La Corte Suprema de Justicia convocó al ministro de Economía, Luis Caputo, y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para participar de una audiencia el próximo 22 de agosto en el marco de la causa por el conflicto de coparticipación entre Ciudad y Nación que nació en el gobierno de Alberto Fernández, revelaron a Infobae fuentes judiciales.
Según pudo confirmar Infobae, la reunión, de la que no participarán los jueces del máximo tribunal, será encabezada por el secretario de Originarios de la Corte Suprema Alejandro Rodríguez. Fue fijada para el próximo 22 de agosto de 2024, a las 11.
Todo se enmarca en la demanda que inició el gobierno porteño en septiembre del 2020, cuando el entonces jefe de Gobierno demandó al Estado Nacional de Alberto Fernández invocando la inconstitucionalidad del decreto dictado 735/20 que redujo el porcentaje de fondos que le corresponden en la coparticipación de recursos públicos.
Puntualmente, la Ciudad reclama que se restablezca en forma inmediata su derecho a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5% originado en el “Consenso Fiscal”, ratificado por la ley 27.429 y por el decreto 257/18 y se ordene la restitución de los ilegítimamente retraídos, con intereses. A su criterio, la Casa Rosada no podía “modificar unilateralmente” el monto de fondos coparticipables que le correspondía, dado que éste fue siempre establecido mediante el acuerdo de la CABA con el Estado Nacional. También se sostuvo que esos acuerdos deben ser ratificados por la vía legislativa.
A fines del 2022, la Corte Suprema hizo lugar a una medida cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires y ordenó que el Estado Nacional le entregue el 2,95% de la masa de fondos definida en el artículo 2° de la ley 23.548, que le fuera reducida primero por un Decreto del Presidente Alberto Fernández, y luego por ley sancionada en el Congreso de la Nación. A inicios del 2023, el Gobierno Nacional impulsó un juicio político contra los jueces de la Corte Suprema y el fallo no fue acatado.
Con la gestión de Javier Milei, el gobierno de Jorge Macri esperó avances en las negociaciones. Recién hubo novedades el 19 de julio pasado cuando tanto Caputo y Jorge Macri mantuvieron una reunión en la sede del Palacio de Hacienda. “A partir del 1° de agosto se empezará a cumplir la cautelar de la Corte”, dijo Macri en la puerta del ministerio, tras el encuentro con la subsecretaria de Coordinación Fiscal provincial, Valeria Sánchez, por el gobierno nacional, y el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo.
Sin embargo, ese compromiso se cumplió de una manera que el gobierno porteño no estaba de acuerdo. Según señalaron desde ése área, hay tres puntos clave. En primer lugar, Nación decidió que la diferencia entre ambos porcentaje se pagará de manera semanal y no por “goteo” diario, como lo dispuso la sentencia de la Corte Suprema que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner incumplió. Es un esquema con el que CABA no está de acuerdo, porque considera que debe respetarse el sistema vigente para todos los distritos, es decir mediante transferencias diarias. La administración central quiere, además, transferir el monto extra no como parte del volumen total de la coparticipación, sino como una trasferencia aparte que de manera discrecional se asigna a las arcas porteñas. Y porque todavía no se presentó ningún borrador para devolver unos USD 4.000 millones que fueron retenidos por la Presidencia anterior.
Lo cierto es que el jueves pasado la Procuración porteña le mandó una nota a la Corte Suprema en la que se plantea que la Nación persiste en el incumplimiento y también se reitera el urgente pedido de efectivización de la medida cautelar que ordena al Gobierno Nacional cumplir con el “goteo” automático del 2,95% de los fondos coparticipables, señalaron las fuentes consultadas por Infobae. El último viernes, Nación volvió a transferir “de manera discrecional, unilateral e inconsulta” otros 20 mil millones de pesos, trascendió.
En ese contexto, llega la convocatoria de la Corte Suprema, vía la secretaría de asuntos originarios, para que las partes se encuentren en un ámbito de mediación. Así como sucedió durante las audiencias que tuvieron lugar cuando se inició la causa, durante los gobiernos de Alberto Fernández y Horacio Rodriguez Larreta, los jueces de la Corte Suprema -que resuelven sobre el fondo de la cuestión sin no hay acuerdos- no estarán presentes en esas disertaciones.
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