La segunda jornada del juicio oral contra el suspendido juez federal de Mendoza Walter Bento tuvo un momento inesperado. Uno de los acusados, Juan Ignacio Aliaga, hijo de un despachante de aduanas asesinado en 2020, tomó el micrófono y denunció una amenaza en su contra. “Ayer recibí una amenaza de Alba cuando iba a tomarme un café”, lanzó. Se refería a Jaime Alba, uno de los principales acusados.
Aliaga no dio más detalles. La presidenta del tribunal, Gretel Diamante, lo interrumpió y le dijo que si tenía una denuncia debía presentarla ante la Fiscalía.
El receptor de esa supuesta amenaza está acusado por el delito de falso testimonio y su defensa llegó hasta la Cámara de Casación para intentar que su caso tramite en un debate separado al de Bento, pero finalmente es parte del mismo juicio.
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La acusación contra Bento es por varios delitos, entre ellos coimas, lavado de activos y enriquecimiento ilícito hasta violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio.
Según la fiscalía, el juez otorgaba beneficios procesales —desvinculaciones o morigeraciones en el marco de un proceso— a cambio de sobornos que consistían —entre otras prestaciones— en pagos de sumas de dinero, generalmente en dólares.
Pero Bento no habría operado solo. De acuerdo a la acusación, él articulaba el manejo de las dádivas con la asistencia de los abogados Luciano Edgardo Ortego y Jaime Andrés Alba, junto con el fallecido Diego Aliaga —padre de Juan Ignacio—, con quienes gestionaba para concretar los beneficios procesales ilícitos a los distintos procesados. Entre ellos se encontraban personas procesadas por contrabando y narcotráfico, todos delitos federales en cuyas causas intervenía el juez de Mendoza. De la organización también participaban los abogados Martín Ríos y Alejandro Aramayo, encargados de asistir a Ortego y Alba. Por su parte, Walter Eduardo Bardinella Donoso se presentaba como el nexo con el mundo del crimen y el proveedor de los posibles “clientes a beneficiar”, en tanto que el comisario José Gabriel Moschetti brindaba un canal de información y cobertura en el ámbito policial.
El juicio comenzó este miércoles con la lectura de la acusación por parte del tribunal. Se espera que ese trámite lleve varias audiencias. Por ese motivo, este jueves, el abogado de Bento, Mariano Fragueiro Frías, pidió que se acelere la lectura. “Sería oportuno avanzar al juicio, que el fiscal seleccione qué quiere que se lea y librarnos, porque no estamos cómodos a veces”, afirmó el letrado.
Sin embargo, la presidenta del tribunal resolvió finalmente que se continuará con una lectura abreviada. “Vamos a omitir dos autos de elevación a juicio y en una de esas en la quinta jornada terminaríamos, y en la sexta se comenzaría con el debate”, dijo.
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El 31 de mayo pasado el Consejo suspendió en el cargo y envió a Bento a juicio político. El caso pasó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación Allí se definirá si el juez es destituido o si se rechaza la acusación y vuelve al cargo.
El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por siete miembros que son elegidos por sorteo para un determinado período, por lo que quienes intervendrán en el caso de Bento están designados desde antes que el juez pase a jury. Los integrantes son los jueces Javier de la Fuente y Javier Leal de Ibarra ; los senadores Daniel Bensusán (del Frente de Todos) y José Torello (del PRO y ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri); las diputadas Anahí Costa (del Frente de Todos) y Ana Romero (del PRO); y el abogado Alfredo Barrau.
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