
En el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación y la Cámara Federal de Casación Penal publicaron los reportes de gestión 2024 de las oficinas judiciales de Salta, Rosario y Mendoza. Allí se destacaron los avances respecto a la celeridad en la tramitación de las causas y su efectividad a la hora de llegar a una resolución.
En el primer semestre del año, la Oficina Judicial Penal Federal de Salta informó que se solicitaron, fijaron y realizaron un total de 1487 audiencias, con un tiempo promedio de 31,6 minutos por audiencia y una duración media de 49,25 días para dar por cerrado el caso.
En la jurisdicción de Rosario, por su parte, entre el 5 de mayo y el 18 de septiembre ingresaron 108 carpetas en la etapa de garantías. De ellas, 39 fueron cerradas y 69 seguían en trámite. Además, se agendaron 157 audiencias, de las cuales se realizaron 140, con una tasa de éxito del 92,7%.

En Mendoza, a un mes y medio de la implementación del nuevo esquema procesal, se registraron 107 solicitudes de audiencias correspondientes a 95 carpetas judiciales, y el 100% de las audiencias programadas se llevaron a cabo exitosamente.
Los voceros judiciales señalaron que la puesta en marcha del sistema acusatorio requirió adecuaciones en infraestructura y personal. En Rosario y Mendoza, estas obras representaron una inversión cercana a los 736 millones de pesos. En Rosario, las mejoras incluyeron la adecuación del edificio de Boulevard Oroño 940, donde se reformaron tres salas de audiencias y se construyó una nueva para el Tribunal Oral Criminal N°3.
En Santa Fe, las obras realizadas incluyeron la mejora de la sala de audiencias y la alcaidía judicial del Tribunal Oral Criminal Federal en la calle Primera Junta 2687, y la reparación de cubiertas en los Juzgados Federales 1 y 2. La inversión total para todo ello fue de $658.887.394.

Asimismo, en la jurisdicción de Mendoza las refacciones incluyeron la puesta en valor de cuatro salas de audiencias en el edificio de España 483 y mejoras en San Rafael y San Juan, con una inversión de $75.933.686,67.
El sistema acusatorio en cuestión comenzó a aplicarse en Salta y Jujuy en 2019, en Rosario en mayo de este año, y en Mendoza en agosto pasado. Su modelo asigna a los fiscales la responsabilidad de investigar y promover las causas judiciales. Además, les otorga mayores facultades para realizar acuerdos de conciliación y reparación integral, con el objetivo de evitar juicios y reducir la carga del sistema penal en casos de menor complejidad. También permite que los fiscales impulsen el decomiso de bienes utilizados en la comisión de delitos.
A su vez, el nuevo Código Procesal Penal Federal, implementado según la Ley 27.063, elimina el expediente en papel, introduciendo la digitalización, el expediente electrónico y la firma digital, lo que agiliza los procesos judiciales. Las audiencias orales se llevan a cabo con la presencia del juez, las partes, el imputado, la víctima y la querella, permitiendo un contacto directo del magistrado con el conflicto. Además, los tiempos para la toma de decisiones se aceleran significativamente.
Entre las claves del sistema se destacan:
- Oralidad: se elimina el expediente en papel, y el juez decide en audiencia.
- Contradicción: las partes presentan sus hipótesis ante un juez imparcial.
- Concentración: se busca la mayor cantidad de actividad procesal en audiencias multipropósito.
- Inmediación: las pruebas se producen en presencia de los jueces.
- Publicidad: las audiencias son públicas, salvo excepciones legales.
- Simplicidad y celeridad: plazos breves y procesos ágiles.
- Desformalización: eliminación de formalismos excesivos.
La implementación del nuevo esquema acusatorio en la Justicia Federal y Nacional Penal avanza de acuerdo al cronograma progresivo estipulado por el Ministerio de Justicia de la Nación, que contempla su extensión en todas las jurisdicciones del país.
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