Hay 90 postulantes para ocupar un cargo clave en la justicia federal

La justicia federal de Mendoza espera para las próximas semanas avances en la cobertura de vacantes. Se trata de un distrito clave porque es el próximo en el que el gobierno nacional pondrá en marcha el sistema acusatorio en el que las causas pasan a ser investigadas por los fiscales con plazos más breves de investigación.

Por un lado, 90 postulantes se inscribieron para concursar para ocupar el juzgado federal 1 de Mendoza. Es un lugar clave porque no solo tiene a sus cargo las causas por crimen organizado, sino que es el juzgado electoral de la provincia. Hasta mayo del 2023 estuvo a cargo de Walter Bento cuando fue suspendido en el cargo y enviado a juicio político. Y en noviembre pasado fue destituido y detenido por el presunto cobro de coimas para favorecer a acusados en sus causas.

Y también el próximo miércoles el Consejo de la Magistratura de la Nación tratará el concurso para cubrir tres vacantes en la Cámara Federal de Mendoza. Se trata de la mitad de los cargos del tribunal que tiene dos salas con tres jueces cada una. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo, Horacio Rosatti, viajó la semana pasada a la provincia y el jueves se reunió con los integrantes de la Cámara.

Rosatti visitó a los jueces Gustavo Castiñeira de Dios, Juan Ignacio Pérez Curci, y Manuel Pizarro. El tema central fue la implementación en la jurisdicción de Mendoza del sistema acusatorio. La jurisdicción abarca a Mendoza, San Juan y San Luis. Allí comenzará a regir a partir del próximo cinco de agosto, tal como ya adelantó el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona. Ese sistema comenzó a regir este año en Santa Fe y desde 2019 se implementó en Salta y Jujuy. El objetivo es llevarlo a todo el país de manera escalonada.

Para eso es clave la cobertura de las vacantes de jueces. Para eso el próximo miércoles el Consejo tratará en su reunión plenaria el concurso 409 para cubrir las tres vacantes en la Cámara. Si el concurso se aprueba los ternados pasarán al Poder Ejecutivo para que se elijan los nombres y se los envíe al Senado para su designación formal si cuentan con el aval de la cámara alta.

En tanto, el Consejo también tramita el concurso 501 para cubrir la vacante de Bento. En un principio de anotaron 140 personas pero confirmaron 90 que son los que harán el examen escrito. Eso será el próximo 2 de agosto a las 10 horas en un lugar que deberá definir la Comisión de Selección del Consejo que preside la abogada Fernanda Vázquez. Con los resultados de los exámenes más el puntaje por antecedentes y la entrevista personal se hará el orden de mérito provisorio para continuar con el concurso.

Según publicó el diario “Los Andes” entre los 90 inscriptos hay gente vinculada a la política. Uno de ellos es Juan Manuel González, fundador de “La Cámpora” en Mendoza y pareja de Mercedes Rus, ministra de Justicia y Seguridad del gobierno de Alfredo Cornejo. También Marisa Uceda, ex diputada nacional del Frente de Todos, y Carlos Blanco, asesor de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Además hay secretarios de la fiscalía federal que acusa Bento en el juicio oral.

Bento comenzó a ser juzgado en septiembre del año pasado por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito porque se lo acusó de cobrarle coimas a acusados en causas a su cargo a través de abogados para beneficiarlos con resoluciones judiciales. El proceso está en la etapa de declaración de testigos y se espera que para fin de año o comienzos del próximo se inicien los alegatos.

Por esa causa, Bento fue suspendido en mayo del año pasado en el cargo y enviado a juicio político por mal desempeño. Y en noviembre pasado el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo destituyó por seis votos a uno. Quienes votaron por la destitución fueron el juez Javier Leal de Ibarra; los senadores Daniel Bensusán (del Frente de Todos) y José Torello (del PRO y ex funcionario del Gobierno de Mauricio Macri); las diputadas Anahí Costa (del Frente de Todos) y Ana Romero (del PRO); y el abogado Alfredo Barrau. En tanto, el juez Javier de la Fuente, en minoría, se inclinó por rechazar las acusaciones.

La mayoría entendió que Bento cometió cinco hechos de mal desempeño: realizó maniobras para entorpecer la causa penal en su contra; vendió un inmueble y omitió declarar que era una persona políticamente expuesta y así evitar embargos judiciales; obtuvo “inescrupulosamente” un crédito hipotecario cuando ya tenía propiedades y para otros fines de los que lo solicitó; omitió incorporar en sus declaraciones juradas de 2005 a 2020 dos bicicletas y un reloj Rolex; y se inscribió en un concurso público para ser juez de la Cámara Federal de Casación Penal cuando sabía que no cumplía los requisitos para hacerlo. Esas fueron las cinco causales por las que el juez fue destituido.

Bento estaba procesado en la causa penal con prisión preventiva pero no podía ser detenido por sus fueros como juez. Al ser destituido los perdió y ese mismo día quedó detenido. Desde entonces está preso en la cárcel federal de Cacheuta.

La defensa de Bento, a cargo del abogado Mariano Fragueiro Frías, apeló el fallo del Jurado para que intervenga la Corte Suprema de Justicia.