El Gobierno cuestiona a los camaristas que suspendieron la reforma laboral y rediseña la estrategia jurídica para sostener el DNU

Luego del impacto por la sucesión de fallos en contra que pusieron en jaque el DNU de Javier Milei, el Gobierno decidió salir a cuestionar a los dos camaristas del fuero Laboral que frenaron, en dos ocasiones, el capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023. Fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por Infobae aseguraron que los jueces se deberían haber excusado por “relaciones personales que exceden lo normal”. Se trata de Andrea García Vior y Alejandro Sudera, ambos designados durante el gobierno anterior.

Ayer, esos dos camaristas, de larga trayectoria en el fuero laboral, hicieron lugar a la medida cautelar que habían pedido los abogados de la CGT y le pusieron el primer freno a las reformas laborales del DNU. El fallo hasta incluyó citas a Juan Bautista Alberdi, el jurista admirado por Milei.

“Es un hecho público y notorio que el de los trabajadores es un sector socialmente vulnerable y que se encuentran en juego derechos de naturaleza alimentaria -per se o por sus derivaciones-, no tengo dudas de que se encuentran configuradas las circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican el dictado de una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV TRABAJO del Decreto de Necesidad y Urgencia n.° 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados (arg. art. 5° segundo párrafo de la ley 26854)”, dijeron dos de los jueces de la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo. En cambio, la jueza Dora González sostuvo que el caso había que pasarlo a la Cámara Contencioso Administrativo Federal, como pretende el Gobierno.

Este mediodía, los mismos camaristas aceptaron un planteo de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) y volvieron a suspender las reformas laborales mientras se analiza el fondo de la causa.

Ese fallo destaca “los graves riesgos de que el conflicto social -ya avizorado en los últimos días del año 2023- se acreciente y/o derive en hechos de violencia inusitada”. Pero además rechazó enviar la causa al fuero contencioso complicando la estrategia del Gobierno. “En el caso planteado se dan a mi ver circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican la asunción de la competencia y la habilitación de la vía elegida en tanto la aptitud jurisdiccional de esta Justicia Nacional del Trabajo para entender en la contienda resulta inobjetable”, sostuvo la jueza García Vior en su voto, al que adhirió Sudera.

Para el Gobierno, los dos camaristas se deberían haber excusado. “Nos llama mucho la atención. Parece que estuvo influido, de alguna manera, en algún tipo de ideología, incluso en algunas relaciones personales que exceden lo normal. Nos sorprendió incluso que no se hayan excusado”, dijo una fuente del Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona antes que trascendiera el segundo fallo de la Cámara.

Los dos jueces apuntados se sumaron a la Cámara Laboral a mediados de 2021, cuando el Senado aprobó un total de 33 pliegos de jueces y fiscales propuestos por el Poder Ejecutivo. Ambos fue elegidos para la Sala II.

Sudera pertenece a la lista Bordó, que conduce actualmente la Asociación de Magistrados, y trabaja en la Justicia hace más de 30 años. De hecho, fue juez de primera instancia durante 15 años.

En cambio, García Vior pasó gran parte de su carrera en la Cámara del Trabajo aunque también fue jueza de primera instancia. Su carrera comenzó en 1987, en la Sala II, luego tuvo un breve paso por primera instancia, y terminó siendo secretaria de esa misma Sala durante diez años. En 2014 regresó como jueza de primera instancia, según ella misma contó en su audiencia pública para ser camarista.

El Gobierno tiene tres días para apelar esos dos fallos. Esa tarea está a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación, que conduce Rodolfo Barra. En principio, la idea era hacer una presentación hoy mismo en el fuero laboral pero la sucesión de fallos adversos obligó a rediseñar la estrategia.

Ahora la atención está puesta en la resolución del juez Enrique Lavié Pico, del fuero Contencioso Administrativo Federal, que habilitó la feria para analizar el resto del DNU y puso en jaque la idea del Gobierno de concentrar todo en un amparo colectivo.

Se descarta que esa decisión también será apelada para que intervenga la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Pero el Gobierno sabe que la batalla final será en la Corte Suprema, luego de la feria judicial. “La competencia se tiene que limitar, como hicieron todos los otros tribunales, al juez natural y competente, que es el primero que intervino en materia colectiva, que es la Justicia contencioso administrativa. Al margen de la competencia, en caso de conflicto lo resolverá la Corte”, dijo un funcionario del Ministerio de Justicia.