
El ex jefe de Gabinete de la Nación Aníbal Fernández declaró hoy en el juicio oral por las presuntas irregularidades en el contrato firmado en 2009 entre el gobierno de Cristina Kirchner y la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) por el programa “Fútbol para Todos” para la transmisión gratuita de los partidos de fútbol y dijo que desde su función no tenía que controlar los fondos públicos.
“La Jefatura de Gabinete no tenía poder de auditoría. Los fondos van a la AFA y la AFA sabrá lo que tiene que hacer con sus fondos”, sostuvo Fernández en su indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py.
El ex funcionario también señaló que el contrato era con la AFA y no con clubes: “Los clubes no existen en el acuerdo. Los fondos van a la AFA y la AFA sabrá lo que tiene que hacer con sus fondos. Los fondos quedan sometidos a los controles administrativo y judicial. Administrativo olvídense que no tienen ninguna posibilidad de ser y los controles judiciales imagino que podrán ser en tanto y cuanto sean los controles jurisdiccionales”.
Por otra parte señaló que el acuerdo con la AFA fue una decisión política del gobierno de Cristina Kirchner y que la compartió y firmó el contrato aunque no lo había leído. “¿Por qué yo firmo esto que no estaba ni pensado, no lo había ni leído? El día anterior a la firma no vi una coma. Lo hago porque no me voy a ir porque formo parte de un gobierno, segundo porque la decisión de la presidenta de la nación tomaba me daba satisfacción, tercero porque tenía dictamen de la Secretaria de Legal y Técnica y con su dictamen tenía todos los elementos. Y como administrador general del país me correspondía la firma y además estaba de acuerdo con esa decisión política”, declaró Fernández.
Luego insistió que el control sobre el destino de los fondos era de la AFA, entonces a cargo del fallecido Julio Grondona. “Cuando la AFA percibe los fondos dejan de ser públicos. La AFA tiene la plena facultad de disponer de ese dinero. La jefatura nunca se comprometió con los clubes. Los clubes no son parte del contrato. Para la AFA distribuir los fondos en los clubes tiene la misma característica que puede tener el pago de los impuestos, de los sueldos a sus empleados, el pago de la deuda a los proveedores”, sostuvo el ex funcionario.
El juicio comenzó a principios de julio y son juzgadas 14 personas, entre ex funcionarios nacionales, dirigentes del futbol argentino y empresarios- por incumplimiento de los fines del contrato en el programa “Fútbol Para Todos”, dependiente de la entonces Jefatura de Gabinete, y por maniobras de desvíos de fondos del Estado Nacional a cuevas financieras, mediante maniobras que se habrían dado entre agosto de 2009 y diciembre de 2015.

Junto con Fernández también están acusados el ex jefe de gabinete Jorge Milton Capitanich; el excoordinador del programa, Gabriel Mariotto; los exdirectivos de la Asociación de Fútbol Argentino Luis Segura (expresidente), Miguel Ángel Silva (exsecretario general) y Rubén Manuel Raposo (exadministrador financiero); los exdirectivos de Futbolistas Argentinos Agremiados Carlos Alberto Pandolfi (extesosero), Raúl Pagano (exgerente financiero), Sergio Raúl Marchi (exsecretario general), Norberto Francisco Monteleone (exgerente general); el expresidente de la firma Iveco, Natale Antonio Rigano; y los directivos de las entidades crediticias Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Amigal Limitada y Grupo Climafin, Eduardo Fortunato Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Daniel Dávola. También se encontraban acusados los ex directivos de la AFA Rafael Armando Savino y José Lemme, quienes fallecieron.
Los acusados llegaron a juicio por el delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública -Segura y Fernández en calidad de autores y el resto en calidad de partícipes necesarios-, a excepción de Capitanich, quien está imputado por el delito de violación de los deberes de funcionario público en calidad de autor.
Capitanich, ex gobernador de Chaco, fue el primero en declarar en el juicio oral. “El Estado asignaba recursos para garantizar la gratuidad de la transmisión de los partidos. Era una atribución del Poder Ejecutivo Nacional. Fue una decisión política no judiciable. “La relación nuestra era con la AFA y no teníamos ninguna vinculación con los clubes”, había dicho en la misma línea que Fernández.
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