El juez Ercolini quedó a cargo de una denuncia contra Alberto Fernández por el escándalo de los seguros

El juez federal Julián Ercolini fue sorteado para investigar una denuncia penal contra el ex presidente Alberto Fernández por los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

La denuncia apunta a que se esclarezca el escándalo por la trama de contrataciones por parte del Estado nacional a Nación Seguros, en donde habrían actuado intermediarios y empresas privadas.

La denuncia fue presentada por la abogada Silvina Martínez, la misma que impulsó las presentaciones contra Cristina Kirchner contra los casos Hotesur-Los Sauces. En su denuncia no solo fue acusado el ex presiente sino también Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros y/o quienes surjan comprometidos en la investigación.

La presentación se basa en un artículo publicado por el diario Clarín en donde se detalla que dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios.

Según esa información, “los 20.000 millones de pesos es lo que le paga la Anses al Nación por año para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que les da créditos: desde 2011 los venía otorgando sin este seguro”.

A su vez, Nación subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17 por ciento. Unos $300 millones mensuales.

Allí aparece como intermediario Pablo Torres García, un empresario y bróker financiero que habría cobrado una comisión varias veces mayor a la del mercado. Y otro bróker, Héctor Martínez Sosa, casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero. Este esquema se replicó en el Ministerio de Seguridad durante la presidencia de Alberto Fernández, según sostiene la presentación.

Como ejemplo, la denuncia aporta convenios que firmaban el Ministerio con Nación Seguros en donde había una cláusula que permitía el negociado: “La contratación del seguro objeto del presente Convenio se hará entre el Ministerio y Nación Seguros -Casa Central, Gerencia de Ventas Canal Organismos Públicos- admitiéndose que el Ministerio pueda generar una designación de un intermediario en caso de considerarlo conveniente para sus intereses”.

Según se sostiene en la denuncia, “en Nación Seguros estuvo a cargo los cuatro años que Alberto Fernández ejerció la presidencia el abogado Alberto Pagliano, un amigo de la juventud que lo acompañó cuando empezó, en la década del 90, en ese rubro pero del lado del Estado”.

Estas irregularidades habían sido detectadas en su gestión por Osvaldo Giordano, quien llegó a la conducción de la ANSES a partir de un pacto político entre el ex gobernador Juan Schiaretti y fue expulsado del cargo tras la caída de la Ley Ómnibus, cuando la esposa del entonces funcionario, no apoyó la iniciativa. La Coalición Cívica (CC) denunció que la empresa Nación Seguros no había sido incluida entre las empresas a privatizar que impulsaba ese proyecto.

Los diputados de la CC también enviaron una carta al presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, para que se realice un examen especial en el ámbito de todo el Sector Público Nacional cuyo objeto sea la totalidad de los contratos de seguro celebrados durante la vigencia del Decreto 823/2021 abordando sus aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimonial, legal y los demás que considere pertinentes.

En ese decreto se estableció: “las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional deberán implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de Nación Seguros S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera.”

“De esa manera, la norma consolidó un monopolio en el sector de los seguros contratados por el Estado nacional, en contradicción con los principios de eficiencia, libre concurrencia y transparencia que debe regir las contrataciones públicas que, además, ha dado lugar a la participación de intermediarios que actúan como brokers y de empresas privadas a través de los coaseguros en condiciones poco transparentes”, se agregó en la presentación a la Auditoría General de la Nación.