El Gobierno apelará en las próximas horas el fallo del juez federal de Rawson, Hugo Ricardo Sastre, quien hizo lugar a una medida promovida por el gobernador de Chubut Ignacio Torres y dispuso que cese la retención de la coparticipación ordenada por la Casa Rosada. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, la presentación ya está siendo elaborada por los abogados de la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra.
Por estas horas se analiza si se apelará el fallo ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que tiene jurisdicción sobre los juzgados federales de Rawson y está integrada por los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, o si pedirá un per saltum para que resuelva directamente la Corte Suprema de Justicia.
“El ministro de Justicia y el Procurador del Tesoro están estudiando el asunto”, dijo a este medio un vocero oficial.
El fallo fue firmado a las 13:38 y rápidamente fue notificado a las partes.
“Nos encontramos ante una injusta e intransigente posición por parte de la demandada, sumado a una inexistente política de absorción de consecuencias por parte del Estado Nacional respecto de la Provincia del Chubut llevada a cabo por el descuento automático de fondo coparticipables”, señaló el juez Sastre sobre el gobierno de Javier Milei.
Además, el magistrado exhortó a los gobiernos de Chubut y de la Nación a que arbitren los medios necesarios para cancelar o refinanciar la deuda que el Estado provincial mantiene con la Casa Rosada, siempre y cuando no importen el compromiso de servicios esenciales para los chubutenses.
Sin embargo, el magistrado no aceptó el pedido del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de que el Estado nacional le devuelva los más de 13 mil millones de pesos retenidos la semana pasada.
El conflicto comenzó la semana pasada cuando el gobierno nacional ejecutó una garantía para cobrar una deuda de Chubut y dispuso un recorte en la transferencia habitual de los fondos coparticipables que le corresponden.
El mandatario local amenazó con cortar la provisión de petróleo y gas si Milei no suspendía su decisión. Desde entonces hubo una escalada de críticas desde el gobierno nacional con Torres, con mensajes de la red social X de la cuenta de Milei. Desde el Poder Ejecutivo señalaron que Chubut no pidió renegociar la deuda. Desde la provincia contestaron que sí y se generó un cruce de documentos de cada sector para avalar su postura. Torres recibió el apoyo de todos los gobernadores del país -incluidos los de Juntos por el Cambio-, excepto el del peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, hoy aliado de Milei.
Este lunes, tras el cruce verbal del fin de semana, Torres activó su ofensiva en Tribunales mediante una medida autosatisfactiva. La presentación fue firmada junto a Andrés Giacomone, fiscal de estado de Chubut, y Lucas Papini, fiscal de estado adjunto.
“En lugar de brindar cooperación y asistencia a una Provincia en emergencia que persigue nada más ni nada menos que brindar los servicios de educación, salud y seguridad más elementales para el pueblo chubutense, el Estado nacional no sólo se desentiende, sino que implementa medidas de ahogo financiero que sólo tienen por finalidad la profundización de la crisis provincial”, sostuvo Torres en la presentación judicial.
En concreto, la provincia de Chubut hizo tres pedidos ante juez federal. El primero es “el cese de la retención automática que, en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (Decreto Nro. 286/95), realiza sobre las sumas que ha de percibir la PROVINCIA DEL CHUBUT por Coparticipación Federal de Impuestos”.
También que se le ordene al gobierno de Milei a “renegociar la deuda en condiciones razonables que impliquen un plazo mínimo de 5 años de amortización y una modificación de las condiciones actuales de actualización de la deuda” o que se autorice a la provincia a que tome “un nuevo endeudamiento con el exclusivo destino de cancelar la deuda con el Fondo Fiduciario Provincial mediante la emisión de un título de deuda cancelable en un plazo de 5 años en pesos o dólares, bajo la legislación nacional o extranjera”.
Y por último que la “inmediata devolución” de los fondos retenidos la semana pasada.
En apenas unas horas, el fiscal federal Fernando Gelvez dictaminó que es competente la justicia federal de Rawson. Y este mediodía se conoció el fallo del juez Sastre, el mismo magistrado que la semana pasada aceptó otro planteo del gobierno provincial contra la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de cortar los fondos para el transporte público.
Últimas Noticias
Las pruebas que tiene la Justicia sobre Hezbollah y el plan iraní para volar la AMIA en 1994 con una Trafic cargada de explosivos
El fiscal Sebastián Basso recolectó nuevo material probatorio que constataría la información obtenida años atrás por Alberto Nisman, a partir de documentos de inteligencia
Hotesur-Los Sauces: el fiscal pidió que se fije fecha para el debate oral y reclamó una respuesta del tribunal en pleno
El representante del Ministerio Público cuestionó que el rechazo a fijar fecha de debate fuera firmado únicamente por el presidente del cuerpo, José Michilini. Y sostuvo que el inicio de las audiencias no depende de la finalización de los peritajes pendientes
Lo despidieron por acosar a una colega y pretendía cobrar una indemnización, pero la Justicia se la negó
La Cámara de Apelaciones confirmó el rechazo al reclamo de un trabajador despedido tras acreditarse una serie de faltas laborales. El tribunal destacó el valor de los testimonios y de la documentación incorporada a lo largo del proceso judicial
No pudo probar la caída: un hombre demandó a una empresa de colectivos y terminó perdiendo el juicio
Reclamaba una indemnización por las supuestas lesiones sufridas a bordo. Pruebas insuficientes y testigos objetados marcaron el desenlace del juicio. El fallo advierte sobre la rigurosidad necesaria para denunciar accidentes en el transporte público
Habilitaron a San Isidro a ser querellante en una causa por irregularidades en el Plan Federal de Viviendas
La Cámara Federal de Casación revocó un fallo que había rechazado su participación en un expediente de corrupción. La investigación analiza posibles desvíos de fondos y obras inconclusas en proyectos habitacionales iniciados en 2005
