
La Cámara Federal de Casación dispuso que el falso abogado Marcelo D’Alessio, detenido desde febrero del 2019, deberá seguir bajo prisión preventiva debido a la existencia de riesgos procesales vinculados a la gran cantidad de hechos graves que se le imputan y a sus contactos con “fuentes de poder”. El imputado fue requerido a juicio oral el año pasado por los delitos de asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero en una investigación que involucra a dos ex policías bonaerenses, un ex espía y un fiscal suspendido. En ese marco, su defensa reclamó por su seguridad personal en virtud de las “muertes dudosas” que rodean al expediente, aunque el máximo tribunal penal del país consideró que el tribunal encargado de la causa “se ha hecho cargo de tomar medidas para su debido resguardo”.
D’Alessio está detenido desde el 15 de febrero de 2019 y a la espera del juicio oral en cabeza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8, donde se lo acusa de formar parte de una asociación ilícita dedicada a realizar actividades de investigación, recolección, clasificación, ordenamiento y almacenamiento y análisis de información vinculada a personas, causas judiciales e integrantes de los medios masivos de comunicación. También se le endilgan los delitos de extorsión, tráfico de influencias y lavado de dinero en una causa demorada por su “voluminosidad”.
El expediente involucra no sólo a D’Alessio sino a los ex policías Ricardo Oscar Bogoliuk y Norberto Aníbal Degastaldi, al ex agente de inteligencia Rolando Hugo Barreiro, al fiscal -suspendido- de Mercedes Juan Ignacio Bidone y quien fuera el custodio del falso abogado, Eduardo Ariel Menchi. Todos están acusados de integrar una banda delictiva que incurría en espionaje desde al menos el año 2016 hasta el mes de febrero de 2019. A su vez, en el debate se ventilarán los vínculos de D’Alessio con periodistas, fiscales y jueces, además de la llamada “operación Fantino” o las tareas de contrainteligencia sobre la fallecida Natacha Jaitt, a quien habría intentado neutralizar luego de que ella acusara a distintas personalidades mediáticas de estar vinculadas a casos de abusos sexual y pedofilia sufridos por jugadores de la reserva del Club Atlético Independiente.
En ese contexto, la defensa del falso abogado solicitó su detención domiciliaria por considerar que corría riesgo su integridad física pero el tribunal oral decidió rechazarlo. En esa solicitud mencionó las “muertes dudosas” de dos coimputados en el expediente como Eduardo Ariel Menchi y Carlos Alberto Liñani. También hizo mención del fallecimiento de Natacha Jaitt. En ese marco interpuso un recurso de casación que recayó en la Sala II de la Casación Federal, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Gustavo Hornos.
El juez Yacobucci fue el primer en emitir su voto y dijo: “En las particulares circunstancias del caso, estimo que corresponde confirmar la resolución recurrida. Ello en tanto el tribunal fundó la existencia de riesgos procesales en función, por un lado, de la gran cantidad de hechos imputados y la gravedad que revisten los mismos y, por el otro, los recursos materiales y los contactos con ‘fuentes de poder’”.
Respecto al riesgo en la seguridad personal alegada por la defensa al momento de fundar su pedido, el juez consideró que “nada permite indicar que D´Alessio será mejor resguardado en su domicilio particular que en un establecimiento penitenciario” y observó que el tribunal oral ya “se ha hecho cargo de tomar medidas para su debido resguardo”.

A su turno tomó la palabra su colega Ledesma, quien manifestó que “La subsistencia de riesgos procesales acreditados por los acusadores en el caso concreto, y valorados por el tribunal, así como la ausencia de elementos respaldatorios de los argumentos de la defensa sobre la seguridad del imputado, me conducen a rechazar el planteo de arresto domiciliario incoado por la asistencia técnica de Marcelo Sebastián D’Alessio”.
Luego intervino el juez Hornos, que coincidió con los fundamentos expuestos en el primer voto y expresó: “Resulta necesario recalcar que existen datos reales, concretos y objetivos que permiten aseverar que por medio de sus conexiones ligadas a la posición que detentaba en la compleja organización criminal, podría fácilmente perjudicar la investigación. En efecto, se presenta razonable evaluar que por medio de la asociación ilícita investigada el encausado podría obtener los medios materiales y económicos, y la cobertura necesaria para eludir el accionar de la justicia”.
Los tres magistrados de la Sala II exhortaron al tribunal oral a que tome los recaudos y las medidas necesarias para acelerar el trámite de la causa y que se fije audiencia de debate para no dilatar más el proceso que aguarda su juicio desde el año pasado. Ya en en agosto del 2021 el Tribunal Oral Federal 2 había condenado a cuatro años de prisión a D’Alessio por considerarlo autor de extorsiones en una causa que investigó la mafia de los contenedores.
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