
La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó la exención de prisión de Sean Lawrence Sullivan, un desarrollador inmobiliario estadounidense imputado en una causa que se desprende del caso Cuadernos por supuestas maniobras de lavado de activos, que permitieron el enriquecimiento del fallecido exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. Además, la Justicia elevó la caución contra el empresario a $985 millones.
Sullivan reapareció luego de permanecer prófugo por más de siete años, desde que se libró la orden de detención el 11 de febrero de 2019. Este año cambió de abogados y se puso a derecho ante los tribunales federales de Comodoro Py. Lo indagaron el mes pasado, por videoconferencia. Dio su versión de los hechos y, a través de su abogado Juan Ignacio Pascual, ofreció medidas de prueba.
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Los investigadores sospechan que colaboró con Muñoz para llevar adelante una inversión hotelera de USD 30 millones en las paradisíacas islas Turks and Caicos, con fondos que provenían de la corrupción en la obra pública. El archipiélago está ubicado cerca del Caribe, a unos 600 kilómetros de la costa de Cuba.

El tribunal consideró que se redujeron los riesgos procesales tras presentarse a declarar en indagatoria y fijar residencia en Park City, Utah, con el compromiso de someterse al proceso y presentarse cada 45 días ante el Consulado argentino en Miami.
Además, modificó parcialmente una resolución del Juzgado Federal N° 11 -hoy subrogado por Ariel Lijo- que le había concedido el beneficio bajo una caución real de $100 millones. Según indicó el fallo, la suma creció casi un 900% para reforzar la sujeción del imputado al expediente, dado que los actos procesales que cumplió se realizaron fuera de la Argentina.
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Los jueces Pablo Daniel Bertuzzi y Pablo Yadarola entendieron que cambió el escenario tras la comparecencia virtual de Sullivan.
En cuanto a la situación internacional del empresario, las autoridades del Departamento de Estado de Estados Unidos comunicaron que no avanzarían con su detención provisional porque no está acusado de un delito extraditable.
El fiscal Carlos Stornelli había apelado la medida al sostener que persistían los peligros de fuga y de entorpecimiento. A su vez, cuestionó que la voluntad de declarar en indagatoria de Sullivan pudiera tomarse como un motivo suficiente para cambiar el criterio de rechazar sus antiguos planteos de exención de prisión, que los tribunales habían mantenido durante años.
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Cabe recordar que la mayor parte de la investigación por presunto lavado de dinero ligado a Daniel Muñoz fue elevada a juicio oral. El Tribunal Oral Federal 7 fijó el inicio del debate para el 9 de abril de 2027 contra Carolina Pochetti y otros 32 acusados.
El único actor de la trama que no había podido ser desvinculado del caso o elevado a juicio era precisamente Sean Lawrence Sullivan, a partir de su condición de prófugo.
El caso
La investigación que conducen el fiscal Stornelli y el juez Lijo apunta a esclarecer a dónde fue a parar el dinero de las coimas que se quedaba el exsecretario de Néstor Kirchner. Según se desprende de la causa Cuadernos, Muñoz era el principal receptor de los bolsos repletos de efectivo que entregaban distintos empresarios.
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La Justicia argentina dispuso el decomiso definitivo en forma anticipada de cuatro parcelas en las que Sullivan iba a desarrollar un complejo hotelero en la isla Providenciales del archipiélago, con fondos que Muñoz canalizó primero a través de la compra de distintas propiedades en Miami y Nueva York.
Los investigadores sospechan que esos terrenos en las islas paradisíacas son de Daniel Muñoz -por eso los decomisaron-, pero el empresario norteamericano lo negó en su reciente declaración ante el juez Lijo. Aseguró que son suyos y que los compró mucho antes de emprender el negocio con el exsecretario presidencial y su esposa, Carolina Pochetti. También sostuvo que el proyecto hotelero nunca se inició y jamás se levantó un ladrillo en las tierras en cuestión, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.
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La inversión de Muñoz y Pochetti llegó a oídos de Sullivan a través del abogado canadiense Peter Michael Karam. El empresario argumentó que no conocía el origen del dinero negro y que, hasta donde sabía, la propuesta no conllevaba ninguna irregularidad.
Además, el desarrollador respaldó su versión de los hechos mostrando que todos los pasos de la inversión quedaron documentados en entidades bancarias y con la firma de escribanos.
Pochetti, viuda del exsecretario de Néstor Kirchner, declaró como arrepentida en 2019 ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo. Allí reconoció que el destino final del dinero de las coimas era el emprendimiento en las islas.
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La inversión fue hecha a través de dos sociedades llamadas Marble Hill y Wood Haven, que están a nombre de un ciudadano mexicano.
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