En el marco de un conflicto de poderes en la provincia de Catamarca, donde el Ejecutivo pretende aprobar modificaciones al presupuesto anual con implicancias sobre el Poder Judicial, se reunieron el gobernador catamarqueño Raúl Jalil y un conjunto de entidades judiciales para discutir sobre el proyecto del gobierno y consolidar un espacio de diálogo. El objetivo es resolver las diferencias y garantizar el servicio de justicia provincial.
El encuentro fue en el despacho gubernamental de la Casa de Gobierno y contó con la presencia de la jueza María del Carmen Battaini como representante de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) y la titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Marcela Ruíz. También concurrieron la secretaria de FAM, María Losada, y el presidente de la Asociación de Magistrados de Catamarca, Jorge Palacios.
El conflicto entre poderes se inició hace unos días cuando el Ejecutivo planteó una serie de modificaciones para el presupuesto anual, a tratarse en las próximas sesiones extraordinarias, que implicaría retoques en el rubro judicial. Esto alarmó a distintas voces del ámbito jurídico que pusieron en duda, entre otras cuestiones, el pago de sueldos a los trabajadores de la Justicia y subrayaron la necesidad de contar con independencia de poderes.
Una de esas voces fue la entidad federal Jufejus, que nuclea a todos los miembros en ejercicio de las Cortes Supremas y Superiores Tribunales de Justicia, quien por medio de un comunicado expresó: “la independencia e imparcialidad de los jueces tiene su bastión en la observancia estricta de las reglas que cada constitución establece. Como se ha señalado reiteradamente, el Estado de Derecho presupone el respeto a la división de poderes, a la ley como expresión de la voluntad popular y la existencia de un poder judicial imparcial e independiente”.
“Es precisamente, -continuó el comunicado del 27 de noviembre- el rol de la justicia garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos, la tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicción, especialmente, de los sectores más vulnerables. Para cumplir acabadamente esta función es necesaria la independencia, autonomía y autarquía real. Hasta tanto ello suceda es obligación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, suministrar los fondos pertinentes para satisfacer los requerimientos necesarios a fin de que los Poderes Judiciales cumplimenten las obligaciones que surgen, no solo de la Constitución, sino también de las Convenciones Internacionales”.
Y concluyó: “Nuestro compromiso con los justiciables es garantizar no solo la imparcialidad e independencia, sino también, la celeridad, eficacia, eficiencia y por sobre todo el acceso a la jurisdicción. En ese norte, resulta inadecuada cualquier decisión inconsulta que afecte la independencia y ponga en riesgo la existencia misma del Poder Judicial de Catamarca”.
En ese marco, el gobernador Jalil convocó a una reunión con funcionarios judiciales y magistrados para tratar la controversia donde, según un comunicado conjunto de FAM y Jufejus, “se acordó crear un espacio de diálogo entre el Ejecutivo Provincial y la Corte de Justicia de Catamarca” con el fin de “llegar a acuerdos básicos que permitan solucionar los problemas existentes, a fin de garantizar la prestación indispensable y esencial del servicio de justicia en la provincia de Catamarca”.
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