El fiscal Gerardo Pollicita requirió al juez federal Ariel Lijo la adopción de una serie de medidas de prueba en la investigación por enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni, tras la denuncia originada por el vuelo realizado a Punta del Este junto a su familia y al periodista Marcelo Grandio de la TV Pública, según informaron fuentes judiciales.
El requerimiento a cargo de Pollicita, quien aún no imputó a nadie, se fundamenta en la existencia de motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial de Adorni, de acuerdo al expediente que tramita el juez Lijo. La primera etapa del pedido, confirmada por funcionarios judiciales, incluye oficios a los registros de la propiedad bonaerense y porteños para identificar bienes que puedan estar registrados a nombre de Adorni o de su esposa Julieta Bettina Angeletti.
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En la lista de requerimientos, el fiscal también solicitó información a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios sobre la titularidad de vehículos.
Entre otras medidas, los investigadores buscan establecer la identidad registrada para el pago de expensas de la vivienda en el Country Indio Cuá Golf, partido de Exaltación de la Cruz, y verificar eventuales cuotas sociales, pagos extraordinarios o permisos de obra atribuidos a los imputados en ese distrito.
Hasta el momento, indicaron las mismas fuentes, el juez Ariel Lijo recibió el dictamen del fiscal para que se impulse la investigación, pero aún no dictó ninguna resolución sobre las medidas propuestas.
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Qué se investiga
Según la denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano, el patrimonio de Adorni habría experimentado un incremento del 500% en un único período fiscal.
La diputada señaló “severas discrepancias entre la declaración jurada inicial y la anual, verificándose la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por sumas superiores a $16.000.000”.
A estos movimientos se suma la incorporación de USD 24.500 en efectivo, cuya procedencia se habría justificado formalmente mediante “mutuos”, es decir, préstamos, con su madre y una tía.
La presentación inicial también menciona dos viajes recientes de Adorni. Uno a Nueva York como miembro de la comitiva presidencial, acompañado por su esposa, con cobertura de gastos cuestionada. El segundo, a Punta del Este en un avión privado, quedó vinculado a otra causa penal que tramita en el mismo juzgado de Lijo.
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La vivienda en Indio Cuá
La ampliación de la denuncia aportó un nuevo elemento: la supuesta existencia de una casa de dos plantas en el country Indio Cuá Golf Club, de color gris verdoso y ubicada a 100 metros del hoyo 17. Según varios testimonios, la obra habría sido realizada o impulsada por Adorni y su pareja, Bettina Angeletti.
Los reportes internos del propio country indicarían que las expensas del lote 380 comenzaron a figurar a nombre de Angeletti, lo que sugeriría “la existencia de un vínculo dominial o posesorio” no informado a las autoridades. El valor promedio de mercado de una vivienda en ese barrio, según portales inmobiliarios citados en el requerimiento fiscal, es de USD 149.875, aunque los precios van de USD 129.000 a USD 249.000. A esto se agregan cuotas de ingreso de $5.000.000 y expensas mensuales con acceso a instalaciones deportivas.
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La fiscalía señala que, revisadas las declaraciones juradas públicas, Adorni sólo declaró dos inmuebles: el 50% de un departamento en Capital Federal, de 115 m², y el 100% de una unidad en La Plata, de 105 m². No figura ningún lote o construcción en Exaltación de la Cruz ni en countries.
Las medidas de prueba solicitadas
El Ministerio Público propuso al juez federal una batería de medidas orientadas a descartar o confirmar los vínculos, titularidades y movimientos económicos de Adorni y su entorno directo.
Entre los principales requerimientos de la fiscalía se incluyen:
- Oficios al Registro de la Propiedad para verificar si Adorni o su esposa Angeletti figuran como titulares del lote 380 del country Indio Cuá u otros inmuebles en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal.
- Consultas a la administración del country para identificar quién paga las expensas, a nombre de quién figuran los lotes y si existen permisos de obra o mejoras solicitadas para las propiedades asociadas a los investigados.
- Pedido de reportes bancarios, registros de vehículos, aeronaves y embarcaciones asociados a ambos.
- Solicitud de todas las declaraciones juradas patrimoniales de Adorni desde 2022 y, especialmente, la correspondiente al último ejercicio impositivo exigible.
- Requerimiento de la totalidad del legajo laboral de Adorni en la función pública, incluyendo duplicados de nombramientos, salarios, viáticos y haberes percibidos.
- Informe a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz para conocer si constan autorizaciones o permisos de obra en el country objeto de la denuncia.
- Chequeo de participaciones en sociedades, cargos como directivo y representaciones legales para Adorni, Angeletti, y dos familiares desde enero de 2022 a la fecha.
- Solicitud de entradas y salidas del país de Adorni y Angeletti desde 2022 para descartar inconsistencias en sus declaraciones.
- Investigación sobre los ingresos laborales y previsionales de las personas declaradas como prestamistas.
La fiscalía fundamenta esta enumeración de medidas en la necesidad de verificar “toda situación patrimonial, crediticia, registral, societaria, dominial y económica” de los investigados. Ahora, el juez Lijo deberá determinar si pone en marcha alguna de esas medidas de prueba.
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