La denuncia contra los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, denunciados por haber llamado “sicarios y asesinos a sueldo” a los médicos que realizaron un aborto legal a una adolescente abusada sexualmente, seguirá abierta en el Consejo de la Magistratura. Aunque había un dictamen para cerrar la denuncia, los consejeros debatieron la cuestión en el plenario y resolvieron que el asunto pase a la Comisión de Disciplina.
Anzoátegui y Rizzi, integrantes de Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Ciudad de Buenos Aires, fueron denunciados por un fallo dictado en septiembre de 2020 cuando se juzgaba a un hombre por homicidio y las violaciones reiteradas de su hermanastra. El Tribunal decidió condenar al acusado a la pena de 35 años de prisión por homicidio simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal de una niña de 13 años, mediante violencia y amenazas, y agravado por haber sido cometido por un hermano y con armas, y reiterado.
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Producto de los abusos, la niña quedó embarazada y pidió interrumpir su embarazo. En el fallo, se pidió investigar a los médicos por haberle realizado un aborto legal a la víctima y los trataron de “sicarios y asesinos a sueldo”. Incluso, Anzoátegui aseguró que “piense lo que piense la Corte Suprema, las personas por nacer son niños” y que “la interpretación de la ley hecha por la Corte en el lamentable precedente F.A.L. es manifiestamente anticonstitucional, anticonvencional y antilegal”.
En su opinión, el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud de la Nación era “un manual de salvajadas inhumanas”. “La niña fue llevada a un hospital público para que estos médicos mataran a su hijo. Un niño sano, sin ninguna patología conocida, cuyo único pecado ha sido ser el fruto de un crimen deleznable (aunque un crimen absolutamente ajeno a él)”, sostuvo.
En su momento, en la comisión de acusación, los ex consejeros Pablo Tonelli y Graciela Camaño, junto a Jimena De la Torre, propusieron cerrar la denuncia para garantizar la “independencia de criterio” de los jueces. En contra votaron la diputada Vanesa Siley, la académica María Fernández Vázquez y el senador Martín Doñate. Como Tonelli era el presidente de la comisión y tenía doble voto, llegó al plenario el tema con la propuesta de desestimación, previo instar a los magistrados denunciados a hacer cursos de capacitación de género.
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Pero la diputada Siley reclamó en el plenario que la denuncia no podía desestimarse. Tras un debate, la propuesta votada fue enviar el caso a la Comisión de Disciplina para que allí se evalúen sanciones a los denunciados.
El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó hoy dos concursos para cubrir 16 vacantes de jueces primera instancia del fuero civil y no hubo acuerdo en otros 22, entre ellos los de los tribunales de Comodoro Py, lo que generó cruces y reproches entre distintos sectores. Todo ocurrió en el plenario del organismo en el que hubo votaciones cruzadas en las que no se alcanzaron los 13 votos necesarios para aprobar los concursos.
Por unanimidad, los 19 consejeros -encabezados por su presidente Horacio Rosatti- aprobaron dos concursos para 16 vacantes en el fuero civil. Ahora las ternas pasarán al Poder Ejecutivo para continuar el trámite. La última vez que el organismo había avanzado en concursos fue en julio del año pasado, luego todo quedó trabado por disputas políticas y por la pelea entre el kirchnerismo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación
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