“Los derechos sexuales constituyen la aplicación de los derechos humanos existentes a la sexualidad y a la salud sexual. Protegen el derecho de todas las personas a satisfacer y expresar su sexualidad y a disfrutar de la salud sexual, con el debido respeto por los derechos de los demás, dentro de un marco de protección frente a la discriminación”. La cita corresponde a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y resulta ser la antesala necesaria para comprender, en su justa dimensión, qué son los derechos sexuales.
En ese marco, Argentina cuenta desde el año 2002 con la ley 25.673, que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Protección Responsable: pieza normativa en la que se traza una serie de objetivos y derechos en favor de los habitantes. Entre estos derechos está el acceso a métodos anticonceptivos y ciertos tratamientos, a elección del usuario y en muchos casos, sin costo para ellos.
La OMS define a los métodos anticonceptivos como aquellos que se utilizan de manera voluntaria y previa información, con el propósito de evitar embarazos. Entre ellos están las pastillas, los preservativos, inyecciones, DIU y otros pequeños objetos que se colocan en el cuerpo por personal especializado, con el consentimiento de la persona. A la vez, varios de estos métodos son fundamentales para evitar enfermedades e infecciones de transmisión sexual, entre las que se encuentra el VIH.
El artículo 6 de la Ley 25.673 establece que “a demanda de los beneficiarios y sobre la base de estudios previos” se deberá “prescribir y suministrar los métodos y elementos anticonceptivos que deberán ser de carácter reversible, no abortivos y transitorios, respetando los criterios o convicciones de los destinatarios, salvo contraindicación médica específica y previa información brindada sobre las ventajas y desventajas de los métodos naturales y aquellos aprobados por la ANMAT.”
En este universo ingresan, por ejemplo, los preservativos y el DIU. Es este mismo artículo -inciso b- en el que se reconoce la cobertura de “las prácticas denominadas ligadura de trompas de Falopio y ligadura de conductos deferentes o vasectomía, requeridas formalmente como método de planificación familiar y/o anticoncepción”. Además, quien opte por estos anticonceptivos debe poder efectuarse “controles periódicos posteriores a la utilización del método elegido”.
Esta misma ley incluye a estas prestaciones -los métodos anticonceptivos- en el Programa Médico Obligatorio (PMO), en el nomenclador nacional de prácticas médicas y en el nomenclador farmacológico, poniendo la obligación de suministro en cabeza de “los servicios de salud del sistema público, de la seguridad social de salud y de los sistemas privados las incorporarán a sus coberturas, en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones”.
En pocas palabras: tanto el Estado como obras sociales y prepagas deben dar cobertura a dichos métodos. Si bien la propia ley indica que se debe realizar la difusión periódica de este Programa Nacional de Salud Sexual y Protección Responsable, el hecho de que buena parte de la población desconozca estos derechos habla de -cuanto menos- la aplicación irregular de esta norma.
¿Quién debe cubrir las intervenciones quirúrgicas que tienden a evitar un embarazo? La ley 26.130 no abre lugar a debate al enfatizar que toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a la realización de las prácticas denominadas “ligadura de trompas de Falopio” y “ligadura de conductos deferentes o vasectomía” en los servicios del sistema de salud, y serán sin cargo para quien las requiera tanto al Estado como a obras sociales y prepagas, que están obligadas a dar cobertura (sí, incluso en establecimientos públicos).
Para acceder a estos métodos, es preciso ser una persona “capaz” según la ley, mayor de edad y requerirlo formalmente, además de otorgar el debido consentimiento informado. ¿Qué sucede si el marido, esposa o conviviente de la persona que desea practicarse esta intervención, no está de acuerdo con la operación, ya que por ejemplo está en sus planes seguir teniendo hijos? La ley señala expresamente que no se requiere su consentimiento, es decir que no tendrá injerencia en la decisión sobre el cuerpo ajeno.
Últimas Noticias
Tips Jurídicos: ¿Qué pasa si chocás con una ambulancia?
El caos de tránsito es una constante de las grandes ciudades. En toda urbe ocurren emergencias, como una ambulancia que, con la sirena encendida, busca abrirse paso en el tráfico pesado. Si otro conductor impacta con ese vehículo, ¿quién responde? ¿Qué ocurre con el seguro?
Iban a Mendoza para correr una maratón pero la aerolínea canceló el vuelo y tuvieron que ir en auto: la Justicia condenó a la empresa
Los atletas tuvieron que manejar 1.000 kilómetros horas antes de la largada. El desgaste físico, la frustración por el resultado de la carrera y por qué la Justicia ordenó una indemnización por daño moral y aplicó una multa civil
Demandó a un supermercado porque le chocaron el auto en el estacionamiento: qué decidió la Justicia
Un reclamo por daños en un vehículo derivó en una disputa judicial. El dueño del automóvil atribuyó la responsabilidad al establecimiento, que negó los hechos. Las cámaras de seguridad y la compleja tarea de demostrar los hechos se entrecruzan en esta causa
Trabajaba para otra empresa mientras estaba de licencia médica y la Justicia avaló su despido
Una empleada de una cadena de cines cobraba su sueldo mientras se encontraba de baja, pero durante ese período comenzó a prestar servicios para otra compañía. El fallo le dio la razón al empleador
Un empresario fue a juicio por reducción a la servidumbre, lo absolvieron y arremetió contra el fiscal: “Nunca hubo pruebas”
Guillermo Adolfo Ros, productor agropecuario de Jujuy, fue denunciado por dos empleados que habían sido echados de sus puestos. Tras ser declarado inocente, la Fiscalía no apeló el fallo
