Con la lectura de la acusación empezó el juicio oral al juez de Mendoza Walter Bento

El suspendido juez federal de Mendoza Walter Bento comenzó hoy a se juzgado por ser el presunto jefe de una asociación ilícita que desde su juzgado cobraba coimas para beneficiar a acusados. Junto a Bento están imputadas otras 28 personas, entre ellas la esposa y dos hijos del magistrado que además deberá afrontar un juicio político en el que se definirá si es destituido.

El proceso comenzó a las 9 de la mañana a cargo del Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza, integrado para este caso con las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá. Las dos primeras son de San Luis y la última de San Juan. Eso ocurrió porque los jueces de Mendoza se excusaron de intervenir por su relación con Bento, quien estuvo presente en la audiencia junto a sus abogados Mariano Fragueiro Frías y Gustavo Gazali.

En diálogo con Infobae, Fraguerio Frías adelanto que Bento va a declarar. “Cuando sea su momento, porque habrá varias audiencias de lectura de la imputación, Bento va a declarar y a contestar todas las preguntas que se le hagan. Va a ser importante escuchar lo que digan los testigos”, sostuvo. El abogado también lo representará en el juicio político y tomó su defensa hace pocas semanas luego de la renuncia de su anterior letrado, Mariano Cuneo Libarona. Fragueiro Frías es un reconocido abogado penalista que viene de participar en el juicio oral por la oba pública a la vicepresidenta de la Nación Cristina Kichner y defendió a uno de los absueltos del proceso.

El juicio comenzó con la lectura de la acusación por parte del tribunal. Se espera que ese trámite lleve toda la audiencia de hoy y también las de mañana y el viernes y toda la semana que viene. Los días de juicio serán los miércoles, jueves y viernes y está previsto que declaren 750 testigos.

Sobre Bento pesan pedidos de prisión preventiva que no se pueden cumplir porque, a pesar de la suspensión en el cargo, mantiene los fueros de inmunidad de arresto. De hecho, si hoy no se presentaba en la audiencia no podía ser llevado por la fuerza pública.

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La acusación del caso es por varios delitos, entre ellos coimas, lavado de activos y enriquecimiento ilícito hasta violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio.

La acusación está a cargo de la fiscal María Gloria André y de su colega que investigó en instrucción, Dante Vega. Según la fiscalía, el juez otorgaba beneficios procesales —desvinculaciones o morigeraciones en el marco de un proceso— a cambio de sobornos que consistían —entre otras prestaciones— en pagos de sumas de dinero, generalmente en dólares. Pero Bento no habría operado solo.

De acuerdo a la acusación, él articulaba el manejo de las dádivas con la asistencia de los abogados Luciano Edgardo Ortego y Jaime Andrés Alba, junto con el fallecido Diego Aliaga —padre de Juan Ignacio—, con quienes gestionaba para concretar los beneficios procesales ilícitos a los distintos procesados. Entre ellos se encontraban personas procesadas por contrabando y narcotráfico, todos delitos federales en cuyas causas intervenía el juez de Mendoza. De la organización también participaban los abogados Martín Ríos y Alejandro Aramayo, encargados de asistir a Ortego y Alba. Por su parte Walter Eduardo Bardinella Donoso se presentaba como el nexo con el mundo del crimen y el proveedor de los posibles “clientes a beneficiar”, en tanto que el comisario José Gabriel Moschetti brindaba un canal de información y cobertura en el ámbito policial.

Una de las pruebas clave son mensajes escrito y de audios encontrados en celulares secuestrados en los que se hacía referencia a Bento como “juez”, “número 1″ o el “gran jefe”.

“Todo lo que se ha dicho en mi contra es mentira”, dijo Bento en el Consejo de la Magistratura cuando se presentó para defenderse en el expediente político por mal desempeño. “La causa por la que estoy aquí sentado se construyó con la declaración de personas procesadas, detenidas o exoneradas de las fuerzas de seguridad por mi”, dijo y señaló que lo que declararon los testigos no se corroboró en ninguna prueba. Y en el expediente afirmó: “Sólo se ha acreditado, y con cierta provisoriedad y falta de certeza, que el vivo de Aliaga u otros pedían dinero”.

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El 31 de mayo pasado el Consejo suspendió en el cargo y envió a Bento a juicio político. El caso pasó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación Allí se definirá si el juez es destituido o si se rechaza la acusación y vuelve al cargo.

El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por siete miembros que son elegidos por sorteo para un determinado período, por lo que quienes intervendrán en el caso de Bento están designados desde antes que el juez pase a jury. Los integrantes son los jueces Javier de la Fuente y Javier Leal de Ibarra ; los senadores Daniel Bensusán (del Frente de Todos) y José Torello (del PRO y ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri); las diputadas Anahí Costa (del Frente de Todos) y Ana Romero (del PRO); y el abogado Alfredo Barrau.

La Constitución Nacional establece que el Jurado tiene 180 días hábiles para hacer el juicio desde que recibe la causa. Ese plazo vence a fines de noviembre. El Jurado ya recibió los pedidos de prueba que las partes quieren exponer en el juicio y se prevé que tras la feria judicial de invierno, que culmina el viernes, se conozca la fecha de inicio del proceso.

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