Causa Polo Obrero: la fiscalía reclama agravar la acusación por asociación ilícita para Belliboni por los negociados con los planes sociales

La Cámara Federal deberá resolver en los próximos días la suerte de la causa conocida como “Polo Obrero”. A fines de julio, el juez Sebastián Casanello procesó al titular de la organización piquetera, Eduardo Belliboni, por administración fraudulenta a raíz del dinero entregado por el Estado a través del programa Potenciar Trabajo. “Se aprovechó la política pública para intereses partidarios”, aseguró el magistrado. Los acusados apelaron y reclaman voltear el fallo por entender que se trata de una persecución política. Aún faltan varias audiencias exponiendo sus argumentos. Pero la novedad vino ahora con la apelación del Ministerio Público Fiscal.

Es que el fiscal Gerardo Pollicita había reclamado que Belliboni no solo responda por el delito de defraudación al Estado, sino también por los aprietes y extorsiones contra los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo que pasaron por su organización. Pero ahora el fiscal ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, fue por más y sostuvo que debe investigarse el delito de “asociación ilícita”, según el dictamen al que accedió Infobae y que está a estudio de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

La causa se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.

Con los allanamientos y la información secuestrada, el juez llamó a indagatoria porque “diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa ‘Potenciar Trabajo’”, afirmó. Y destacó que se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.

Los acusados desfilaron por Comodoro Py y negaron las acusaciones. Aseguraron además que se trata de una persecución política de parte del Gobierno contra las organizaciones populares. Pollicita pidió ampliar la acusación y pidió que Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita que fue responsable de la Secretaría de Economía Social durante el Gobierno de Alberto Fernández, sea citado a declaración indagatoria. Lo acusa de haber encabezado una “matriz de corrupción” que permitió que el Polo Obrero “extorsionara a beneficiarios de planes sociales” y usara el dinero que recibía para financiar sus actividades partidarias.

Por lo pronto, el 29 de julio último, Casanello dictó el procesamiento de Belliboni junto a otras 17 personas. Algunas, acusadas de defraudación -con diferentes responsabilidades-; otras, de “amenazas coactivas”. A Belliboni se lo procesó solo por administración fraudulenta y se lo embargó por $390.000.000, suma equivalente al monto de la facturación presuntamente ilegal. Pero la fiscalía de Pollicita reclamó hacer extensiva para él la acusación por los aprietes y extorsiones. Y la fiscalía de Cámara ratificó ese pedido pero pidió también asociación ilícita.

“Esta representación del Ministerio Público quiere dejar asentado, que conforme a la prueba colectada nos encontramos frente a un grupo de personas que actuaron de manera mancomunada y coordinada con el fin de cometer diferentes delitos. Las distintas acciones desplegadas y reiteradas en el tiempo encuentran subsunción legal en los tipos penales de administración infiel, coacción y extorsión. Y a criterio de esta Fiscalía General daría lugar a la imputación respectiva como integrantes de una asociación ilícita”, dice el memorial al que accedió Infobae presentado esta semana.

Según afirmó, “ese designio criminal tuvo por norte distraer los recursos recibidos del Estado Nacional con un fin específico signado por el desarrollo y concreción de diferentes cursos de acción en el marco del programa Potenciar Trabajo, para aplicarlos a objetivos ajenos al mismo. Esta acción criminal no pudo prosperar sin la omisión de parte de funcionarios públicos de velar por la correcta adjudicación y el debido control de los requisitos establecidos para el normal desarrollo de las medidas previstas en el programa. Además, amenazaron a distintos beneficiarios del plan con darlos de baja del plan, concedido por el Estado y controlados por los aquí imputados”.

Para Agüero Iturbe, “el amalgamiento de las distintas aristas del suceso bajo el único encuadramiento de una maniobra defraudatoria contra el patrimonio del Estado, desatiende que la real dimensión de los hechos también contiene una grave afectación tanto a la libertad de los beneficiarios —que se vieron obligados bajo amenaza a entregar dinero a la organización y a concurrir a movilizaciones—, como al patrimonio individual de las personas vulnerables, quienes como consecuencia de esta actuación vieron una disminución perjudicial del Salario Social Complementario que percibían directamente en sus cuentas bancarias proveniente del Estado Nacional”. Según sostuvo, la amenaza de “quitarles la asistencia alimentaria, no debe, ni puede, ser englobado como constitutivo de la administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional, sino que constituye hechos independientes que encuadran en los tipos penales de amenazas coactivas y extorsión, los que concurren en forma real entre sí”.

Para el Ministerio Público, la prueba encontrada demuestra que existió una “pirámide organizacional” conformada por los imputados que, de modo generalizado, sistemático y organizado, realizó las prácticas coactivo-extorsivas “institucionalizadas” apuntadas contra una gran cantidad de víctimas, de las que los únicos beneficiarios —tanto del dinero como de las movilizaciones— eran las máximas autoridades de la organización investigada. Y por ello los hechos deben encuadrarse en la figura de asociación ilícita. “Surge de todo lo visto una pluralidad de planes delictivos que no se agotaron en una conducta determinada” y “un acuerdo de voluntad, permanencia en el tiempo y con organización determinada”, resaltó.

La postura de los acusados

Para el Polo Obrero, “a esta altura parece una competencia por profundizar el ataque a las organizaciones piqueteras y de lucha”. “El escaso rigor en la valoración de los hechos, que se ventilan en la causa, revela que el verdadero objetivo de la acusación de “asociación ilícita” es la ilegalización de todos los movimientos de lucha, es la criminalización de la protesta social. La defensa del Polo Obrero es una cuestión vital para todos los explotados y para quienes defienden las libertades democráticas”, se aseguró.

Esta semana, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal escucharon a las defensas de dos mujeres de Barrios de Pie y al encargado de la imprenta que quedó bajo sospecha. En las próximas audiencias que tendrán lugar en septiembre desfilarán los acusados del Polo Obrero.

Los acusados rechazan las imputaciones y reclaman la nulidad de los procesamientos: denuncian irregularidades y la afectación a los principios de inocencia, legalidad, debido proceso, defensa en juicio, no discriminación e igualdad ante la ley. Afirman que los denunciantes “fueron incitados a declarar personalmente” y que se hizo “un trabajo de inteligencia sobre las organizaciones y de presión y rastrillaje para recabar los testimonios”. “Reclamamos el sobreseimiento de la totalidad de los compañeros, como parte de la campaña para frenar la represión y criminalización de la protesta social que viene llevando adelante este Gobierno”, dijeron.

La definición a la hora de evaluar las pruebas y definir el rumbo de la causa está en manos de la Sala I de la Cámara Federal porteña. De ahí dependerá si se inclinan por lo expuesto por las defensas o si, como pretenden los acusadores, se amplían las imputaciones y también se avanza sobre la pata política de la causa contra Pérsico, líder del Movimiento Evita que fue responsable de la Secretaría de Economía Social durante el Gobierno de Alberto Fernández.