Dos semanas después de las PASO, la Cámara Federal de Casación Penal comenzará a analizar si confirma o revoca el sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri en el causa en la que está acusado de espiar a familiares de las víctimas del ARA San Juan. Así lo resolvió el juez Guillermo Yacobucci al convocar a las partes a una audiencia el próximo 30 de agosto para escuchar los argumentos a favor y en contra de la causa que llevó al ex jefe de Estado a indagatoria. El juez de Dolores Martín Bava había procesado al ex jefe de Estado en 2021, pero la Cámara Federal porteña revocó el año pasado esa decisión y firmó su sobreseimiento.
Eso es lo que cuestionaron los querellantes ante la Cámara de Casación. Se trata de la situación procesal de Macri y de los ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Los encargados de analizar la cuestión serán los jueces Yacobucci, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky.
El submarino ARA San Juan implosionó a las 10:55 del 15 de noviembre de 2017, luego de que -según la hipótesis que maneja la Justicia- una explosión en uno de sus bancos de baterías dejara a la tripulación incapacitada para poder maniobrar la nave para llevarla a la superficie. Esa fue la información que surgió más de un año después de aquel día, pero por entonces sólo se tuvo conocimiento de la desaparición de la nave tras días sin dar señales ni ser registrado por los radares. Los 44 tripulantes murieron. Durante un año, los familiares de las víctimas llevaron adelante marchas y movilizaciones exigiendo respuestas.
En ese marco es que apareció la denuncia que involucró al ex mandatario. La acusación implicaba haber espiado a los familiares de las víctimas del ARA San Juan a través de fotos, búsquedas en redes sociales, seguimientos e infiltraciones en marchas, cuando ese grupo pedía ayuda para encontrar a sus seres queridos, perdidos en el fondo del mar. Para la Cámara Federal, el delito no existió: a su criterio, las diligencias guardaban relación con la seguridad del presidente y descartaron la hipótesis que había llegado desde Dolores diciendo que se trató de tareas de “inteligencia ilegal” que buscaban controlar las protesta e influir en la opinión pública.
El caso
La causa se inició por impulso de la ex directora de la AFI Cristina Camaño y aterrizó en el juzgado federal de Dolores, donde se unió a los expedientes contra el falso abogado Marcelo D’Alessio y el supuesto espionaje a las llamadas bases AMBA que funcionaron durante el gobierno de Mauricio Macri.
En octubre de 2021, en medio de la campaña legislativa, Macri fue llamado a indagatoria, la primera causa por la que tuvo que enfrentar un juzgado después de haber dejado el sillón de Rivadavia al que, no obstante, había llegado procesado por la llamada causa de las escuchas, en la que terminó sobreseído. Macri negó las acusaciones y acusó al juez de ser funcional al oficialismo.
En diciembre del 2021, el juez de Dolores Martín Bava lo procesó diciendo que el entonces jefe de Estado había ordenado espiar a los familiares de las víctimas, en busca “influir en la situación política e institucional del país, y en especial en la opinión pública y la gestión política del gobierno de ese momento”. Pero Casación ordenó a fines de ese año que la causa dejara el juzgado de Dolores y pasara a Comodoro Py 2002. Lo hizo en el marco de un planteo en la causa D’Alessio, pero que selló la suerte del resto de los expedientes que estaban atadas a ella. El caso quedó en manos del juez Julián Ercolini. La Cámara Federal porteña se encargó de analizar la decisión de Bava.
El 15 de julio del 2022, los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi revocaron ese fallo y ordenaron el sobreseimiento de los involucrados. Entendieron que no había habido espionaje ilegal y que las diligencias estaban justificadas en la seguridad presidencial. “Los informes referenciados se advierten a simple vista como observaciones de campo absolutamente superficiales, que en ningún momento afectaron la vida privada de particulares”, se sostuvo.
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Tanto los querellantes como el Ministerio Público apelaron. Las víctimas porque insistieron en que Macri debía quedar procesado y enfrentar un juicio oral. La fiscalía porque entendió que se debía haber anulado el fallo de Dolores y haber llamado nuevamente a Macri a indagatoria precisándole su acusación, algo que no había sucedido previamente. Con estos recursos, llegaron hasta la Cámara de Casación.
El juez Carlos Mahíques convocó a audiencia para escuchar a las partes a fin del año pasado, pero la audiencia quedó suspendida cuando familiares recusaron al juez. Más tarde, fue sorteado el juez Alejandro Slokar, que fue recusado por la defensa de los ex funcionarios. Un nuevo sorteo determinó que Borinsky fuera el nuevo integrante del tribunal. También se intentaron cuestionamientos pero quedaron rechazados.
Hoy, al reanudarse la actividad judicial tras la feria de invierno, se convocó a la audiencia para el próximo 30 de agosto a las 10 de la mañana. No solo opinarán, ya sea por escrito u oralmente, las defensas, las querellas y la fiscalía. Hace unas semanas, Casación también admitió como “amicus curiae” al CELS y al jurista Alberto Binder en esta causa.
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