Representándose a sí mismo, el padre Grassi le dijo a los jueces que está preparado para la reinserción en libertad: “Soy inocente”

En una audiencia cargada de tensión, el padre Julio César Grassi (68), condenado a 15 años de prisión por dos hechos de abuso sexual infantil y corrupción de menores agravados, le pidió esta mañana a los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón que le permitan salir en libertad condicional. Afirmó que tiene “contención familiar y económica”, subrayó los estudios que hizo desde la cárcel y afirmó que está preparado para la reinserción.

“Soy inocente, y estoy respetando lo que la ley me está pidiendo”, le dijo a los jueces. “Tengo un sentimiento genuino de ser inocente, porque soy inocente, y estoy respetando lo que la ley me está pidiendo -para acceder al beneficio de la libertad condicional”.

Desde la cárcel de Campana, donde está alojado, el sacerdote habló por zoom ante los integrantes de la audiencia. Lo escuchaba el abogado Juan Pablo Gallego, querellante en la causa por el Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Argentina (Casacidn), quien se opone a la salida en libertad. También se opondrá el particular damnificado Sergio Piri, en representación de la víctima conocida como Gabriel. Grassi se defiende solo, ya que en la cárcel se recibió de abogado. El Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón está integrado por la jueza Mariana Maldonado y los jueces Juan Carlos Uboldi y Claudio José Chaminade, y la fiscalía de ejecución está en manos de Mario Ravizzini.

A cuatro años de cumplirse la totalidad de la pena, el Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón analiza desde las 11 el pedido de libertad anticipada presentado por el padre Julio César Grassi.

Para fundamentar su petición, Grassi citó casos concretos de orden internacional donde hubo presos por “error judicial que pueden llevar a una persona a la cárcel”. También dijo que el informe psicológico que se le realizó en este incidente “no dice que tengo una actitud donde considere que los delitos -de abuso- están bien. Todo lo contrario, yo he militado en mi acción como sacerdote contra todo tipo de maltrato frente a los niños y los adolescentes y las personas mayores. No es mi actitud decir que esos delitos están bien, para mí son aberrantes y los repudio. Y lo he demostrado con las acciones pastorales y educativas que he realizado”.

Entre los requisitos legales para acceder a la prisión domiciliaria se encuentra un informe que documente la capacidad del preso para lograr una adecuada reinserción laboral en la sociedad. Grassi expresó que en libertad condicional trabajaría en temas pastorales ligados a personas detenidas. También el solicitante debe proponer un domicilio para demostrar “arraigo”, que para el cura estaría fijado en una quinta de José C. Paz perteneciente a un militar allegado a su hermano.

“Estoy preparando un proyecto de vida distinto”, dijo el cura al hablar de sus actividades ante una eventual salida. “Sé que las cosas que no pueden seguir como antes, y siendo inocente, tendré que buscar otras actividades dentro de la pastoral. Yo ya manifesté que quería hacer algo en beneficio de los presos. Empecé a estudiar abogacía, después una diplomatura y una pastoral carcelaria en la Conferencia Episcopal Argentina, además de todos los estudios que fui haciendo, inclusive de escribanía para poder ayudar dentro del mundo de la pobreza que puede tener inconvenientes con su propiedad”, agregó.

Luego expresó: “El abuso siempre representa una actitud de poder y de daño de una actitud contra una persona débil, y nada de eso ha ocurrido. He cumplido la progresividad de una manera muy clara durante todo este tiempo. A nivel social y familiar tengo contención, y a nivel psicológico no tengo ningún tipo de problema, según lo manifestó el psicólogo, que habló de resiliencia y lenguaje lógico”.

Y añadió: “tienen que estar tranquilos ustedes que voy a ser útil a la sociedad, llevando nuevas ideas en el área de derecho en ejecución penal, si la iglesia me lo permite, porque la iglesia dirá si me traslada a un lugar o a otro... Y estaré ayudando, porque mi esencia es ayudar y tratar de cumplir mi vocación de sacerdote, ahora en este momento como abogado y defensor de pobres”.

