La causa penal por los fondos de la coparticipación se activó en los últimos días a partir de una serie de medidas de prueba que impulsó el fiscal federal Ramiro González, quien tiene delegada la denuncia presentada por el Gobierno porteño contra los funcionarios nacionales que incumplieron el fallo de la Corte Suprema.
El viernes, el Banco Ciudad respondió un pedido de informes del fiscal y detalló cada una de las transferencias que se realizaron desde el 22 de diciembre en una cuenta específica destinada a la coparticipación. La deuda, desde entonces, alcanza los $45 mil millones, según pudo saber Infobae de fuentes oficiales. Eso corresponde a la diferencia entre el 1,40% que paga Nación y el 2,95% que dispuso el Máximo Tribunal.
El 27 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad presentó una denuncia penal por el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Aquella presentación no nombraba a los funcionarios, que debían ser imputados, pero apuntó contra Alberto Fernández, Sergio Massa, Eduardo “Wado” De Pedro y Silvina Batakis, entre otros.
“Contra los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, incluyendo a quienes forman parte del Ministerio de Economía y del Ministerio del Interior que han sido notificados de la resolución judicial, y a los integrantes del Directorio del Banco de la Nación Argentina y demás funcionarios de la línea de dicha entidad bancaria. En su carácter de agente de transferencia y pago de los fondos de la coparticipación, y/o quienes en definitiva resulten responsables de los hechos que se expondrán”, planteaba la denuncia.
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La denuncia fue delegada en el fiscal federal Ramiro González, que ya ordenó varias medidas de prueba. Según pudo saber Infobae, le pidió informes a la Corte Suprema, al Banco Central y por último al Banco Ciudad, donde se depositan los fondos de la coparticipación. “La respuesta se envió el viernes, son varias planillas de Excel con un detalle de las transferencias que hizo el Banco Nación desde el 22 de diciembre”, apuntó una fuente oficial.
La deuda, desde el fallo de la Corte, se incrementó en otros $45 mil millones, aunque la respuesta del Banco Ciudad solo describe las transferencias y los montos. “Se reciben unos $500 millones por día, en promedio, y deberían ingresar $1100 millones”, apuntó un funcionario porteño.
Al margen de la denuncia penal, la Ciudad sigue esperando una respuesta de la Corte por el incumplimiento del fallo de diciembre. Tras la feria judicial de enero, el Gobierno porteño no hizo nuevas presentaciones. Está pendiente la recusación del gobierno nacional contra los cuatro ministros de la Corte Suprema y un pedido de revocatoria del fallo que le dio la razón al gobierno de Horacio Rodriguez Larreta.
Antes de la feria, en el último día hábil del año, los abogados de la Ciudad, comandados por el procurador Gabriel Astarloa, objetaron la propuesta del gobierno de Alberto Fernández de afrontar el fallo con bonos del tesoro TX31. Sin embargo, la semana pasada el Ministerio de Economía oficializó que buscará pagar la deuda a través de los intereses generados por bonos atados a la inflación.
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En medio de los tironeos por los fondos, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que enviará un proyecto de ley a la Legislatura para eliminar “inmediatamente” el impuesto a las tarjetas de crédito, que se viene aplicando desde que comenzó la disputa entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables.
“No vemos perspectiva que el Gobierno nacional cumpla (con el fallo). Esto se ratificó en el discurso del Presidente en el Congreso. Ahí me quedó claro que no va a acatar el fallo”, aseguró el jefe de Gobierno.
Según informó el gobierno porteño, desde septiembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022, la Ciudad de Buenos Aires dejó de percibir $252.000 millones, lo que equivale al 12% de su presupuesto total. Por eso, la Ciudad aplicó el “impuesto a los sellos”, que se aplica sobre los saldos de los resúmenes a las tarjetas de créditos emitidas en la CABA.
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