Patricia Bullrich denunció al ministro de Justicia por persecución ideológica luego de que la IGJ interviniera su fundación

Patricia Bullrich reaccionó en los tribunales tras la decisión oficial de intervenir el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil, que preside. A la denuncia que ya habían radicado contra el titular de la Inspección General de Justicia Ricardo Nissen, se le sumó un acusado: el Ministro de Justicia Martin Soria. “Los funcionarios denunciados persiguen a las entidades de los opositores pero beneficia a las entidades de ex clientes e incluso a sus propias fundaciones”, sostuvo.

En un escrito al que accedió Infobae, la abogada Silvina Martínez, constituida en representante de la fundación, sostuvo ante el juez Ariel Lijo, que tiene en sus manos la causa, que “lo que se busca es controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que no sean afines al Gobierno Kirchnerista”.

Ayer, miércoles, el Ministerio de Justicia anunció la intervención por 180 días hábiles del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), que se dedica a estudiar modelos de gestión en temas de seguridad a nivel nacional e internacional. De acuerdo con lo que precisó la IGJ, la medida se tomó con el objetivo de “normalizar la situación institucional de la entidad”, luego de que se detectaran “irregularidades contables y el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada a funcionar”.

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La medida generó un cruce entre oficialismo y oposición en medio de un clima político agitado de cara a la campaña presidencial. Desde el entorno de Bullrich se subrayó que “los medios de comunicación fueron informados antes que el Instituto, y la resolución aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial”. Y que Nissen les impidió el acceso a las actuaciones y la notificación de las resoluciones de la IGJ desde que comenzó la investigación.

Tras recordar que Nissen ha dictado una resolución el pasado 10 de abril en un expediente que se inició de oficio a los fines de investigar a la entidad IEES, la denuncia judicial afirmó que “no solo se difunden supuestas irregularidades en el funcionamiento de una entidad civil que preside Patricia Bullrich, sino que se persigue a las personas jurídicas y humanas que resultaron donantes de la entidad o bien asistieron a las distintas actividades que la entidad realizó”. Señaló que “se divulga información sobre el financiamiento de la entidad civil, violando los derechos de asociación y privacidad, criminalizando la actividad asociativa”.

“Parece que para la IGJ el aumento de los ingresos es ilegal o contrario a la finalidad de la entidad. Sabido es que cualquier entidad requiere de recursos para la consecución de sus fines sociales. Todos los requerimientos fueron respondidos en forma acabada y completa por parte de la institución. Y eso es detallado en la resolución de la IGJ cuando menciona que la documentación aportada es voluminosa. Pero, aun así, para la IGJ la entidad es utilizada para realizar acciones no previstas en su objeto social. Menciona el titular de la IGJ que se pone en dudas la real existencia de la actividad educativa y su vinculación con el objeto social por el solo hecho que algunas de las actividades se organizan bajo la forma de seminario, almuerzos o cenas. Como si solo pudieran dictarse charlas en un horario determinado y bajo una modalidad establecida en la cabeza de Ricardo Nissen”, se sostuvo.

Tras señalar que en la propia pagina web de la entidad “puede advertir claramente que el objeto social se vincula con las distintas actividades que son publicadas en los registros de internet”, la denuncia aseguró que la IGJ pretende “no solo teñir de un tinte oscuro a la principal precandidata opositora a presidente en la Argentina sino también perseguir a aquellos que se acercaban a la entidad para participar de sus actividades”

Sobre el proceso en la IGJ, afirmó que “todo se manejó en secreto y en el despacho del inspector General”, y que se les negó el acceso a las actuaciones administrativas, “en una maniobra de ‘armar’ las actuaciones administrativas a antojo y arbitrio de Ricardo Nissen, sacando y poniendo fojas de acuerdo a los intereses del militante kirchnerista”. Se aseguró que en el expediente faltan fojas y que se les violó el derecho de defensa en el marco de la causa que se sigue en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

“Nissen lleva su pedido de intervención al Ministro Soria quien sin más dicta la intervención con desplazamiento de sus autoridades de la asociación civil. Digo ‘lleva’ porque el expte administrativo de IGJ no tiene movimientos desde el 29 de mayo DE 2023 y figura en la Secretaria Privada del Inspector General. Es decir en el escritorio de Nissen quien esta atrinchera con las actuaciones administrativas como un trofeo de guerra. Martin Soria dicta la resolución 742/2023 y designa a la contadora Norma Cristóbal (amiga de Nissen) como interventora, con desplazamiento de autoridades, quien debe efectuar todas las gestiones tendientes a “normalizar” la entidad. No sabemos si debe colocar fotos de Cristina Kirchner y así la entidad estará ‘normalizada’. No se fijan detalle de funciones ni posee facultad el ministerio una decisión de tal gravedad”, se sostuvo.

“Desde el año 2014 que el Ministerio de Justicia no interviene una entidad civil. 9 años!!! Ello porque la ley orgánica de la IGJ (22315) establece que el organismo puede solicitar al Ministerio de Justicia de la Nación la intervención en los siguientes casos:1) si verifica actos graves que importen violación de la ley, del estatuto o del reglamento; 2) si la medida resulta necesaria en resguardo del interés público; 3) si existen irregularidades no subsanables; 4) si no pueden cumplir su objeto. Nada de esto ocurre en el caso”, se añadió.

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