La jueza Ana María Figueroa pidió volver a asumir su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal. La magistrada había sido cesanteada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por cumplir 75 años, pero el Senado le había dado un nuevo acuerdo para continuar por otros cinco años. Lo hizo en una nota que le envió ayer a Fernanda Vázquez, presidenta de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura de la Nación.
“Se evidencia, con claridad, que se culminó el trámite constitucionalmente previsto y obtuve un nuevo nombramiento para mantenerme en mi función jurisdiccional. Los órganos competentes del poder político constitucionalmente establecidos han ejercido sus respectivas atribuciones constitucionales”, sostuvo Figueroa en su nota, a la que accedió Infobae.
Figueroa reclamó, así, su “inmediata asunción de funciones de gobierno, superintendencia y jurisdiccionales como jueza titular de la Vocalía 10 de la Cámara Federal de Casación Penal”, se rehabilite el acceso informático a las causas y que “se ordene el pago de los salarios, retroactivos y derechos laborales que fueron suspendidos desde el 1 de setiembre de 2023″.
Entre los integrantes del Consejo de la Magistratura el tema se comenzó a charlar informalmente, y una primera mirada era que el organismo no tiene facultades para darle posición en el cargo a los jueces.
Figueroa cumplió el 9 de agosto pasado 75 años, la edad máxima que establece la Constitución Nacional para ejercer el cargo. La excepción es que el Senado le dé un nuevo acuerdo para continuar cinco años más. Al momento de su cumpleaños, Figueroa tenía el acuerdo pedido por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, pero no estaba aprobado. Y a través de una resolución, la Corte Suprema la cesanteó en el cargo.
El máximo tribunal dijo que si un juez el día antes de su cumpleaños 75 no tenía aprobado el acuerdo debía dejar el cargo. “Al no prever la norma plazo de gracia alguno, el nombramiento debe ser anterior al día en que el magistrado alcance la edad referida; de lo contrario, no habría límite temporal para la realización de ese nuevo nombramiento, con la absurda consecuencia de que el límite etario se tornaría inoperante”, señalaron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
Tras la cesantía, Figueroa dejó su despacho en los tribunales de Comodoro Py. Pero luego el Senado aprobó su pliego. Fue con los votos del kirchnerismo y el rechazo de la oposición y el presidente Fernández publicó en el Boletín Oficial su decreto de designación. Con ese trámite cumplido, Figueroa se presentó en el Consejo para reclamar su continuidad en el cargo.
En la nota que envió, la jueza fue muy crítica con la Corte Suprema y con parte de sus colegas de la Cámara de Casación. Respecto del máximo tribunal, señaló que tuvieron una “la indebida injerencia”, ya que la cesantearon “por fuera de sus atribuciones constitucionales” y que ese hecho “no registra antecedentes en la historia institucional del Máximo Tribunal”. “Se advierte un manifiesto acto discriminatorio de la Corte Suprema de Justicia contra mi persona”, sostuvo.
Y sobre Casación, Figueroa señaló que al día siguiente de su cumpleaños sus colegas Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Daniel Petrone y Gustavo Hornos “realizaron una reunión clandestina, sin publicación previa, fuera del espacio institucional de la Sala de Acuerdos, en el despacho del primero de los nombrados” sin darle intervención como presidenta de Casación y resolvieron informarle a la Corte que había cumplido 75 años. Con esa nota, el máximo tribunal cesanteó a Figueroa.
Desde la Cámara de Casación informaron que no solo notificaron a la Corte Suprema de la situación de Figueroa, sino también al Consejo de la Magistratura.
El Consejo de la Magistratura es presidido por Rosatti, titular de la Corte Suprema, y lo integra el juez de Casación Barroetaveña. Figueroa recusó a ambos para que no intervengan en la resolución de su pedido para ser reincorporada porque entendió que ambos ya opinaron sobre su situación. Figueroa alegó “temor fundado de sospecha de parcialidad respecto de los nombrados”.
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