Espionaje ilegal: la AFI confirmó que tres de sus agentes tenían vínculos con Zanchetta y quedaron en la mira

Las certezas sobre el rol de Ariel Zanchetta como un agente inorgánico de la central de espías se siguen sumando. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi recibió la respuesta de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre tres personas que hablaban y le pedían trabajos al ex policía detenido en la causa que investiga el hackeo de teléfonos a jueces. La AFI confirmó que esas tres personas son agentes del organismo de inteligencia, señalaron a Infobae fuentes judiciales

La Justicia pidió precisiones sobre el carácter en que reportan esos tres agentes, cuyos nombres no se ventilarán para no violar la ley de inteligencia. También reclamaron sus antecedentes y legajos personales para saber en dónde se desempeñaron y con qué cargos.

Para el fiscal Gerardo Pollicita, no hay dudas en torno a que Zanchetta “se desempeñó durante 25 años —entre 1988 y 2013— como agente de la Policía Federal Argentina y que, en ese marco, habría sido incorporado como ‘agente inorgánico’ de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) / Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante al menos seis años —entre 2009 y 2015—”. Para la fiscalía, esos tres agentes habría coordinado las actividades clandestinas de Zanchetta por lo menos durante ese período y que, no obstante, siguieron durante 2016 y hasta que fue detenido, en junio pasado.

La fiscalía afirmó que Zanchetta “no habría desplegado su actividad en soledad sino que ‘reportaba’ a terceros, realizaba algunas de estas conductas por ‘pedido’ de otros, que a su vez, financiaban su actividad ilícita con fondos públicos, por lo que será materia de investigación determinar la identidad de otros posibles involucrados y las finalidades últimas de estas maniobras ilícitas”.

“A partir de lo expuesto, resulta evidente que la conducta de Ariel Zanchetta sobre cada uno de los ‘objetivos’ de sus actividades encuadra en la noción de ‘acciones de inteligencia’ —por cuanto se extienden a la obtención, reunión, sistematización y análisis de información, como se vio a lo largo del presente dictamen— y que dichas acciones se encuentran prohibidas por el art. 4 inc. 2° del a Ley de Inteligencia Nacional, por cuanto evidencian una grave falta de justificación legal, en tanto no se fundaron en hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional o la Seguridad Interior de la Nación”, agregó la fiscalía.

De acuerdo a la oficina de Pollicita, habría 1.196 informes de inteligencia y la mayoría de ellos tiene “información complementaria”: es decir. revelan la tarea de obtención y reunión de información que Zanchetta desplegaba sobre cada “objetivo” que no se limitaba al almacenamiento de datos obtenidos de bases de datos sino que, además, el ex Sargento de la PFA se valía de una “red de informantes” — según sus propios dichos— integrada por sujetos de diversa ubicación y de variados ámbitos —cuanto menos, de los ámbitos políticos, empresariales, gubernamentales y de los servicios de inteligencia—, con cuya contribución complementaba los “informes de inteligencia” sobre cada “objetivo”.

Sobre el final de la semana pasada, Pollicita también había pedido al Ministerio de Seguridad y las diferentes fuerzas saber si Zanchetta había estado presente en sus oficinas. Desde las autoridades del Ministerio, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería y la Policía Federal descartaron esa hipótesis, según se informó. La negativa también llegó desde las autoridades del Congreso Nacional, luego de que en su currículum Zanchetta dijera que había prestado servicios en la Comisión de Seguimiento de Seguridad e Inteligencia hasta el 10 de diciembre de 2017. La comisión en realidad se llama Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación y allí se informó que no cumplió funciones allí.

La causa se inició con dos investigaciones. Por un lado las líneas creadas en Misiones a nombre del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que fueron el origen de la denuncia y que revelaron que había otros jueces a los que se les había fabricado líneas a su nombre como Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El otro punto a esclarecer era el hackeo a las líneas que sufrieron dos jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; y a dos jueces que llevaban adelante el juicio contra CFK, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Esa pista llevó a la detención de un hacker misionero, Ezequiel Núñes Pinheiro, que aseguró haber sido contactado por Telegram por un desconocido para tomar el control de una lista de personas que él desconocía: entre ellos estaban varios jueces, el diputado Diego Santilli y el ex jefe de Seguridad de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, cuyo teléfono hackeado expuso las conversaciones de Lago Escondido y sirvió para impulsar el juicio político a la Corte Suprema. Y ahí es donde aparece Zanchetta, el ex policía de Junín que el mismo día del hackeo a Borinsky había hurgado en información sobre él, Hornos y los jueces de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. El análisis sobre las consultas en SudamericaData solo en 2022 reveló el objetivo de más jueces, políticos, dirigentes y artistas.

Zanchetta aseguró que lo hacía porque era periodista. Al analizar solo una parte sus celulares y computadoras, la fiscalía impulsó una nueva línea: la del agente inorgánico que tenía 1196 carpetas sobre dirigentes de la policía que ahora piden ser querellantes. Las revelaciones también mostraron los diálogos con un importante funcionario de la AFIP que pertenece a La Cámpora, Néstor Fabián “Conu” Rodríguez, que quedó imputado en la causa por encargarle el“objetivos” de la ministra Victoria Tolosa Paz. Ahora se investigan sus comunicaciones.