En el marco de un acuerdo de suspensión de juicio a prueba, la justicia federal de Tucumán determinó que los directivos de la firma “Azucarera J.M. Terán SA”, que explota el ingenio “Santa Bárbara”, deberán abonar una indemnización de 80 millones de pesos por provocar daños ambientales con sus actividades industriales. Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal tras homologar la propuesta presentada por los fiscales Pablo Camuña y Daniel Weisemberg.
Los hermanos Julio José Colombres y José Agustín Colombres, máximos responsables de la empresa azucarera, enfrentaban cargos por contaminar los ríos Chico y Salí-Dulce y violar, de ese modo, el régimen penal de la Ley de Residuos Peligrosos N° 24051, que reprime a todo aquel que, utilizando determinados desechos, “envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente general”.
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Dicha normativa también aclara que cuando esas conductas “se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o, representantes que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir”.
El proceso contó con la intervención de la jueza subrogante Carina Frías del Tribunal de Santiago del Estero, quien a través de su homologación validó la postura acusatoria respecto al acuerdo como una herramienta legal idónea para reparar los perjuicios ocasionados en la comunidad de Santa Bárbara, situada a 100 km al sur de San Miguel de Tucumán.
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Según publicó el portal del Ministerio Público Fiscal (MPF), el dinero será abonado en cuatro cuotas semestrales ajustadas por inflación y se destinará a obras que mejoren la calidad de vida en las zonas afectadas por la contaminación residual, derivada de una operatoria industrial sin los controles y certificaciones ambientales correspondientes.
Si bien los empresarios fueron eximidos de realizar labores comunitarias en virtud de su avanzada edad, deberán implementar una reconversión estructural en sus plantas para adecuarlas a las normativas vigentes. En esa línea, los empresarios dejaron asentado su compromiso para llevar adelante auditorías periódicas dentro del ingenio para lograr procesos productivos más limpios y sostenibles en el tiempo. El propósito, según informó el MPF, tiene como norte reducir la posibilidad de futuros impactos ambientales en la región.
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El expediente tuvo su origen en 2006 por medio del impulso fiscal de Gustavo Gómez, que recibió información de la Dirección de Medio Ambiente respecto a posibles daños ambientales producidos por afluentes líquidos arrojados por la compañía azucarera en el río Chica, que sale al río Salí y desemboca luego en la cuenca del Dique Frontal. Si bien en primera instancia los empresarios resultaron sobreseídos, las actuaciones llegaron hasta la Cámara Federal de Casación, desde donde se dispuso el dictado de una nueva resolución.
La contaminación fue corroborada por diferentes informes y estudios especializados que dieron cuenta de la alteración nociva en el agua. Con ese sustento fáctico, Camuña y Weisemberg promovieron el acuerdo con los imputados para resarcir el daño colectivo. Los hermanos Colombres, por otro lado, firmaron distintos convenios con la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán para recomponer los pasivos ambientales de la zona y contar con un auditor que controle la producción limpia.
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Un caso similar sucedió en septiembre, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal provincial homologó dos condenas de tres años de prisión de ejecución condicional para Alicia Inés Petit, presidenta del directorio del ingenio azucarero La Corona, y Enrique Fausto González, director de la misma empresa. Ambos fueron condenados por haber cometido delitos de contaminación ambiental en la localidad tucumana de Concepción y por afectar la salud de su población durante un periodo que abarca desde 2006 hasta 2017.
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