A su término, el fiscal se negó a la concesión del beneficio por considerar que el condenado “no reconoce sus acciones transgresoras” al continuar considerándose como inocente. También mencionó la “gravedad de la condena” y la “reinterancia delictiva” -el condenado fue sometido a otros procesos penales- como otros obstáculos para su salida. Luego, el representante de la víctima, Sergio Piris, calificó a Grassi como una persona que se cree “omnipotente” y que “no recapacitó en absoluto durante el encierro”. “Grassi no cambió en nada. Cuatro instancias dijeron que es culpable de un delito, y parece que no entendió la situación en absoluto, por lo cual no puede reinsertarse en la sociedad por su forma de ser”, señaló.

Cada parte tuvo 15 minutos para exponer su postura. Grassi utilizó al menos el doble en su alegato. Después del abogado de Gabriel tomó la palabra el querellante Gallego, quien se opuso con vehemencia al planteo del clérigo en virtud del “daño tremendo que ha causado”. “El informe criminológico lo destrozó, y él se negó a hacer el informe psicológico. Aunque estamos viendo una pericia en vivo, estamos viendo a un monstruo en directo”, manifestó.

“Esto es un disparate y no debe ocurrir -dijo el letrado respecto a la solicitud-. Grassi ha autodemostrado que no está apto para su reinserción. El casso Grassi es un peligro, va a ser como el caso de Robledo Puch, y en cuatro años -cuando cumpla sus 15 años de condena- va a ser un problema”. Más tarde concluyó: “Grassi es un delincuente sexual que destruyó la vida de los menores a su cargo. (...) No entendió nada, se sigue burlando de la víctima y no considera el daño que acusó y el que puede causar”.

La jueza Maldonado, presidenta del tribunal oral, quien condujo la sesión ante una sala llena de cámaras y periodistas, resolvió dictar un cuarto intermedio para tomar una decisión junto a sus colegas a las 13.30.

La condena a 15 años de prisión del cura mediático se conoció el 10 de junio de 2009, luego de nueve meses de debate y el testimonio de 130 testigos. Grassi había llegado imputado por 17 hechos, pero los jueces lo encontraron “autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima, reiterado en dos hechos, en concurso real entre sí, que a su vez concurren formalmente con corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda”. Estos ilícitos, cometidos en la fundación, fueron perpetrados “en fecha indeterminada, en la mañana de un día sábado o domingo de la última quincena del mes de noviembre de 1996 y el 7 de diciembre de 1996, en la localidad y partido de Hurlingham (...) en perjuicio de O.A.A.”.

En 2010, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense desestimó las impugnaciones y confirmó la sentencia condenatoria. Tres años después, la Suprema Corte de Justicia provincial rechazó los recursos extraordinarios y luego la Corte Suprema, en 2017, dejó firme la condena tras declarar inadmisible un planteo presentado por la defensa del religioso. Con la firmeza del caso, se realizó el cómputo de la pena, que se fijó hasta agosto 2026 por aplicación del instituto procesal conocido como “dos por uno”.

Apelación mediante, ese cálculo quedó bajo revisión de la Cámara de Apelaciones de Morón, que en junio del año pasado declaró la inaplicabilidad de ese beneficio y ordenó fijar la culminación de la condena para el 30 de mayo del 2028, computada desde la detención del cura en 2013.

Así las cosas, el padre Grassi ejerce este jueves su propia defensa para argumentar sus razones respecto del pedido que le dirigió al presidente del tribunal con el fin de que “dicte resolución concediendo mi libertad condicional a la cual me asiste derecho a partir del día 24 de mayo de 2023″. El Código Penal, en su artículo 13, establece que los condenados a prisión por más de tres años con dos tercios de la pena cumplida “podrán obtener la libertad por resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento -penitenciario- e informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social”. Ese cuerpo legal también aclara que este beneficio no se aplica para los delitos contra la integridad sexual.

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