Sorpresa en el juicio por “El Entrevero”: la UIF y la AFIP pidieron penas altas para Lázaro Báez

El juicio oral por la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay, entró en la recta final con los alegatos de las querellas. La Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP, los organismos del Estado que actúan como querellantes, pidieron que Lázaro Báez sea condenado a 9 y 7 años de prisión, respectivamente. Los montos de las penas sorprendieron a todos. El empresario ya acumula dos condenas y tiene otro juicio en marcha por evasión aunque no volvería a la cárcel en lo inmediato.

Por el campo de “El Entrevero”, de 152 hectáreas, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños. Además del empresario están siendo juzgados el abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín, Leonardo Fariña, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, el financista Santiago Carradori y Osvaldo Guthux.

Al momento de pedir la elevación a juicio, el fiscal Guillermo Marijuán, que también estuvo a cargo de la “ruta del dinero K” sostuvo que Báez “impartió las órdenes y encomendó a los sucesivos administradores de esos fondos –Fariña y luego Pérez Gadín y Chueco– aplicarlos en el proyectado desarrollo inmobiliario en la costa uruguaya”. Sobre Goff Dávila, entendió que “tuvo una participación sumamente activa en el negocio, debido a que intervino como articulador de la inversión, buscó al escribano, adquirió una sociedad con acciones al portador, ubicó en su presidencia a Acosta, coordinó las reuniones con el vendedor y para la firma de los documentos de seña, compromiso de compraventa y prórrogas de pagos parciales”.

La acusación no se modificó durante el juicio. Las querellas concluyeron que el terreno se compró por orden de Báez, tal como declaró en su momento Fariña. Igualmente, todas las partes se sorprendieron con los montos de las penas. Los abogados de la AFIP pidieron 7 años para Báez, Chueco y Pérez Gadín, 4 años y 6 meses para Guthux y Goff Dávila, 4 años para Acosta, y 3 años y 6 meses para el arrepentido.

En tanto, la querella de la UIF reclamó una pena de 9 años para el empresario K, el mismo monto que habían pedido los abogados de ese organismo en el juicio por “la ruta del dinero K”.

Báez ya fue condenado a 12 años por la llamada “ruta del dinero K”, aunque luego la Cámara de Casación redujo la pena a 10 años, y luego sumó otra condena de 6 años por el caso Vialidad. Sin embargo, la defensa del empresario sostiene que no agravará su situación, incluso con una nueva condena. “En el primer juicio ya fue condenado por lavado de dinero agravado. El reproche penal ya está contenido en esa condena. No le pueden dar más pena”, aseguró su abogado, Juan Martín Villanueva, ante una consulta de Infobae.

En realidad, ese planteo viene desde el comienzo del juicio. Varias de las defensas sostienen hace tiempo que este debate es un anexo de “la ruta del dinero K” y que debería haber sido parte de ese juicio oral. De hecho, lo plantearon al comienzo del debate, a mediados del año pasado.

Al margen de las querellas, todavía falta la opinión del fiscal Abel Córdoba, que este lunes comenzó su alegato y anticipó que pedirá penas para todos los acusados. La diferencia con las otros querellas apunta al monto de la operación. “El fiscal dijo que acusará por un monto de 4 millones porque los otros 10 millones ya se tuvieron en cuenta en el primer juicio”, resumió uno de los abogados defensores.

En la próxima audiencia, prevista para el lunes 8 de abril, el fiscal dará a conocer los montos de las penas y luego comenzarán los alegatos de las defensas.

“Todos los imputados conocían que el inversor era Lázaro Báez. Molinari no tuvo participación. Claramente se está utilizando su figura para justificar mi relación con Báez y las demás personas”, dijo Fariña cuando le tocó hablar en el juicio.

Además de la compra del campo “El Entrevero”, en el juicio también se juzga la compra de un terreno en el departamento de Maldonado, valuado en USD 320 mil. En esa operación intervinieron Traline SA y luego Jumey SA. El inmueble se pagó en tres cuotas: 1) el 24 de febrero de 2021 la firma Danifort International Corp abonó USD 49.987, 2) la misma firma hizo otro pago de USD 49.987, 3) el 16 de agosto de 2011, otra empresa transfirió otros USD 99.955. “Se desconoce cómo se instrumentó el saldo restante”, sostuvo el fiscal Guillermo Marijuán cuando pidió la elevación a juicio.

En el caso de Goff Dávila, también es juzgado por la compra, “en comisión”, de un departamento ubicado en avenida del Libertador y Silvio Ruggieri, por el que se habrían pagado USD 800 mil.