La Cámara Nacional Electoral aprobó una acordada extraordinaria para que todos los tribunales federales del país le informen si tramitan causas penales por narcotráfico “en los que se encuentren involucradas autoridades de un partido político, sus apoderados, candidatos o funcionarios públicos electos”.
La decisión de los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas es para reforzar los controles sobre el financiamiento del narcotráfico y el crimen organizado en la política, principalmente en las campañas electorales. El tema ya había sido alertado por el tribunal hace un mes en una reunión que mantuvieron con los partidos políticos nacionales.
“Dirigirse a las Cámaras Federales de la Capital Federal y del interior del país y a los Tribunales Superiores de Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -a efectos de dar cumplimiento con la obligación asumida por el Estado Argentino para la detección, prevención, juzgamiento y delitos relacionados con el narcotráfico-, solicitando que en la medida en que la situación procesal de los casos lo habilite, tengan a bien arbitrar los medios para que se informe a esta Cámara de la existencia de procesos penales vinculados con dichos delitos, en los que se encuentren involucradas autoridades de un partido político, sus apoderados, candidatos o funcionarios públicos electos”, dice la acordada extraordinaria 45 que firmaron los camaristas y a la que accedió Infobae.
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También invitaron a los poderes ejecutivos de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires “a coordinar esfuerzos para la prevención, detección y sanción de maniobras dirigidas a la aplicación de fondos provenientes del narcotráfico en el financiamiento de las actividades de los partidos políticos y sus campañas electorales”.
Los jueces de la Cámara Electoral explicitaron en la resolución un tema sobre el que vienen insistiendo hace un tiempo: la posibilidad cierta y concreta de que el narcotráfico se involucre en la política, sobre todo en los años electorales y para cargos locales más que los nacionales. La influencia sobre el territorio -concejales, intendentes- es de mayor importancia para el crimen organizado que los cargos nacionales.
“Que el grado de sofisticación con el que opera el crimen organizado obliga al Poder Legislativo a una actualización frecuente de las normas, para adecuarlas a las nuevas formas de criminalidad. Del mismo modo, exige que la justicia nacional electoral cuente con herramientas e información adecuadas para detectar, prevenir y sancionar el eventual financiamiento de actividades partidarias y de campañas electorales, provenientes de actividades delictivas”, destacó la Cámara en su acordada en la que venía trabajando desde principio de año.
El tribunal volvió a insistir, como había hecho en la reunión con los partidos políticos, que no todas las provincias tienen leyes o normas de rendición de cuentas de los gastos de campaña. “La experiencia comparada indica que los intentos del narcotráfico para influir -con el financiamiento de campañas- en los comicios para cubrir cargos públicos electivos, suele presentar más riesgos cuando se trata de cargos locales -con algún control territorial- y que, por otra parte, aunque muchos regímenes provinciales cuentan con alguna previsión legal para la presentación de rendiciones de cuentas partidarias, suelen tratarse de exigencias de carácter formal, sin mecanismos adecuados para su efectiva auditoría y fiscalización”, señalaron.
Hace un mes la Cámara tuvo su primera reunión del año con representantes de 30 partidos políticos nacionales. Se trataron varios puntos y uno fue el control sobre el financiamiento de las campañas y el alerta sobre el narcotráfico.
La Cámara tiene un cuerpo de auditores que analiza los balances que para cada elección presentan las agrupaciones. Pero solo puede hacerlo para los gastos de las categorías nacionales, como presidente, diputado y senador. Así se lo permite la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos.
Pero no tiene facultad para auditar las cuentas de las campañas ya que eso corresponde a cada jurisdicción. Pero en todo el país son pocas las provincias que tienen normas para controlar los fondos de campaña. Sí la poseen la provincia y la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Salta. Pero en las restantes, o no hay, o son regulaciones muy laxas.
Ante esa situación, la Cámara señaló que, para la elección 2023, buscará un mayor control. Lo hará a través de los balances que los partidos políticos nacionales presenten y den cuenta de aportes a sus filiales provinciales. Esa es la llave para entrar.
Con la acordada dictada hoy buscará reforzar los controles a través de las causas judiciales en las que políticos puedan estar involucrados en causas de narcotráfico.
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