La disputa en torno a la conducción del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras sigue abierta después de que venciera el plazo establecido por el Congreso Nacional, sin que los partidos alcanzaran un acuerdo para modificar o ampliar la normativa vigente.
La diputada del Partido Nacional Merary Díaz explicó que el decreto aprobado por el Congreso establecía el 11 de septiembre de 2026 como fecha de vencimiento, pero también contemplaba un mecanismo para evitar que los consejeros quedaran automáticamente fuera de sus funciones si los legisladores no lograban consenso para modificar o ampliar la norma.
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Según la legisladora, mientras el Congreso no apruebe una reforma o ampliación, los actuales integrantes del CNE podrán continuar en sus puestos. Los tres consejeros que reemplazaron a Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa —Aixa Zelaya, Eduardo Fuentes y Carlos Cardona— permanecerán en funciones por efecto de esa cláusula de continuidad.
La disposición busca evitar un vacío institucional mientras las fuerzas políticas negocian una eventual ampliación del decreto o una nueva fórmula para definir la continuidad de los funcionarios electorales. Díaz precisó que Zelaya, en representación del Partido Liberal, junto con Fuentes y Cardona, permanecerán en el CNE mientras el Congreso no alcance un acuerdo distinto.
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La continuidad de los consejeros se produce en medio de la falta de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo. Para modificar o ampliar el decreto se requiere una mayoría que hasta ahora no se ha concretado.
Sin poder de decisión
Díaz señaló que el escenario se mantendrá mientras los partidos buscan los consensos necesarios para aprobar una nueva disposición. Pese a que la fecha establecida originalmente llegó a su fin, los tres consejeros no saldrán de inmediato de sus cargos: el mecanismo contemplado en el decreto permite mantener la continuidad de las autoridades durante la negociación política.
Díaz explicó que la normativa establece una distinción respecto a las actividades que podrán desarrollar los consejeros mientras no exista una ampliación formal del decreto. Según la legisladora, sus actuaciones estarán principalmente vinculadas con asuntos administrativos y no necesariamente con decisiones de carácter electoral.
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La disposición busca mantener en funcionamiento la estructura institucional del CNE, pero al mismo tiempo fija límites mientras se resuelve la situación jurídica y política de los actuales consejeros.
El Congreso deberá alcanzar un consenso
El paso siguiente depende de la capacidad de las diferentes fuerzas políticas para reunir los votos necesarios y modificar la situación actual.
La discusión adquiere relevancia por el papel del CNE, organismo encargado de la organización y administración de los procesos electorales en Honduras y cualquier modificación en la composición o en las atribuciones de sus autoridades requiere un acuerdo político que garantice la continuidad de sus funciones.
La fecha del 11 de septiembre no significó la salida inmediata de los consejeros, sino la apertura de un nuevo período de negociación en el Congreso Nacional para definir si se amplía formalmente el decreto o se establece otro mecanismo para resolver la situación del organismo electoral. De momento el Congreso Nacional mantiene pendiente conocer los alcances políticos.
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