La Procuración de Investigaciones Administrativas ordenó rastrear los contratos sospechosos entre el Gobierno y la OEI

Mientras el fiscal federal Ramiro González pidió informes a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en el marco de la causa que investiga la contratación de personal en el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) decidió avanzar con la recolección de documentación a una quincena de reparticipaciones públicas que también habrían llevado adelante ese tipo de convenios.

Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, la fiscalía que comanda Sergio Rodríguez pidió datos a distintas reparticiones: no solo al Ministerio de Capital Humano, donde se generaron las sospechas que denunció la propia subsecretaría legal de la cartera, Leila Gianni. También se solicitaron informes a la jefatura de Gabinete, al consejo asesor de la Jefatura, al área de Obras Públicas, Cultura, el Ministerio de Mujeres, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la ANSeS, el Sedronar, la Agencia de Acceso a la Información Pública, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

“La mayoría de las reparticiones ya enviaron gran parte de la documentación, así que comenzaremos a analizarlo”, señalaron fuentes consultadas por Infobae.

Se trata de los contratos firmados, los convenios que lo hicieron posible, el detalle del dinero que implicó esos acuerdos y cómo fueron justificados. La PIA pone la lupa en la generación de los expedientes administrativos que hicieron posible todos estos acuerdos. Y también en qué sumarios y sanciones impulsó el ministerio de Capital Humano antes de denunciar esos convenios sospechosos, cuando estalló el escándalo de los alimentos almacenados en los galpones y terminó echado el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia Pablo De la Torre.

Gianni afirmó que a fines de mayo Federico Fernández, un funcionario de la Secretaría, se presentó para contar que en una reunión en enero un grupo de otros funcionarios había decidido contratar personal a través de la OEI y que el dinero que se cobraba se pasaba a dólares y que parte era para De la Torre. La sospecha era que había contrataciones falsas para cobrar ese dinero. “Nos cuenta que había muchas personas que por temas impositivos no podían facturar. Entonces buscaron a otras que facturen en su nombre. Así, la OEI les transfería a esos consultores, previa certificación de servicios de funcionarios de la Secretaría de Niñez. Los consultores cobraban en pesos, lo sacaban de la cuenta y lo cambiaban a dólares a fin de reducir el volumen de billetes a entregar. Este dinero se lo entregaban a algunos funcionaros que cambiaban el dinero a dólares y luego lo distribuían, una parte se la entregaban a De La Torre”, dijo Gianni en su declaración.

Tras el sorteo de la denuncia que recayó en manos del juez Ariel Lijo, el fiscal González impulsó la causa: “el objeto procesal de autos se centrará en investigar las distintas contrataciones realizadas a través de la Organización de Estados Iberoamericanos con el Ministerio de Capital Humano de la Nación y las Secretarias dependiente de dicha cartera ministerial, en miras de establecer si existieron conductas penalmente relevantes; y en consecuencia determinar la identidad de cada una de aquellas que participaron de la maniobra”, sostuvo el fiscal en su dictamen.

Tal como detalló Infobae el viernes pasado, el fiscal firmó un dictamen pidiéndole a la OIE a través de su director, Licenciado Luis María Scasso, que “arbitre los medios necesarios para remitir” la copia certificada del Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Capital Humano de la Nación y la Organización que representa; así como, la totalidad de las actas complementarias suscripta entre ambos, desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha, con indicación de los montos asignados en cada caso”.

También reclamó “las actas complementarias suscriptas entre la Secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación y la O.E.I., desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha y toda aquella documentación relacionada con ello, a saber: las solicitudes de contrataciones efectuadas por la Secretaria; los datos personales de los consultores que fueron contratados bajo esa modalidad y los instrumentos respaldatorios con indicación de montos, fechas y tareas asignadas; así como, las certificaciones de servicio que le permitieron a los consultores cobrar sus honorarios”

El Ministerio Público también pidió “un listado donde conste la totalidad de empleados y funcionarios que el Ministerio de Capital Humano les indicó contratar desde el 10 de diciembre de 2023 a la actualidad, con detalle de fecha de alta y en su caso de baja, modo de contratación y tareas asignadas”. El fiscal quiere saber además “el monto total de las erogaciones que realizó la Organización de Estados Iberoamericanos como consecuencia del Convenio Marco, incluidas las actas complementarias que se hubieran celebrado con las distintas Secretarias y el propio Ministerio de Capital Humano de la Nación. También pidió “todo dato relacionado con el responsable del Área pertinente de la O.E.I. que intervino en el proceso y ulterior contratación de los empleados y funcionarios del Ministerio de Capital Humano, ello con el fin de que, oportunamente y en caso de ser necesario, será citado a prestar declaración testimonial”.