El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió al Senado 210 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales de distintas instancias, fueros y localidades para cubrir cargos vacantes en la justicia de la provincia de Buenos Aires. Con estos envíos ya fueron remitidos 400 pliegos para el Poder Judicial en lo que va del año. Ahora será la Cámara Alta de la provincia la que deba analizarlos y decidir si los aprueba para cubrir las vacantes.
Lo que todavía está pendiente -y que requiere un mayor acuerdo político- son las cuatro vacantes que hay en la Suprema Corte de Justicia de la provincia.
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Los pliegos que el Ministerio de Justicia de la provincia, a cargo de Juan Martín Mena, envió al Senado son para cubrir vacantes en las jurisdicciones de Avellaneda, Lanús, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, Lomas de Zamora, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Pergamino, Quilmes, Florencio Varela, San Isidro, San Martín, Trenque Lauquén, Zárate, Mar del Plata, Berazategui, La Plata, y la Cámara de Casación Penal. Son para los fueros penal, laboral, civil, comercial y contencioso. Además que cubre cargos en las primeras y segundas instancias y para juzgados, fiscalías y defensorías oficiales.
La medida fue celebrada por el Poder Judicial que llegó a tener 700 vacantes. “El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires quiere destacar el trabajo de los tres poderes del Estado y, muy especialmente, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Consejo de la Magistratura provincial, con quienes trabajamos hombro con hombro para alcanzar este importante logro”, sostuvo la entidad a través de un comunicado.
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El colegio agregó que “el sistema de justicia bonaerense convivió los últimos años con un grave problema de vacantes judiciales, que llegaron a exceder los 700 cargos, lo que implicó que se hiciera un uso excesivo de las subrogancias y que demandó un esfuerzo desproporcionado de magistrados/as y funcionarios/as” y planteó su “compromiso permanente con el fortalecimiento del sistema de justicia y de calidad de la respuesta judicial”.
Lo que el gobierno de Kicillof tiene pendiente de definición son las cuatro vacantes que hay en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. El máximo tribunal bonaerense viene sufriendo la partida de sus integrantes desde 2020 sin que desde entonces se cubran los lugares.
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En 2020, falleció Héctor Negri, y en febrero de 2021, renunció Eduardo de Lazzari para jubilarse. Ese mismo año, en agosto, también se jubiló Eduardo Pettigiani. Y en junio pasado dejó el cargo Luis Genoud, también por jubilación. Así de los siete cargos que establece la ley hoy solo hay tres ocupados: el presidente del máximo tribunal, Fernando Soria; la vicepresidenta, Hilda Kogan y el ministro de la Corte, Sergio Torres. Torres fue el último integrantes del tribunal en ser designado. Fue en mayo de 2019 tras ser aprobado por el Senado a propuesta de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, Otra máxima autoridad judicial bonaerense que se nombró durante esa gestión fue el procurador general de la provincia, Julio Conte Grande.
La falta de jueces en el máximo tribunal trae problemas de funcionamiento, lo que requirió convocar a una jueza subrogante. Como la ley establece que la Suprema Corte debe estar integrada por siete jueces el número mínimo para poder dictar sentencias es de cuatro. Pero los titulares son tres, por eso como cuarta integrante en calidad de subrogante integra la Suprema Corte la presidenta del Tribunal de Casación Penal, María Florencia Budiño.
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