Los docentes anunciaron un plan de lucha desde el lunes próximo: qué medidas incluirá además del paro de 24 horas

Los reclamos salariales son el principal motivo de las acciones resueltas por los gremios educativos de la CGT, liderados por UDA, y por CTERA, que exigen al Gobierno la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional del sector

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Aulas vacías, la postal que repiten en todo el país los paros de los sindicatos docentes
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Los sindicatos docentes reanudarán las protestas desde la semana que viene y durante todo el mes de agosto: el lunes 3 habrá un paro nacional de 24 horas en todas las escuelas dispuesto por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), mientras que los gremios educativos de la CGT comenzarán ese mismo día un plan de lucha sin huelgas que consistirá en trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa a los alumnos y, como cierre, una movilización ante el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación.

El conflicto no es nuevo, pero se agudizó luego de la tregua que impuso el Mundial de Fútbol a partir de la negativa del Gobierno en convocar a la Paritaria Nacional Docente, lo que mantiene el sueldo mínimo del sector en 500 mil pesos desde hace un año.

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El paro nacional de CTERA, que lideran Sonia Alesso y Roberto Baradel, fue votado este miércoles por un congreso del gremio para protestar contra “el ajuste en la educación que impulsa el gobierno nacional”.

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Roberto Baradel secretario adjunto de CTERA, en una marcha en defensa de la educación pública

Además de la negativa a convocar a la Paritaria Nacional Docente, que CTERA definió como “el ámbito previsto por la legislación vigente para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”, el sindicato denunció “el desfinanciamiento del sistema educativo, la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos y el incumplimiento en la restitución del FONID y de fondos nacionales destinados a educación”.

Entre sus reclamos, exigió la convocatoria urgente a la paritaria, un aumento salarial, la restitución y pago inmediato del FONID y la sanción de una nueva ley de financiamiento educativo. Además, rechazó una eventual reforma jubilatoria y el proyecto de ley de Libertad Educativa que promueve el Gobierno, y reclamó más inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.

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Por su parte, la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), avanzará desde el lunes con un plan de lucha que no incluirá paros y que contemplará medidas de fuerza “distintas”.

Sergio Romero, líder de UDA, en la CGT
Sergio Romero, líder de UDA, con Jorge Sola y Carlos Acuña

Entre las protestas previstas para todo el mes de agosto por UDA y CEA (Confederación de Educadores Argentinos), entre otros gremios, figuran el trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa a los alumnos, “semaforazos” en las esquinas para visibilizar sus reclamos, volanteadas en distintos puntos del país y, como cierre, una movilización ante el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación.

El detalle de las acciones de los sindicatos docentes agrupados en la CGT se anunciará en una conferencia de prensa que tendrá lugar el próximo lunes, a las 14, en la sede cegetista de Azopardo 802, donde Sergio Romero explicará los motivos que llevaron al plan de lucha.

De todas formas, trascendió que los gremios docentes de la CGT evaluaron que sería un riesgo para los maestros ir a un paro nacional ya que rige la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que obliga a la educación, como servicio esencial, a mantener un 75% de actividades mínimos en caso de huelga y desobedecer la norma permitiría a las autoridades aplicar duras sanciones.

Si bien la aplicación de esa disposición respecto del sector docente fue frenada cautelarmente por el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 74, que suspendió la declaración de esencialidad de la educación mientras se tramita el proceso judicial promovido por sindicatos docentes, la apelación efectuada por el gobierno nacional mantuvo la vigencia del límite al derecho de huelga.

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