al limitar la denuncia y la acusación a este grupo de funcionarios. La acción que fue coordinada para dar respuesta estatal a una determinada realidad, y que pretende ser aquí tachada de delictiva, importó control de autoridades de distintos poderes de distintas provincias, con distintas jerarquías”.
Junto con Bullrich también fueron denunciados Pablo Noceti, ex jefe de gabinete de ese ministerio; Gonzalo Cané, ex secretario de cooperación con los poderes judiciales, ministerios públicos y legislaturas de ese ministerio; Gerardo Milman, ex secretario de seguridad interior de ese ministerio, y todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y policiales que hubieran participado en los operativos.
La denuncia fue impulsada por la Fiscalía que solicitó una serie de medidas de pruebas. Se pidieron 13 causas judiciales donde se investigaron más de 50 hechos delictivos y se estudiaron los informes realizados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, del Ministerio de Seguridad de la Nación (aportado por diversas administraciones políticas), y lo informado en los expedientes administrativos tramitados contra los integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina y la Prefectura Naval Argentina abiertos en relación a los hechos denunciados.
“El análisis exhaustivo de la prueba colectada ha permitido corroborar la hipótesis inicial de los denunciantes: existe un conflicto arraigado entre las comunidades indígenas y el Estado (tanto nacional, como provincial y municipal) centrado en la disputa por la tenencia de tierras. No obstante, resulta jurídicamente insostenible atribuir responsabilidad penal a las entonces autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación por hechos individuales en los cuales no se ha acreditado su participación directa o indirecta, o en su defecto la existencia de un plan sistemático de vulneración de derechos en los términos sugeridos por los denunciantes y el Ministerio Público Fiscal”, concluyó.
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