
El juez Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N°1 con competencia electoral de Buenos Aires, advirtió ante la Cámara Nacional Electoral la complejidad que fue llevar adelante los últimos comicios en donde de más de 30 listas internas solo cuatro agrupaciones lograron superar el 1,5 del piso de sufragios y sostuvo que esta situación, con candidatos que no cuenta con una representación política real, “afecta la calidad de la participación de los verdaderos actores del proceso político, a quienes el sistema electoral debe colocar en las mejores condiciones para poder llevar adelante la contienda en términos igualitarios”. Máxime, añadió, cuando “los recursos del Estado son limitados”.
La misiva del juez electoral de Buenos Aires llegó apenas después de terminar el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires. En las últimas horas, el juez se había reunido con los apoderados de los partidos políticos y les había hecho conocer estas interpretaciones, que plasmó oficialmente ante sus superiores, en una suerte de invitación para que sus colegas de otros distritos electorales compartan su conclusión y a poner en alerta a la Corte Suprema. “Entiendo que corresponde poner en consideración esta delicada problemática al más alto Tribunal Electoral de la Nación a fin de que pueda constatar si estas circunstancias también fueron detectadas en otros distritos y, en caso de entenderlo adecuado, se informe cuanto corresponda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijo en presentación a la que accedió Infobae.
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La provincia de Buenos Aires es el mayor distrito electoral del país: más de 13 millones de personas estaban llamadas a optar entre 40.499 precandidatos que se presentan en 1835 listas inscriptas para competir en las PASO. En la carrera a competir por la gobernación se anotaron 26 precandidatos, pero además hubo 196 listas con 2756 postulantes a legisladores provinciales, y 1613 listas con 37.691 aspirantes a intendentes y concejales, de acuerdo a datos de la Junta Electoral de la provincia. En 2019 se había presentado un tercio de los candidatos a gobernador. Era tal la magnitud de la boleta que hubo que achicarla para facilitar su impresión.
La Dirección Nacional Electoral debe garantizar a cada agrupación política los recursos económicos para que impriman el equivalente a una boleta por cada posible votante, según lo establecido en el artículo 32 de la ley 26.571 que regula las PASO. En ese sentido, el padrón consolidado en la provincia de Buenos Aires para las próximas elecciones es de 13.110.768 electores y el valor de referencia fijado por cada boleta es de 2,92 pesos por cada categoría. Fueron 6.776.169.333,12 de pesos lo que el Estado nacional destinó a los partidos políticos para la impresión de las boletas nacionales, que se utilizarán en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones PASO del 13 de agosto
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“Como es de su conocimiento, estas PASO constituyeron la instancia de mayor participación de agrupaciones políticas de los últimos 40 años de democracia y desde la aplicación de la ley N° 26.571 de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, con un número récord de 31 agrupaciones compitiendo en el orden nacional, más de 1.600 listas partidarias, y la oficialización de casi 40.000 precandidaturas, lo que implicó la conformación de boletas de 8 cuerpos y 10 categorías; es decir, una situación sin precedentes en el distrito. Ahora bien, finalizado el escrutinio definitivo se advierte una serie de cuestiones llamativas que merecen ser tenidas en cuenta”, comenzó diciendo el oficio dirigido al presidente de la Cámara Electoral Alberto Dalla Vía.
Es que si bien, para los 35 cargos a diputados/as nacionales por el distrito de Buenos Aires, se presentaron 24 agrupaciones políticas con un total de 30 listas internas, sólo 4 agrupaciones lograron superar el 1.5% de los sufragios válidamente emitidos para superar el piso electoral que les permite pasar a la instancia de elección general; para los 3 cargos a senadores/as nacionales se presentaron 26 agrupaciones y 37 listas, de las cuales también sólo 4 vencieron este umbral; lo mismo para el único cargo de parlamentario/a del Mercosur distrito regional, para el cual se presentaron 26 agrupaciones y 35 listas internas. Todas las agrupaciones restantes, en todas las categorías consignadas, no lograron alcanzar el 1% de los votos.
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Pero además, Ramos Padilla subrayó que hubo “casos de agrupaciones que para algunas categorías presentaron hasta 5 listas internas sin llegar a obtener el 0,1% de los votos válidamente emitidos para el total de la agrupación; también se verificaron casos de agrupaciones con 4 listas internas en competencia que obtuvieron un total —sumadas todas las listas— menor al 0,02%; y casos de agrupaciones con 3 listas internas que obtuvieron el mismo resultado”.

En 2017, la Cámara Nacional Electoral había advertido que mantener una interpretación del art. 32 de la ley N° 26.571 que implicaría garantizar a cada lista interna el financiamiento estatal para imprimir el equivalente a una boleta por elector podría traducirse en “una significativa multiplicación de las listas internas oficializadas por las agrupaciones políticas” que podría “conducir a resultados irrazonables”, e importar “una afectación claramente irracional de los siempre limitados recursos disponibles del Estado.” Y si bien en ese momento se restringió el aporte a los partidos para evitar “abusos de derecho”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2020, revocó esa decisión.
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”Las elecciones de este año son las primeras presidenciales que se llevan adelante bajo el aludido criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y, a la vista de los resultados, puede afirmarse que la ‘eventual propagación ad infinitum’ de líneas internas, advertida por la Cámara Nacional Electoral, se ha verificado en estos comicios, afectando el adecuado funcionamiento del sistema electoral”, afirmó.

El magistrado señaló que “la proliferación de listas internas que no cuentan con una representación política real no fortalece el principio de participación electoral, y además de perjudicar la gestión del proceso electoral, afecta la calidad de la participación de los verdaderos actores del proceso político, a quienes el sistema electoral debe colocar en las mejores condiciones para poder llevar adelante la contienda en términos igualitarios, teniendo en cuenta que los recursos del Estado son limitados”.
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Antes de los comicios PASO, se habían ordenado una serie de medidas de control, como pedirle a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que intensificara auditorías de gastos de boletas, se concretara el entrecruzamientos de datos y se advertía que se iniciarían causas penales si postulaban candidatos fallecidos. Ahí muchas listas se bajaron. Pero aún así, dijo Ramos Padilla, “ello no resulta suficiente para evitar la ‘proliferación ad infinitum’ de listas internas advertida por la C.N.E., con las graves consecuencias descriptas para el sistema electoral”. Frente a ello, Ramos Padilla llamó a la Cámara Electoral a tomar cartas ante “esta delicada problemática”.
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