El juez Casanello procesó a Belliboni por los negociados con los planes sociales

El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes al titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por administración fraudulenta a raíz del dinero entregado por el Estado a través del programa Potenciar Trabajo. Esos fondos fueron desviados para fines partidarios, según el fallo al que accedió Infobae. Se le dictó además un embargo por $390 millones. “Se aprovechó la política pública para intereses partidarios”, aseguró el magistrado.

El procesamiento alcanzó Belliboni, Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La decisión alcanzó además a María Isolda Dotti y Gianna Puppo: para ellas, el procesamiento no solo fue por defraudación sino también por “amenazas coactivas”. A Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia las acusan de ser autoras de amenazas. También fueron procesados Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas.

El juez le prohibió a Belliboni la salida del país y la entrega del pasaporte, la orden de presentarse todos los meses en el juzgado y la obligación de no concurrir a los comedores sociales que están bajo investigación. Lo mismo para Centanni, Lubenfeld, Ortíz, Coego y Mamani. Se mantienen vigente la inhibición general de bienes respecto del patrimonio, el congelamiento de los productos bancarios y de las cuentas CVU registradas, y el bloqueo al acceso a las cajas de seguridad de las personas físicas, de la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor Ltda., y de la firma Ediciones e Impresiones Rumbos SRL.

“Se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (político-partidaria). En ese marco, el Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron. Así, no sólo se incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio a las arcas del Estado (pues invirtió dinero en actividades que, en muchos casos, no se realizaron ni ofrecieron), sino que, además aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa”, dice la resolución de Casanello a lo largo de 168 páginas.

Y añadió: “Los chats grupales aportados por los denunciantes, el contenido de la extracción de los celulares de los imputados y la documentación secuestrada revelaron que las prácticas que los encargados de los comedores les exigieron a los beneficiaron del plan no tenían que ver con el objetivo de la política pública”.

La causa se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.

Con los allanamientos y la información secuestrada, el juez llamó a indagatoria porque “diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa “Potenciar Trabajo””, afirmó. Y destacó que se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.

Los acusados desfilaron por Comodoro Py y negaron las acusaciones. Aseguraron además que se trata de una persecución política de parte del Gobierno contra las organizaciones populares.

El último día antes del inicio de la feria judicial de invierno, el fiscal Gerardo Pollicita pidió ampliar la acusación y, tal como detalló Infobae, pidió que Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita que fue responsable de la Secretaría de Economía Social durante el Gobierno de Alberto Fernández, sea citado a declaración indagatoria. Lo acusa de haber encabezado una “matriz de corrupción” que permitió que el Polo Obrero “extorsionara a beneficiarios de planes sociales” y usara el dinero que recibía para financiar sus actividades partidarias.

Esa cuestión será ahora analizada por el juez Casanello, que -por lo pronto- esta mañana, al reanudarse la actividad judicial, firmó el procesamiento de Belliboni y el resto de los implicados. Para el juez, “ha quedado demostrado que las personas nombradas, que tenían a su cargo la administración de tales fondos, se apartaron de las obligaciones asumidas y los aplicaron a una finalidad distinta”.

El juez afirmó que “el desvío de la finalidad del convenio celebrado entre las referidas unidades de gestión y el ex-Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no se circunscribió únicamente al uso indebido y con fines particularizados de los fondos recibidos en concepto de subsidio institucional”. Hubo una segunda parte que se plasmó “a partir de un aprovechamiento de la posición de poder en que se encontraban respecto de los beneficiarios del programa social, a quienes se les impuso el cumplimiento de una serie de exigencias, bajo la advertencia de perder la ayuda estatal, que no tenían que ver con el objetivo de promover su inclusión social y/o contribuir al mejoramiento de su empleabilidad”.

“Nuevamente se puso de manifiesto aquí el propósito de financiar y robustecer la actividad político–partidaria. Es la contracara del primer desvío, pues el desfinanciamiento de la unidad de gestión implicó hacer a un lado la contraprestación y reemplazarla, sustancialmente, por la obligación de marchar bajo la bandera del Polo”, añadió el juez.

En la misma resolución, el juez se declaró incompetente y envió a la justicia electoral las pruebas en torno a que se obligó a los asistentes del comedor “La Carbonilla” para que votaran a Vanina Biasi, candidata del Partido Obrero, en las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias desarrolladas en el año 2023, a través de diversos mensajes enviados el día 13 de agosto de ese mismo año por medio del grupo de WhatsApp que integraban junto a ellos, denominado “Polo Obrero Carbonilla”.