En Brasil operan más de 50 grupos de crimen organizado

El juez federal de Curitiba, Marcos Josegrei da Silva explicó que en Brasil operan 53 facciones de crimen organizado según se pudo identificar en un relevamiento hecho en 2022 por la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública. De esas organizaciones, la más importante y la mayor es el Primer Comando Capital (PCC) con base en San Pablo, en segundo lugar, en términos de importancia, tamaño y poder lesivo económico es el Comando Vermelho, cuya base está en Río de Janeiro; y en tercer lugar el Cartel do Norte, la ex familia do Norte.

El juez Josegrei da Silva expuso en el curso especial de posgrado “Terrorismo y Radicalización de la Violencia en el Cono Sur”. El ciclo es organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires (CESH/UBA); con el apoyo institucional de la Fundación de Investigación en Inteligencia Financiera (FININT) y de TAEDA; y el auspicio de Infobae.

El magistrado relató que las principales actividades de estos grupos de crimen organizado son el tráfico de drogas, tráfico de armas, robo de cargamentos (piratas del asfalto), robo de bancos, contrabando y lavado de dinero. En relación al tráfico de drogas esta actividad incluye tanto la venta a nivel local, dentro del territorio brasileño, la importación y la exportación hacia Europa a través de los puertos del este de Brasil. Esta actividad es la que le reporta más dinero a estos grupos delictivos.

Si bien no es algo que ocurra en forma permanente, Josegrei da Silva explicó una modalidad a la que llaman “toma de ciudades”. El juez de Curitiba relató “no se si esa sea una realidad en otros países de América del Sur pero en Brasil ocurre de vez en cuando una organización de 20, 30 ó 40 miembros invade una ciudad y roba los bancos de la ciudad, paran camiones, los roban, los queman y hasta que la policía logra llegar, roban todos los bancos o por lo menos dos o tres.” Esto lo hacen en ciudades pequeñas donde hay poco personal policial.

Para enfrentar a estos grupos se crearon hace unos 20 años grupos de fuerzas de seguridad especializadas en estas actividades delictivas y tribunales dedicados exclusivamente a temas de crimen organizado. Josegrei da Silva explicó que en 2012 se puso en práctica una medida de jurisdicciones colegiadas en las que trabajan tres o cuatro jueces que firman las resoluciones sin identificación personal lo que funciona como una protección personal del magistrado interviniente para evitar que las organizaciones criminales puedan identificarlo y tomar algún tipo de represalia.

Brasil tiene más de 640.000 presos en unidades penales, 190.000 cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario y 93.000 son monitoreados mediante tobilleras electrónicas. La enorme población carcelaria, que en algunos penales llega a cubrir el cupo máximo, ha facilitado -según contó Josegrei da Silva- que estos grupos se puedan organizar dentro de las cárceles. En muchos casos cuentan con acceso indebido a teléfonos celulares, utilizan a sus parientes para transmitir mensajes y terminan conduciendo acciones delictivas desde adentro de las cárceles.

Por esta situación, en 2006 se creó el sistema federal integrado por cinco penitenciarias con un total de 1.040 vacantes, en las que actualmente hay 670 presos, que son destinadas solamente para alojar a los líderes de organizaciones criminales de Brasil. Desde que fue implementado este sistema tuvo mucho éxito, no hubo ningún motín, tampoco se encontraron celulares en las requisas y tampoco se produjo ningún incidente violento. En estas cárceles, los presos son alojados en celdas individuales, cada interno sólo puede estar al sol dos horas por día y permanecen en cada unidad entre uno y tres años, y luego son trasladados a otra unidad penal. Estas prisiones son administradas por la Justicia federal de cada Estado de Brasil. Hoy los líderes del PCC y del Comando Vermelho están presos en estas unidades.

En estos penales no hay contacto físico con el abogado ni con las visitas, todos los diálogos son con vidrio de por medio y con un monitoreo constante de audio y video, y con la presencia de los agentes penitenciarios.

Josegrei da Silva indicó que un grave problema que surgió en los últimos años en Brasil es la actuación de las milicias paramilitares. Son grupos compuestos por policías o ex policías que ofrecen protección a comunidades afectadas por el crimen organizado, principalmente narcos a quienes expulsan del territorio, a cambio de pagos mensuales por parte de los comerciantes y habitantes del lugar. Estos grupos están fundamentalmente en Río de Janeiro donde hay registro de sus primeras actuaciones desde la década del 60 pero con mayor relevancia a partir de 2000.

Las milicias ya han comenzado a tener presencia en la política donde ocupan cargos que les permiten tomar decisiones dentro de las favelas que dominan. Expulsan a los narcotraficantes, impiden el consumo de drogas y a cambio cobran como si se tratara de una seguridad privada. Otra fuente de financiamiento de estos grupos es el monopolio de la venta del gas en garrafa, las conexiones de internet y la televisión por cable, la venta de cigarrillos y el transporte por medio de trafics dentro de las favelas.

En la actualidad estos grupos se asociaron con los mismos narcos que habían expulsado de las favelas formando las llamadas narcomilicias, una nueva generación de milicias que surgió en los últimos años en Río de Janeiro. De esta manera agregaron al menú de actividades para financiarse la venta de drogas.

Para tener una idea de la magnitud del problema vale mencionar que entre 2006 y 2021 las áreas dominadas por las milicias paramilitares en Río de Janeiro aumentaron un 387 por ciento. De un total de 510 km cuadrados que domina el crimen organizado, 256 km cuadrados de la periferia de Río de Janeiro están en poder de las milicias. Se estima que 4 millones 400 mil cariocas viven en regiones controladas por facciones criminales, entre milicianos y narcotraficantes.