Revés judicial para “Chicho” Serna en una causa que lo investiga por sus vínculos con un capo narco colombiano

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un pedido del ex mediocampista de Boca, Mauricio “Chicho” Serna, que apuntaba a la prescripción por el paso del tiempo de una causa en la que se lo acusa de ser testaferro de un narcotraficante colombiano.

Serna quedó involucrado a partir de la declaración del capo narco José Bayron Piedrahita Ceballos, quien lo señaló como parte de una maniobra de lavado de activos, orquestada por otro narcotraficante, Carlos María Aguilar. En concreto, Serna habría cedido a Piedrahita Ceballos inmuebles ubicados en Argentina, a precios irrisorios, y cuyo verdadero propietario sería Aguilar.

Ceballos se acogió a la ley del arrepentido y en calidad de colaborador realizó las revelaciones que la justicia intenta determinar si son ciertas. El planteo de los abogados defensores de Serna llegó al máximo tribunal y, tras el rechazo, dejó al ídolo Xeneixe más cerca de ir a juicio oral.

Los detalles de la causa

El ex ídolo de Boca quedó vinculado con las investigaciones judiciales luego de que el capo narco colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos decidiera hacer un pacto con la Justicia para declarar como arrepentido por sus maniobras de lavado de dinero proveniente del comercio de drogas internacional.

En sus dichos, este hombre relacionado a María Isabel Santos y Sebastián Marroquín, viuda e hijo de Pablo Escobar, y con procesos penales tanto en Colombia como en Estados Unidos, mencionó al ex jugador de fútbol como un supuesto testaferro de Carlos María Aguilar, alias “Rogelio”, ex jefe de la Oficina de Envigado, una organización criminal colombiana que nació al calor del Cartel de Medellín a fines de los años 80.

Puntualmente, “Chicho” Serna está acusado de haberle entregado a Piedrahita Ceballos, a un precio “irrisorio” y “ficticio”, los derechos posesorios de un inmueble ubicado en el paraje “El Campito”, actualmente identificado como “Club de Campo San Diego”, y dos lotes del “Barrio Terravista S.A.”. Si bien todos estos inmuebles los tenía bajo su propiedad, se sospecha que en verdad pertenecían al ex narco “Rogelio” Aguilar.

El juez Néstor Barral, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Morón, no hizo lugar a la extinción de la acción penal por prescripción planteada por la defensa del ex mediocampista, con la que el jugador intentó cerrar su vinculación al expediente por el transcurso del tiempo. Más tarde, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó esa decisión, que fue apelada hasta llegar al máximo tribunal penal del país.

En esa instancia, la Sala III de la Cámara Federal de Casación ratificó lo resuelto, por lo que impulsó a la defensa de Serna, integrada por los abogados Mariana Barbitta y Mariano Abel Balanovsky, a presentar una impugnación ante la Corte Suprema de Justicia.

“Que el recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, resulta inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa”, resolvió el Máximo Tribunal con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La causa judicial, que contó con las intervenciones del fiscal Sebastián Basso y la PROCUNAR, arrancó en 2016 en virtud de un informe de la agencia estadounidense DEA -Drug Enforcement Administration-, que alertó a la Justicia nacional sobre una serie de operaciones de lavado de Piedrahita Ceballos en Argentina. El capo narco ya había declarado como imputado colaborador en Estados Unidos, y sus confesiones sirvieron al avance de las investigaciones locales. Allí quedaron involucrados tanto la viuda y el hijo de Pablo Escobar, el “Patrón del Mal”, como el empresario argentino Mateo Corvo Dolcet, acusado de realizar operaciones inmobiliarias para blanquear dinero proveniente de la comercialización de cocaína a nivel internacional.

En rigor, para los fiscales Basso y Diego Iglesias -de PROCUNAR- el colombiano Piedrahita Ceballos era miembro del Cartel de Cali y dio sus primeros pasos en ese ámbito delictivo a través de su vínculo laboral ganadero con los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del grupo narcocriminal. A raíz de su acuerdo con la Justicia argentina, el capo narco recibió una pena de 5 años y 6 meses de prisión y 165 millones de pesos de multa.

Por otra parte, con la decisión unánime de la Corte Suprema de desestimar el planteo de Serna permanece vigente la acción penal para tramitar oportunamente un juicio oral y público.